Con la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Contraloría General de la República ha endurecido los mecanismos de control sobre las autoridades que culminarán su mandato, estableciendo que alcaldes y gobernadores regionales estarán obligados a presentar una rendición de cuentas detallada antes de dejar sus cargos.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución de Contraloría N.° 344-2026-CG, la cual dispone que todas las autoridades salientes deberán entregar información completa y sustentada sobre la administración de los recursos públicos durante su gestión.
La transferencia comprenderá el estado financiero de cada entidad, la relación de obras concluidas y aquellas que permanecen inconclusas, proyectos de inversión, bienes patrimoniales, documentación institucional, procesos administrativos y demás información necesaria para garantizar una adecuada continuidad de la gestión pública.
Con esta disposición, la Contraloría busca poner fin a una práctica que durante años ha generado cuestionamientos por parte de la ciudadanía: autoridades que abandonaban sus cargos dejando obras paralizadas, expedientes incompletos, deudas ocultas y escasa información sobre la verdadera situación económica y administrativa de municipalidades y gobiernos regionales.
El organismo de control señala que la documentación entregada permitirá a las nuevas autoridades conocer con precisión el estado en que reciben las instituciones y, de ser el caso, facilitará la identificación de presuntas irregularidades y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Especialistas consideran que una transferencia transparente fortalece la continuidad de los servicios públicos, mejora la gestión estatal y constituye una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción en las administraciones públicas.
A pocos meses del cambio de autoridades, la ciudadanía también está llamada a desempeñar un rol fiscalizador, exigiendo que la rendición de cuentas no se convierta en una mera formalidad, sino en un verdadero ejercicio de transparencia y responsabilidad frente al uso de los recursos del Estado.
