Jindley Vargas
Chachapoyas: Mientras el gerente del Gobierno Regional de Amazonas insiste en que la cuenta mancomunada de la obra intervenida está “congelada” y que el Consorcio Vial Kuélap no presenta requerimientos, la realidad lo desmiente con brutal crudeza: el hijo del gobernador acaba de cobrar una sustantiva suma de dinero, mientras cientos de acreedores legítimos siguen esperando.
Al respecto, el 26 de enero, la cuenta mancomunada registraba S/ 11’213,985.86. Hoy, 23 de febrero, muestra S/ 10’308,853.10. es decir que la diferencia de S/ 905,132.76, ha sido desembolsada sin transparencia ni explicación clara, mientras se niega el pago a cerca de 300 acreedores.
Dentro de esos privilegiados desembolsos, el 19 de febrero el GRA autorizó S/ 116,750.00 a FAMHORA Servicios Generales SAC, empresa del hijo del gobernador. Para este pago, el interventor del GRA actuó con sorprendente rapidez y eficacia, justo lo que niega a los acreedores legítimos que llevan meses esperando sus pagos.
La retórica oficial de “cuentas congeladas” se desplomó. La intervención económica, presentada como mecanismo de salvaguarda de la obra, los trabajadores y los proveedores, quedó desenmascarada como un instrumento de repartija selectiva: se atiende velozmente a los allegados, mientras se bloquea y posterga a los 219 acreedores que figuran en los Requerimientos de Pago Nº 24 y Nº 25, con montos que superan los S/ 4.5 millones.
Sus expedientes están ingresados al sistema y en poder del interventor, pero se mantienen paralizados, evidenciando que la supuesta “salvaguarda” no protege a nadie, salvo a quienes gozan de privilegios dentro del círculo del poder.
La corrupción ya no se oculta, se exhibe con descaro. Lo más grave es que, en lugar de fiscalizar, los consejeros, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público desvían la mirada, convirtiéndose en engranajes perfectos de este sistema corrupto. Su silencio y pasividad no son neutrales: son complicidad abierta.
El destape es irrefutable: la intervención económica no protege la obra ni a los trabajadores, solo encubre una repartija selectiva que levanta serias sospechas de que, para pagar, se necesitan “aceitadas”.
