AUTORIDADES TRADICIONALES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LAS CUENCAS DEL CENEPA, SANTIAGO, MARAÑÓN, CHIRIACO Y NIEVA RECHAZAN EXPRESIONES QUE CONSIDERAN DISCRIMINATORIAS Y ADVIERTEN QUE NO PERMITIRÁN QUE SU IDENTIDAD CULTURAL SEA UTILIZADA EN DISPUTAS POLÍTICAS.
BAGUA, AMAZONAS. – Mediante un contundente pronunciamiento oficial conjunto, fechado el 23 de octubre, autoridades tradicionales y representantes de organizaciones de los pueblos Awajún y Wampís expresaron su rechazo a una publicación difundida en redes sociales y atribuida a Gisella Pérez, cuyo contenido consideran ofensivo para la dignidad de sus comunidades y autoridades ancestrales.
El documento, dirigido a los tres niveles de gobierno, al Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las organizaciones políticas y la opinión pública nacional e internacional, establece una posición de defensa de la identidad cultural, la autonomía y los derechos colectivos de ambos pueblos indígenas.
La controversia surge a raíz de expresiones difundidas en redes sociales, cuya autoría todavía solicitan esclarecer, en las que presuntamente se habría señalado que determinadas personas venden su participación política a cambio de comida y cerveza, además de atribuir ignorancia a integrantes de las comunidades y presentar a los apus como receptores de prebendas que someten a sus pueblos al hambre y la miseria.
Las organizaciones consideran que estas afirmaciones constituyen una generalización ofensiva que desacredita a sus autoridades tradicionales y afecta la dignidad colectiva de los pueblos originarios.
DECLARAN PERSONA NO GRATA A GISELLA PÉREZ
Uno de los acuerdos más enérgicos del pronunciamiento aparece en su quinto punto, donde las autoridades y organizaciones firmantes anuncian la declaratoria de persona no grata contra Gisella Pérez en los actos y espacios de representación que organicen.
La decisión constituye, según el documento, una expresión de censura moral y comunitaria frente al contenido difundido bajo su nombre.
No obstante, las propias organizaciones precisan que esta declaratoria no representa una prohibición general de tránsito ni autoriza agresiones, amenazas o actos de coacción.
Asimismo, dejan abierta la posibilidad de reconsiderar su posición ante una rectificación pública suficiente, sin renunciar al esclarecimiento de la autoría de la publicación.
EXIGEN RECTIFICACIÓN Y DISCULPAS PÚBLICAS
En el tercer punto del pronunciamiento, las organizaciones indígenas exigen que se determine la autenticidad y autoría de la publicación atribuida a Gisella Pérez.
De confirmarse su responsabilidad, solicitan el retiro de las expresiones cuestionadas, una rectificación expresa y disculpas públicas dirigidas a los pueblos Awajún y Wampís, utilizando el mismo medio en el que se difundieron los mensajes.
Las autoridades tradicionales sostienen que ninguna discrepancia política justifica recurrir a estereotipos, burlas o expresiones que menoscaben la dignidad de las comunidades indígenas.
También reconocen que los apus, como cualquier autoridad, están sujetos a la crítica y a la rendición de cuentas, pero consideran indispensable que las denuncias se sustenten en hechos verificables y no en descalificaciones generalizadas.
RECHAZAN QUE SE CUESTIONE LA LIBERTAD DEL VOTO INDÍGENA
Otro aspecto central del pronunciamiento está relacionado con el respeto a la participación política de las comunidades originarias.
Los representantes Awajún y Wampís rechazan que se pretenda reducir sus decisiones electorales a la entrega de alimentos, bebidas o beneficios económicos.
Recuerdan que sus pueblos cuentan con instituciones propias, autoridades tradicionales y mecanismos colectivos de deliberación sobre asuntos fundamentales como la defensa territorial, la consulta previa, la salud, la educación intercultural bilingüe y la protección de los bosques.
