Por: Jindley Vargas
Chachapoyas: Tras más de seis décadas de existencia, el Hospital Regional Virgen de Fátima sigue siendo el principal referente de salud en Chachapoyas, a pesar de ello, el Informe Técnico 000034-2026 revela que su agónico sistema de agua caliente sanitaria fue violentado con la sustracción de tuberías de cobre. No es un accidente aislado: es un robo descarado que compromete la operatividad del nosocomio y desnuda la ausencia de control institucional.
La sustracción de las cañerías es la metáfora perfecta del colapso del sistema hospitalario: cortes visibles, restos de aislamiento térmico, tramos desaparecidos. La red sanitaria despojada refleja el saqueo de la dignidad ciudadana. Las consecuencias son graves: interrupción de servicios básicos, riesgo sanitario para pacientes y personal, y perjuicio patrimonial para el Estado.
La responsabilidad política es directa. El gobernador Gilmer Horna, en lugar de respaldar los cambios que en su momento saludamos, optó por boicotearlos sometiéndose a los caprichos de grupos enquistados dentro del hospital que no querían perder su confort mal habido. Esa decisión abrió la puerta al retroceso y a la degradación.
El abrupto cambio de la dirección, el 27 de mayo, marcó el inicio del desmoronamiento de la gestión del Hospital Virgen de Fátima. La conducción técnica anterior había logrado ordenar la administración, duplicar la productividad y sentar bases sólidas para vislumbrar la recategorización y la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria.
Sin embargo, el gobernador prefirió renunciar a la técnica para abrazar la politiquería barata y favorecer a quienes medran con la precariedad. En ese terreno de abandono, el relevo designado, lejos de sostener los indicadores alcanzados por la gestión anterior, se convirtió en el responsable directo de su desplome, confirmando que la improvisación y la mediocridad se han vuelto a instalar como norma.
A esta involución se suma el silencio cómplice del Torquemada de Leoncio Temoche: incisivo y obsesivo en buscar argumentos para expectorar a la gestión anterior, pero absolutamente complaciente frente al director que abandonó su responsabilidad recién adquirida para salir del país por quince días.
Lo que se denuncia no es un problema técnico: es un crimen contra la salud pública. La sustracción de las cañerías exige investigaciones inmediatas y deslinde de responsabilidades.
