AMAZONAS ||| Una sentencia considerada ejemplar ha sido obtenida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza contra el notario público Yuri Aldo Villanueva Santos, natural de la provincia de Jaén, y el ciudadano Elmer Arturo Rodríguez Carlos, quienes fueron hallados culpables del delito de falsedad ideológica al insertar y utilizar información falsa en escrituras públicas para despojar ilegalmente a un ciudadano de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Bagua.
El caso fue sustentado por el fiscal Julio César Zumaeta Tafur, quien logró demostrar que los documentos fraudulentos fueron presentados ante Superintendencia Nacional de los Registros Públicos sin que el verdadero propietario tuviera conocimiento de la supuesta compraventa.
Uno de los elementos probatorios más contundentes fue el informe de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que acreditó que ninguna de las partes pasó la verificación biométrica de huellas digitales, pese a que el notario dio fe de dicho procedimiento, dejando en evidencia la falsedad del acto notarial.
JUICIO COMPLEJO Y CONDENA CONTUNDENTE
Debido a la complejidad del proceso, el juicio oral se extendió por seis meses. Finalmente, el Juzgado Mixto Penal y Unipersonal de Rodríguez de Mendoza impuso:
8 años de pena privativa de libertad efectiva contra el notario Yuri Aldo Villanueva Santos, además de 365 días multa y inhabilitación para ejercer la función notarial.
9 años de prisión efectiva contra Elmer Arturo Rodríguez Carlos, más 365 días multa.
Las penas han quedado suspendidas hasta que la sentencia quede consentida en segunda instancia. Asimismo, ambos sentenciados deberán pagar solidariamente S/ 7,400 como reparación civil al agraviado y S/ 5,000 a favor de la Sunarp, además de una caución de S/ 3,000 cada uno.
EL CASO JAÉN: PARQUE DE LA FAMILIA BAJO INVESTIGACIÓN
El nombre del notario condenado no es ajeno a la opinión pública de Jaén. Villanueva Santos se encuentra implicado en una investigación penal por su presunta participación en la venta ficticia o fraudulenta del terreno del Parque de la Familia de Jaén, uno de los principales espacios públicos de la ciudad.
De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Vásquez Zamora, herederos de Belisario Vásquez Burga, habrían recurrido al accionar del notario para vender irregularmente el predio a un tercero, pese a que el terreno se encontraba en proceso de venta con la Municipalidad Provincial de Jaén y bajo controversia legal.
ANTECEDENTES DEL TERRENO MUNICIPAL
El terreno del actual Parque de la Familia fue adquirido por la Municipalidad Provincial de Jaén en 2012, durante la gestión de Gilmer Fernández Rojas, por un monto de S/ 2 millones 200 mil. Gran parte del pago fue ejecutado, quedando pendiente aproximadamente medio millón de soles, situación que no pudo ser regularizada en las gestiones posteriores, generándose incluso un proceso judicial por presunta sobrevaloración.
Tras el fallecimiento del propietario original, los herederos se habrían trasladado hasta Rodríguez de Mendoza, donde —en la notaría del hoy condenado— vendieron todo el predio por apenas S/ 250 mil, en una operación que hoy es considerada altamente sospechosa y se encuentra bajo investigación fiscal.
¿UN MODUS OPERANDI?
La condena por falsedad ideológica contra el notario Villanueva Santos refuerza las sospechas sobre un posible patrón de actuación irregular, caracterizado por:
Dar fe de actos notariales fuera de su jurisdicción.
Omitir la verificación de litigios y procesos legales vigentes sobre los predios.
Validar transacciones con documentación presuntamente adulterada.
Por estos hechos, el notario, los herederos Vásquez Zamora y los terceros compradores han sido denunciados por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Jaén, en un proceso que podría revelar una red de responsabilidades penales y administrativas.
Desde una opinión editorial, este caso pone en tela de juicio el control del ejercicio notarial y evidencia la urgencia de mayor fiscalización y sanciones ejemplares, para proteger el patrimonio público y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
