28/02/17 – 06:13
Por: Fernando Tuesta Soldevilla
La corrupción que se destapa en estas semanas ha despertado las alertas de cómo llega el dinero a la política. La inclinación mayoritaria para regular se ha centrado en exigir transparencia y sanciones más drásticas. Hemos sostenido en este espacio que siendo eso muy necesario, no responde a la realidad de los partidos políticos cuando enfrentan campañas electorales. Partidos sin recursos económicos son presa fácil de aquellos que los detentan. La brecha entre campañas que se encarecen continuamente frente a partidos que no tienen ingresos permanentes, bienes y gestión de patrimonio es cada vez mayor. Regular sobre ese escenario exige enfrentarlo con medidas que sean integrales e imaginativas.
No hay país en nuestra región que no tenga un diseño mixto de financiamiento, es decir que tenga origen público y privado. En nuestro país históricamente ha sido siempre privado en forma mayoritaria, aun cuando está probado que es el tipo de financiamiento más difícil de controlar. Las formas y modalidades para violar la ley han sido ampliamente documentadas en muchos países.
El rubro que encarece tremendamente una campaña electoral es la televisión. Los montos son los mayores en todos los partidos políticos y en todas las campañas electorales. Para enfrentar esta realidad se debe, por ejemplo, extender la franja electoral de treinta a cuarenta y cinco días y mayor tiempo diario. De esta manera, los partidos verán reducidos enormemente sus gastos. Esto se puede complementar, como sucede en México, Chile y Brasil, prohibiendo la compra de espacios fuera de la franja. Las empresas de televisión no perderían con esta modalidad. El porcentaje que queda por cubrir se puede compensar otorgando financiamiento público especial para campañas electorales, como sucede en la mayoría de los países de la región, salvo Bolivia y Venezuela, donde el partido de gobierno hace uso de los recursos públicos. Con solo esas dos medidas, la vulnerabilidad de los partidos decrece ostensiblemente y el dinero de fuente privada no tendrá la facilidad de penetrar para someter o condicionar a candidatos o partidos.
El dinero privado, vale decir personas, asociaciones y empresas, debe permitirse e incluso aumentarse de 60 a 200 UIT por año, como tope del aporte de esta naturaleza. Estarían excluidos los provenientes de gobiernos, empresas y partidos extranjeros, salvo a través de fundaciones, pero destinadas a aspectos relativos a la capacitación de sus miembros.
En ese marco, las sanciones tienen mayor relevancia. Si los partidos políticos adquieren mayores beneficios, deben de responder con mayor transparencia y responsabilidad. Es decir, entrega completa y oportuna de informes, cuya omisión y alteración de información sobre origen y gastos de los aportes deben ser severamente sancionados, con penalidades económicas y políticas que deben ir desde la suspensión del financiamiento hasta la cancelación de la inscripción cuando se trata de falta grave, como el caso del ingreso del dinero mal habido. Para eso se debe dotar a los organismos electorales de capacidades sancionadoras y efectivas, sobre todo para cobrar multas, que ahora son burladas por los partidos. Finalmente, deben incluirse sanciones a candidatos y no solo a partidos, como sucede ahora.
Sin dinero no hay campaña electoral, pero su origen y su gasto pueden convertirlo en el peor elemento corrosivo de los partidos y el sistema político. Y todo por unos dólares más.
