Por: Jindley Vargas
La revelación de la saga de los «come cemento» en los jirones Salamanca y Santa Ana encendió una mecha inaguantable, pero el escándalo en el Jr. Miraflores Cdra. 01 y Psje. Los Ángeles Cdra. 01 (CUI N.° 2704541) supera todo límite: a pesar de que esta obra se ejecuta por Administración Directa con un presupuesto estatal de S/ 1,024,943.10 (financiado con Foncomun, impuestos y RDR), el municipio aplicó el mismo perverso manual de coacción y esquilmó a los vecinos S/ 37,840.70 en cuotas de hasta S/ 890 y dinero de polladas bajo la amenaza de que «si no pagaban, su cuadra no se hacía»
Para colmo, la ejecución en cancha muestra trabajos con piedra simple de pésima calidad, lo que provocó la reacción inmediata del vecindario para sumarse masivamente a las denuncias que viene recibiendo el Frente de Defensa de los Intereses de Chachapoyas (FREDDICH).
El cinismo roza la ilegalidad penal al costado del cementerio: la Beneficencia de Chachapoyas a cargo de la designada a dedo, Lic. Gledis Mirano Mazuelos quien envía cartas notariales para acallar la fiscalización ciudadana, habría «donando» decenas de bolsas de cemento para la obra. Resulta una burla que, violando el Decreto Legislativo N.° 1411 que exige proteger a poblaciones vulnerables, la ayuda social se mida en metros cúbicos de concreto. ¿O es que la Beneficencia opera como la «lavandería» donde el cemento esquilmado a otros barrios reaparece «donado» para tapar balances chuecos?
Para rematar el «sancocho» contable, no faltó una comparsa de incautos: por un lado, la Diócesis de Chachapoyas, que se dejó birlar S/ 1,035.00 en cemento; y por el otro, candidatos locales como José Chapa, Jaime Reyna y Víctor Santillán, quienes, creyendo hacer campaña o proyección social, terminaron prestando su nombre, sus compras y su bolsillo para convalidar la mañosería municipal en una obra que ya tenía más de S/ 1,024,000.00 garantizados por el Estado.
Ante la contundencia de las pruebas y la pésima calidad técnica de los trabajos, los comunicados de emergencia y los shows para convencer a los afectados de firmar «actas de donación» quedan reducidos a cenizas. El Órgano de Control Institucional (OCI) no puede seguir mirando esto por retacitos: exigimos una auditoría de oficio e integral a esta obra, acompañada de un peritaje técnico de ingeniería que cuantifique la deficiente ejecución y sustente la devolución inmediata del dinero a los vecinos.
Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios debe intervenir de inmediato por presunta concusión, negociación incompatible, peculado y falsedad documental. Ningún «arreglo compensatorio» posterior borra el delito. Y a la comisión de regidores: dejen de jugar a ser comparsas, exijan de una vez los expedientes, kárdex y cuadernos de obra, o asuman su inevitable complicidad política ante la historia.
Los ciudadanos no regalaron dinero ni cemento por amor a la mezcla; lo entregaron acorralados por el miedo al abandono de sus calles. La farsa se terminó. La municipalidad tendrá que responder por las fallas en la obra y devolver hasta el último sol arrebatados a las familias de Los Ángeles y Miraflores, porque el pueblo de Chachapoyas se respeta y la dignidad de una ciudad jamás se liquida al final de la obra.
