Luis García Miró Elguera – Diario expreso
No existe engaño más costoso ni afrenta más grave contra el ciudadano peruano que la perpetrada por quienes, investidos de autoridad, debieron defender los intereses del Estado y, sin embargo, terminaron entregándolo. La actuación de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez —elevados durante años a la categoría de héroes nacionales por El Comercio, entre otros medios— constituye, desde nuestra perspectiva, una de las mayores estafas políticas y judiciales de nuestra historia reciente. No solo engañaron a un gobierno o a un partido, sino engañaron al país entero, permitiendo que Odebrecht, responsable de un desfalco estimado en alrededor de US$10 000 millones, escapara en la práctica indemne.
Durante media década, diversos sectores denunciaron la existencia de una red de poder articulada alrededor de la llamada “mafia caviar”, con Gustavo Gorriti como figura central. Su influencia —política, mediática y judicial— se proyectó sobre el Ministerio Público, convirtiéndose en escudo protector de los fiscales Vela y Pérez, y en facilitador de los intereses de Odebrecht en los tribunales. La narrativa oficial los presentaba como luchadores anticorrupción; la realidad, sin embargo, muestra que actuaron como operadores de un acuerdo que terminó beneficiando escandalosamente a la empresa que mayor daño económico ha causado al Perú en su historia republicana.
El llamado “acuerdo de colaboración eficaz” fue el punto culminante de esta operación. Bajo el pretexto de obtener información, Vela y Pérez firmaron un pacto “a nombre de la nación” que condonó prácticamente la totalidad del daño económico causado por Odebrecht. Mientras el país calculaba pérdidas multimillonarias sobre los US$10 000 millones, los fiscales aceptaron una reparación civil de apenas 610 millones de soles, pagaderos en veinte años y sin intereses. Cifra irrisoria frente al tamaño del perjuicio. Una burla para el Estado. Un triunfo para Odebrecht y para su representante en el Perú, José Graña Miró Quesada.
La lista de obras sobrevaloradas, contratos amañados y sobornos sistemáticos permanece hoy dispersa en los laberintos del Poder Judicial. No por falta de pruebas, sino por la habilidad con la que se maniobró para dilatar, fragmentar o enterrar expedientes. Las decisiones de Vela y Pérez no solo favorecieron a Odebrecht; también beneficiaron a actores locales vinculados a la empresa, entre ellos —repetimos— Graña Miró Quesada y, consecuentemente, El Comercio, figuras empresariales que, en nuestra opinión, se vieron protegidas y beneficiadas a la vez por el mismo entramado.
En paralelo, los fiscales buscaron blindarse ante lo que sabían sería un inevitable proceso de rendición de cuentas. La obtención de una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —presentada como un acto de protección— aparece aquí como una jugarreta preventiva frente a la responsabilidad que el Estado peruano les exija por la gigantesca estafa al país que facilitó su actuación.
Así, mientras Odebrecht se retiró del Perú con un costo mínimo, el Perú se quedó con deudas, obras inconclusas, corrupción enquistada y la traición como trasfondo. La justicia peruana fue utilizada como herramienta para consumar una de las operaciones más lesivas contra el Estado. No permitamos que semejante oprobio se diluya.
