En el Perú, los primeros cien días de gobierno revelan una debilidad persistente: la incapacidad de convertir el poder político en instituciones eficaces, estabilidad democrática y resultados concretos para la ciudadanía.
Por Jorge Céliz Kuong – Expreso
En el Perú, los primeros cien días de gobierno revelan una debilidad persistente: la incapacidad de convertir el poder político en instituciones eficaces, estabilidad democrática y resultados concretos para la ciudadanía.
En América Latina, los gobiernos enfrentan una exigencia creciente: ofrecer seguridad, servicios y estabilidad en medio de economías vulnerables y sociedades desconfiadas. En el Perú, esa presión encuentra un Estado que cambia de autoridades con mayor rapidez de la que corrige sus fallas. Los primeros cien días presidenciales revelan, por eso, menos una luna de miel que una prueba de capacidad institucional.
La experiencia reciente ofrece lecciones distintas. El segundo gobierno de Alan García sostuvo la estabilidad macroeconómica, pero el crecimiento no evitó conflictos territoriales. Ollanta Humala llegó con una propuesta de cambio y terminó moderándola, aunque sin resolver la distancia entre expectativas sociales y decisiones económicas. Ambos casos mostraron que la confianza de los mercados es necesaria, pero insuficiente para construir legitimidad.
Pedro Pablo Kuczynski subestimó la fuerza de una oposición parlamentaria dominante. Su experiencia técnica no se tradujo en acuerdos políticos duraderos. Pedro Castillo, en cambio, debilitó la gestión mediante nombramientos cuestionados y una confrontación que culminó con su intento de disolver el Congreso.
Dina Boluarte heredó aquella crisis, pero su respuesta ante las protestas agravó la fractura de confianza entre Lima y numerosas regiones.
La alternancia democrática de julio de 2026 abrió otra oportunidad. Keiko Fujimori asumió la presidencia tras una elección estrecha y con una tarea especialmente delicada: convertir la promesa de orden en resultados compatibles con las libertades constitucionales. Su primer centenar de días está próximo a cumplirse.
El criterio de evaluación no debería ser la intensidad de los anuncios, sino la calidad de las decisiones y su ejecución verificable.
Los datos describen el tamaño del desafío. Según la Defensoría del Pueblo, septiembre cerró con 193 conflictos sociales, de los cuales 144 estaban activos; apenas 59 de estos últimos se encontraban en diálogo.
Puno, Loreto y Áncash concentraban importantes focos de tensión. La cifra advierte que administrar crisis desde la capital no equivale a resolver sus causas.
La inseguridad, la informalidad y las brechas de atención pública tampoco ceden ante discursos de mano dura o promesas presupuestales sin sustento.
Cada cambio ministerial desordena prioridades, retrasa inversiones y debilita la rendición de cuentas. Y cuando la supervivencia política sustituye la planificación, los costos recaen sobre ciudadanos que siguen esperando agua, salud, educación y justicia.
La salida exige una agenda limitada, medible y financiada. Durante los primeros cien días deben establecerse responsables, plazos e indicadores públicos para seguridad ciudadana, atención primaria y proyectos territoriales críticos.
El diálogo preventivo debe acompañarse de decisiones administrativas oportunas; la lucha contra la corrupción, de concursos meritocráticos y controles independientes.
La estabilidad económica debe preservarse sin convertirla en excusa para postergar reformas. Tampoco corresponde confundir autoridad con concentración de poder. Un Ejecutivo eficaz negocia con el Congreso sin someterse a él, respeta los contrapesos y conserva la conducción soberana de sus políticas.
El verdadero éxito de los cien días no consiste en sobrevivir al calendario, sino en dejar instituciones capaces de gobernar cuando desaparezca el entusiasmo inicial.
