Chachapoyas. Un ciudadano con discapacidad física anunció públicamente que se declara en “insurgencia civil”, tras denunciar una cadena de exclusión, indiferencia y silencios institucionales que —según afirma— vulneran de manera directa sus derechos fundamentales, especialmente el derecho al libre tránsito, a la accesibilidad y a la dignidad humana.
El denunciante sostiene que su discapacidad es objetiva y permanente, no sujeta a interpretaciones políticas ni administrativas. Sin embargo, el hábeas corpus que presentó para garantizar su movilidad autónoma mediante su motocicleta adaptada y silla de ruedas fue rechazado por el Poder Judicial, bajo criterios que califica de formalistas, priorizando ordenanzas municipales antes que el enfoque de derechos y el principio de igualdad ante la ley.
“Se ha tratado mi movilidad como un privilegio y no como un derecho habilitante”, señala, advirtiendo que esta decisión convirtió a la justicia constitucional en un muro de indiferencia frente a la realidad de las personas con discapacidad.
Fiscalía y Defensoría bajo cuestionamientos
El ciudadano también cuestiona duramente a la Fiscalía de Derechos Humanos, que archivó la investigación por presunta discriminación alegando “falta de tipicidad”, pese —afirma— a la existencia de tratos y expresiones humillantes, ausencia de accesibilidad y una aplicación acrítica de la ordenanza municipal cuestionada.
A ello se suma el silencio de la Defensoría del Pueblo, institución que, pese a la visibilidad pública del caso, las protestas realizadas y la documentación presentada, no habría emitido pronunciamiento ni acción concreta. Para el denunciante, esta inacción no es neutral: “el silencio institucional es complicidad pasiva”.
Concejo municipal y protesta simbólica
El caso fue expuesto también ante el concejo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, donde —según relata— las autoridades tomaron conocimiento de la demanda, pero respondieron con evasivas e indiferencia. Ni siquiera una protesta simbólica realizada en una carreta jalada por un caballo, como expresión de atraso y exclusión, logró generar reacción política o compromisos concretos.
“El mensaje es claro: mirar hacia otro lado mientras la discriminación se normaliza”, afirma.
“La exclusión no es un error, es un sistema”
En su pronunciamiento, el ciudadano sostiene que su caso es la radiografía de un sistema donde jueces, fiscales, autoridades y organismos de defensa de derechos operan por omisión, legitimando la exclusión de las personas con discapacidad. Critica además lo que califica como actos simbólicos vacíos realizados cada año por el “Día del Discapacitado”, sin políticas reales de accesibilidad ni inclusión.
A veinte años de haber sufrido una amputación, afirma que lo que debió ser una historia de resiliencia se ha convertido en prueba de abandono institucional, situación que —dice— lo impulsa a transformar la resistencia en una acción de insurgencia cívica.
“Cuando la justicia se vuelve cómplice y el Estado perpetúa la exclusión, la voz del ciudadano debe convertirse en sentencia”, concluye, anunciando que retomará su motricidad asistida como acto de dignidad, porque —remarca— “la autonomía no se mendiga, se conquista”.
