Una grave denuncia que podría desencadenar una investigación de los órganos de control ha salido a la luz en Chachapoyas. Los vecinos de la cuadra 13 del jirón Salamanca han acusado formalmente a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de haberlos obligado a financiar parte de una obra pública que ya contaba con presupuesto estatal aprobado, bajo la amenaza de que los trabajos no se ejecutarían si no entregaban cientos de bolsas de cemento.
La denuncia fue presentada ante el Órgano de Control Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República mediante una carta documentada en la que los ciudadanos detallan cómo fueron presuntamente inducidos a aportar materiales para la obra denominada “Mejoramiento de la movilidad urbana en cuatro unidades productoras del distrito de Chachapoyas”, proyecto identificado con el CUI N.° 2704158.
Según el documento, todo comenzó durante una reunión realizada el 5 de enero de 2026 entre funcionarios municipales y vecinos del sector. En dicha reunión, los representantes de la comuna habrían señalado que el presupuesto destinado a la obra era insuficiente y que la única manera de garantizar la pavimentación de la vía era que los propios pobladores aportaran aproximadamente 600 bolsas de cemento.
Los vecinos sostienen que la exigencia fue planteada como una condición para la ejecución de la obra. En otras palabras, si no reunían el cemento solicitado, la pavimentación no se realizaría. Frente a esta situación y con el temor de perder una obra largamente esperada para su sector, las familias decidieron organizarse y asumir un gasto que, según afirman, nunca les correspondió.
La documentación remitida al OCI demuestra que los pobladores desembolsaron miles de soles para adquirir cemento, logrando entregar finalmente 499 bolsas destinadas a la ejecución del proyecto. Para ello adjuntaron comprobantes de transferencias bancarias, boletas de venta, órdenes de entrega y registros fotográficos que acreditarían la compra y entrega efectiva del material.
Lo más delicado del caso es que, según la denuncia, posteriormente los vecinos tomaron conocimiento de que la obra sí contaba con presupuesto público íntegramente aprobado y transferido para su ejecución. De confirmarse esta versión, la exigencia de materiales a la población podría constituir una irregularidad administrativa de extrema gravedad, pues significaría que ciudadanos terminaron financiando parcialmente una obra que ya había sido presupuestada con recursos del Estado.
En la carta dirigida a la Contraloría, los vecinos son enfáticos al señalar que su aporte no fue una donación voluntaria ni un acto espontáneo de colaboración comunitaria. Por el contrario, afirman que actuaron bajo presión y ante la advertencia de que la obra no sería ejecutada si no entregaban el cemento requerido.
“Nos vimos compelidos a financiar colectivamente la compra de los materiales”, señalan en el documento, donde además sostienen que fueron inducidos a creer que la Municipalidad carecía de recursos suficientes para culminar el proyecto.
Ante estos hechos, los ciudadanos han solicitado la intervención inmediata de los órganos de control para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse del caso. Asimismo, exigen que se evalúe la restitución de los recursos económicos invertidos por las familias o, en su defecto, la devolución del material entregado.
El caso abre serios cuestionamientos sobre la transparencia en la ejecución de obras públicas y plantea una interrogante que ahora deberá responder la Municipalidad Provincial de Chachapoyas: ¿por qué se pidió cemento a los vecinos si la obra ya tenía financiamiento estatal asegurado?
La respuesta podría marcar un precedente en la fiscalización de proyectos públicos y en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad.
