La Región Policial Amazonas ha dado un paso significativo hacia la inclusión. En respuesta formal, reconoció la falencia de la Municipalidad de Chachapoyas y dictó directivas a sus efectivos para aplicar el criterio de discrecionalidad previsto en el artículo 234 del Reglamento Nacional de Tránsito, además de anunciar capacitaciones específicas sobre trato inclusivo y respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Este gesto institucional marca un cambio de rumbo y evidencia que la Policía Nacional busca corregir prácticas que antes se normalizaron.
Hace un año, este medio informó sobre la desafortunada intervención policial contra Jindley Vargas, sancionado por estacionar su motocicleta en el frontis de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, zona considerada rígida. Aquella papeleta se convirtió en símbolo de la falta de sensibilidad y respeto hacia las personas con discapacidad. La ordenanza municipal que regula las zonas rígidas invisibiliza las normativas nacionales que protegen a este sector y convirtió a la Policía Nacional en brazo ejecutor de una discriminación promovida desde el gobierno local.
La papeleta arbitraria reveló la discapacidad moral de un sistema entero: una municipalidad que rechaza, jueces que omiten, fiscales que archivan, una Defensoría que calla y organismos que se esconden. Frente a esa cadena de indiferencias, la reacción de la Región Policial Amazonas contrasta como un avance institucional que incomoda y deja en evidencia la pasividad de las demás entidades.
Sin embargo, este paso, aunque importante, no es decisivo. La aplicación de la discrecionalidad policial constituye apenas un paliativo: mientras las ordenanzas municipales no sean modificadas, la discriminación seguirá institucionalizada. La PNP ha reaccionado y asumido su responsabilidad, pero la raíz del problema permanece intacta en la normativa local.
En entrevista, Jindley Vargas expresó: “Como persona con discapacidad me siento considerado por primera vez en este proceso, y como presidente del FREDDICH veo una luz en el camino de la lucha social por los derechos de un sector marginado por esta gestión. Este avance de la Policía nos da esperanza, pero también nos obliga a exigir que las demás instituciones cumplan su deber”.
La situación desnuda a las autoridades municipales: alcalde y regidores que, por orgullo y rencillas personales, han claudicado en el cumplimiento de sus funciones y deberes. A pesar de estar próximos a dejar el cargo, persisten en una actitud soberbia e indolente, negándose a reconocer la legitimidad de los derechos de las personas con discapacidad.
El aniversario de esta papeleta arbitraria no solo recuerda una injusticia, sino que interpela directamente a todas las instituciones. Mientras la Policía Nacional avanza hacia la inclusión, el alcalde Percy Zuta a pocos meses de dejar el cargo está más preocupado en las licitaciones millonarias amañadas, manteniéndose rezagado, atrapada en su propio orgullo.
“En consecuencia, se ha procedido a emitir una disposición a las Divisiones de Orden Público y Seguridad Chachapoyas, Utcubamba y Condorcanqui para que, en ausencia de infraestructura inclusiva (zonas de parqueo especial), se aplique el criterio de discrecionalidad y razonabilidad en favor de los ciudadanos con discapacidad” señala el jefe del Estado mayor PNP- Amazonas.
La ciudadanía exige que se modifiquen las ordenanzas y que las demás instancias, judiciales, fiscales y defensoriales, asuman su responsabilidad. De lo contrario, la inclusión seguirá siendo postergada y la justicia, una promesa incumplida.
