Jindley Vargas
La senadora Katherine Ampuero ha presentado una denuncia penal por el delito de colusión agravada contra el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna, ocho funcionarios de su gestión, los representantes legales de la empresa China Railway N° 10 y los de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). La acusación es contundente: mientras UNOPS ofrecía un discurso de transparencia y «mejores prácticas internacionales», en los hechos se habría coludido para permitir que el dinero público se transfiriera sin control, sin avance físico real y sin rendición de cuentas.
La denuncia de Ampuero no es una simple declaración política. En el Congreso, la senadora calificó lo que viene ocurriendo con el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande como un «financiamiento a la corrupción». Cuestionó que se mantenga la autorización para que el gobernador Horna siga destinando fondos públicos a UNOPS, entidad que administra la ejecución de la obra, pese a que hasta marzo de este año solo se había colocado la primera piedra, sin avance físico significativo.
Ampuero presentó el caso como un ejemplo de un problema que, según afirmó, ocurre en todo el país. Por ello, instó al ministro de economía a no permitir que se abra «la puerta a más corrupción» y planteó la necesidad de empezar a establecer «candados» para proteger el dinero del Estado. La advertencia es política y práctica: si se permite que una entidad internacional administre fondos públicos sin mecanismos de control efectivos, el riesgo de desvío o de negligencia se multiplica. Y en el caso del Hospital Santiago Apóstol, los números son elocuentes:
Presupuesto total: S/ 204,963,557.20
Gasto devengado: S/ 166 millones (69% del total)
Avance físico real: 1.45%
Transferido por el GOREA a UNOPS: USD 42.8 millones (66.8% del total del convenio)
Desembolsado a la constructora: Menos del 10%
Obra paralizada: Desde abril de 2026
Como FREDDICH, venimos fiscalizando este caso desde sus inicios y respaldamos la denuncia de la senadora con evidencia técnica adicional. Si UNOPS hizo una revisión exhaustiva y no detectó la quebrada, entonces incumplió su obligación contractual. La exención de responsabilidad por la autoría del expediente no cubre su negligencia en la revisión. Es decir, cobró S/ 23.6 millones por un sello de goma.
El hospital no se construirá con promesas ni con comunicados. Se construirá con transparencia, con expedientes técnicos veraces y con funcionarios que rindan cuentas. Hoy, el único que gana en este negocio es quien fracasa con criterio de entidad internacional, mientras la salud de Utcubamba se convierte en un simulacro presupuestal.
