Condorcanqui, Amazonas. La protección de las niñas y adolescentes de los pueblos indígenas awajún y wampis frente a la violencia sexual demanda una intervención inmediata, coordinada y culturalmente pertinente de las instituciones del Estado peruano.
Así lo destacó la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elizabeth Zea, durante la presentación de un informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECVI, de la Organización de los Estados Americanos, relacionado con la situación de Condorcanqui, en la región Amazonas.
La funcionaria puso especial énfasis en la necesidad de superar las barreras lingüísticas, geográficas e institucionales que dificultan la protección de las víctimas y el acceso a servicios de justicia.
¡NO BASTA CON HABLAR LA LENGUA DE LAS VÍCTIMAS!
Uno de los principales mensajes de la viceministra estuvo relacionado con la necesidad de garantizar que las intervenciones estatales respondan a la realidad de las comunidades indígenas.
Zea explicó que los gestores interculturales cumplen una función que va mucho más allá de traducir las declaraciones de las víctimas.
Estos profesionales facilitan el diálogo entre las comunidades y las instituciones públicas, contribuyen a identificar barreras culturales y permiten que la atención se desarrolle con mayor comprensión de las circunstancias locales.
«En Condorcanqui, no basta con que las víctimas puedan comunicarse en su lengua: necesitan una respuesta oportuna y efectiva del Estado», manifestó la viceministra.
Su declaración plantea una exigencia fundamental: que las niñas y adolescentes reciban protección real y no solamente atención formal.
¡PROPONEN FORTALECER LOS MÓDULOS DE JUSTICIA ITINERANTE!
Elizabeth Zea destacó la importancia de los módulos de justicia itinerante como una alternativa para acercar los servicios estatales a las comunidades que enfrentan dificultades de acceso.
La dispersión geográfica de los centros poblados, las distancias y las limitaciones de transporte pueden dificultar que las víctimas y sus familias lleguen oportunamente a las instituciones encargadas de recibir denuncias y brindar protección.
Frente a esta situación, la funcionaria consideró importante fortalecer mecanismos de atención que permitan actuar de manera inmediata y articulada.
La justicia itinerante puede facilitar el acercamiento institucional, pero su efectividad dependerá de contar con personal especializado, protocolos de protección, coordinación con los servicios de salud y continuidad en la atención de los casos.
¡JUECES Y FISCALES DEBEN COMPRENDER LA REALIDAD CULTURAL!
El Ministerio de Cultura subrayó también la importancia de que jueces y fiscales conozcan las características culturales y sociales de los pueblos indígenas.
La comprensión intercultural resulta esencial para garantizar una atención adecuada, evitar prácticas que puedan revictimizar a niñas y adolescentes y facilitar su participación en los procedimientos correspondientes.
Esta perspectiva debe aplicarse respetando plenamente los derechos fundamentales y las normas de protección de menores de edad.
¡LA PERTINENCIA CULTURAL NO PUEDE SIGNIFICAR TOLERANCIA FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL NI IMPUNIDAD PARA LOS RESPONSABLES!
La atención debe considerar las lenguas originarias, las condiciones de seguridad de las víctimas y las particularidades de cada comunidad, sin debilitar las obligaciones del sistema de justicia.
¡EXIGEN MAYOR ARTICULACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES!
La viceministra exhortó a fortalecer la coordinación entre las entidades competentes para garantizar la protección de las niñas y adolescentes.
Una respuesta integral requiere que las instituciones encargadas de la investigación penal, la atención sanitaria, la protección de la niñez y la asistencia social trabajen de manera coordinada.
Asimismo, resulta indispensable que las medidas de protección se adopten oportunamente y que las víctimas puedan acceder a atención especializada sin enfrentar trámites innecesarios.
La presentación del informe del MESECVI constituye un espacio para examinar las dificultades institucionales y promover medidas que permitan superar las barreras de acceso a la justicia.
El comunicado proporcionado no precisa el número de casos analizados, las conclusiones completas del informe ni un cronograma de implementación de los módulos propuestos.
¡CONDORCANQUI NECESITA RESULTADOS CONCRETOS!
La situación de las niñas y adolescentes awajún y wampis exige que los compromisos institucionales se traduzcan en acciones verificables.
La disponibilidad de intérpretes y gestores interculturales, el desplazamiento de equipos especializados, la atención de salud y la continuidad de las investigaciones son componentes que deben evaluarse para determinar si el Estado está respondiendo adecuadamente.
¡NINGUNA NIÑA DE CONDORCANQUI DEBE QUEDAR SIN PROTECCIÓN POR VIVIR LEJOS DE UNA FISCALÍA, UN JUZGADO O UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD!
El desafío consiste en construir una respuesta pública que respete la identidad cultural de los pueblos indígenas y garantice, al mismo tiempo, la seguridad, la dignidad y los derechos de todas las víctimas.
Fuente: Información institucional proporcionada sobre la intervención de la viceministra Elizabeth Zea durante la presentación del informe MESECVI-OEA sobre Condorcanqui.