Asimismo, sostienen que cada ciudadano tiene derecho a decidir libremente su voto, sin presiones ni condicionamientos.
En caso de existir denuncias concretas de compra de votos o corrupción, consideran que estas deben investigarse mediante pruebas y procedimientos legales, sin utilizar tales acusaciones para desacreditar a comunidades enteras.
PRONUNCIAMIENTO SURGE EN MEDIO DE RESPALDOS POLÍTICOS REGIONALES
El documento también hace referencia al escenario político de Amazonas, particularmente a los respaldos anunciados de cara a las elecciones regionales.
Según el pronunciamiento, el 19 de octubre de 2026, Grimaldo Vásquez Tan anunció el respaldo de Victoria Amazonense a la candidatura regional de Segundo Hernández Vásquez, de Unidos al Campo.
Ante este escenario, las organizaciones indígenas exigen respeto tanto a Victoria Amazonense como a Unidos al Campo, aclarando expresamente que el mencionado respaldo político no atribuye responsabilidad a ninguna de las dos organizaciones por la publicación cuestionada.
Los firmantes señalan que su pronunciamiento no busca favorecer ni perjudicar a agrupación electoral alguna, sino defender la dignidad de sus pueblos frente a expresiones que consideran agraviantes.
PIDEN INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y MINISTERIO PÚBLICO
Las autoridades indígenas anuncian que recurrirán a las vías institucionales para solicitar la evaluación de los hechos.
Al Ministerio de Cultura, mediante el Viceministerio de Interculturalidad, solicitan examinar lo ocurrido dentro del ámbito de sus competencias.
A la Defensoría del Pueblo le requieren acompañamiento para la protección de sus derechos colectivos.
Asimismo, piden al Ministerio Público evaluar si existen elementos que justifiquen una investigación conforme al artículo 323 del Código Penal, relacionado con la discriminación y la incitación a la discriminación.
Las organizaciones precisan que promoverán la conservación y entrega de las evidencias disponibles, incluyendo la publicación original, su fecha, contexto y procedencia.
También exigen que cualquier eventual responsabilidad se determine con pruebas, respetando el debido proceso.
«NUESTRAS AUTORIDADES TRADICIONALES NO SON ADORNOS DE CAMPAÑA»
En uno de los pasajes más significativos del documento, los representantes indígenas reivindican el papel de sus autoridades ancestrales y asambleas comunales.
Sostienen que estas instituciones constituyen pilares fundamentales de la organización social, la transmisión de sus lenguas, la defensa territorial y la convivencia comunitaria.
Recuerdan que el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconocen derechos relacionados con las instituciones, costumbres y formas propias de organización de los pueblos indígenas, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
Advierten que responderán frente a cualquier agravio mediante acuerdos colectivos, defensa jurídica, vigilancia ciudadana y movilización pacífica.
«QUE NADIE CONFUNDA NUESTRA SERENIDAD CON DEBILIDAD»
En la parte final del pronunciamiento, las autoridades Awajún y Wampís expresan un mensaje de unidad y firmeza en defensa de sus derechos.
Rechazan que su historia, cultura e identidad sean utilizadas como motivo de burla o descalificación durante las controversias políticas.
Asimismo, ratifican que defenderán sus instituciones tradicionales por las vías legales y mediante mecanismos pacíficos de participación colectiva.
El pronunciamiento concluye con un llamado al respeto de la identidad cultural, las autoridades ancestrales y la dignidad de los pueblos Awajún y Wampís.
La controversia pone nuevamente sobre la agenda pública la necesidad de promover un debate político respetuoso, libre de estereotipos étnicos y sustentado en argumentos y pruebas.
La participación política de los pueblos indígenas merece el mismo respeto que la de cualquier ciudadano peruano. Las diferencias electorales no deben convertirse en motivo para descalificar colectivamente a las comunidades ni desconocer la legitimidad de sus instituciones ancestrales.
