Condorcanqui, Amazonas. El apu Romer Orrego Ikam, uno de los defensores indígenas más jóvenes de la Amazonía peruana, denunció ante la comunidad internacional la decisión del Ministerio Público de desarticular la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los distritos de Santiago, El Cenepa y Condorcanqui, territorios mayoritariamente awajún y wampis.
Orrego advirtió que esta medida representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos, al debilitar el acceso a la justicia y exponer a mujeres, niñas, niños y adolescentes a mayores riesgos, en una zona históricamente golpeada por la violencia estructural, el abandono del Estado y la impunidad.
“Retirar fiscalías es negar justicia”
El líder awajún sostuvo que la decisión fiscal no puede considerarse un acto meramente administrativo. “En zonas indígenas, rurales y de frontera como Condorcanqui, donde existen barreras geográficas, culturales, lingüísticas y económicas, retirar fiscalías especializadas equivale a negar justicia, perpetuar la violencia y fortalecer la impunidad. Es una acción que pone vidas en riesgo”, enfatizó.
Orrego, quien inició su activismo a los 20 años impulsando espacios educativos seguros para niñas y niños, recordó que la violencia sexual en comunidades indígenas es una realidad persistente que muchas veces queda impune. “Hay mucha violencia sexual y casi nunca se sanciona. Por eso buscamos crear espacios comunitarios donde estos temas se enfrenten de manera directa”, señaló.
Alerta a organismos internacionales
Ante la gravedad del caso, el apu awajún informó que ha alertado formalmente a la Organización de las Naciones Unidas y a diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, entre ellos la ONU, la ACNUDH, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, el Comité CEDAW y la CIDH.
Según explicó, la decisión del Ministerio Público contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT.
Exigen revertir la medida
El dirigente indígena demandó la reversión inmediata de la decisión y la garantía de permanencia y fortalecimiento de los mecanismos especializados de justicia en territorios indígenas. “El silencio institucional frente a esta situación sería una forma de complicidad. La justicia no puede centralizarse ni retirarse de los pueblos más vulnerables”, remarcó.
Finalmente, desde Condorcanqui, Orrego exigió que el Perú cumpla sus compromisos internacionales y que la protección de las mujeres y familias indígenas no sea sacrificada por decisiones burocráticas ajenas a la realidad territorial. “Los derechos humanos no son un favor del Estado, son una obligación”, sentenció.
