Habitantes de las zonas devastadas por los terremotos aseguran que las restricciones impuestas por el régimen dificultan las labores de rescate y la cobertura periodística. También denuncian el colapso de las morgues y la falta de maquinaria en los sectores más afectados
La indignación aumenta conforme pasan los días y disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo las toneladas de concreto. Foto: AFP
Esther Vargas – Perú 21
La tragedia que dejó los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela continúa agravándose. Mientras cientos de familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros, vecinos de La Guaira denuncian que el régimen mantiene un fuerte control militar sobre la zona del desastre, limitando el acceso, dificultando las labores de rescate y restringiendo el trabajo de la prensa.
En Playa Grande, en el sector de Catia La Mar, la desesperación llevó a decenas de pobladores a detener un camión con maquinaria pesada para exigir que ingresara a un barrio donde todavía no se habían removido los restos de viviendas colapsadas.
«No sabemos si todavía hay gente viva debajo de los escombros», reclamó Marta, una vecina de 45 años, mientras efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana observaban la protesta.
Una dictadura que no se extingue
Los cuestionamientos también llegaron desde las brigadas internacionales de rescate. El jefe de operaciones de Topos Chile, Francisco Lermanda, denunció que su equipo de 46 especialistas ha enfrentado constantes controles militares durante las labores de búsqueda en La Guaira.
Según relató, los rescatistas son obligados repetidamente a mostrar sus documentos porque las autoridades sospechan que podrían ser «espías». También aseguró que militares les confiscaron un teléfono celular cuando intentaban enviar imágenes de un adolescente atrapado bajo los escombros para solicitar una evaluación médica urgente mediante videollamada.
Lermanda criticó la militarización de la emergencia y afirmó que la respuesta oficial ha estado marcada por la desorganización y la politización de la tragedia.
Desde México también surgieron denuncias. El rescatista Héctor Méndez, integrante de Topos Azteca, afirmó que una periodista de un medio estatal venezolano le pidió agradecer públicamente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la gestión de la emergencia. Méndez interpretó ese episodio como un intento de utilizar políticamente el trabajo humanitario que realizan los equipos internacionales, insistiendo en que su única misión es rescatar vidas y apoyar a las víctimas, sin intervenir en asuntos políticos.
Los hombres y mujeres que pertenecen a Vente, Venezuela, el partido de María Corina Machado y están colaborando en el rescate también son hostigados y hasta impedidos de desarrollar su labor solidaria.
Otro grupo de los topos mexicanos advirtieron ayer que los perros marcaron tres lugares donde podría haber vida en los escombros de la Residencia Gradisca, pero los funcionarios venezolanos que controlan el lugar no les permiten comenzar las labores de búsqueda.
Escenas desgarradoras en la morgue
La crisis también alcanza a las morgues improvisadas. En La Guaira se ha reportado más de 400 bolsas con cadáveres expuestas al calor, con cuerpos en avanzado estado de descomposición y un fuerte olor que invade el lugar.
Los testimonios reflejan el drama que enfrentan cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos o intentan recuperar sus restos para darles sepultura.
Mientras tanto, en Caracas persiste la preocupación por la seguridad de numerosas edificaciones afectadas por los sismos.
Vecinos denuncian que muchos inmuebles presentan grietas estructurales y aún no han sido inspeccionados por ingenieros especializados, lo que incrementa el temor de nuevos colapsos.
Denuncian restricciones a la prensa
A la emergencia humanitaria se suma la preocupación por las limitaciones al trabajo periodístico.
La organización Instituto Prensa y Sociedad Venezuela alertó que periodistas nacionales y corresponsales extranjeros enfrentan restricciones para cubrir de manera independiente la tragedia.
Según la denuncia, las autoridades condicionaron el ingreso de la prensa a traslados organizados exclusivamente por el Estado, establecieron horarios para permanecer en las zonas afectadas y recopilaron información personal de los reporteros, incluidos números de pasaporte, credenciales, teléfonos, correos electrónicos e incluso el tipo de sangre.
Además, algunos periodistas denunciaron retrasos en los traslados y limitaciones para desplazarse libremente durante la cobertura.
IPYS Venezuela recordó que, durante una emergencia de esta magnitud, el acceso a información independiente y verificable resulta esencial para documentar las necesidades de la población, supervisar las labores de rescate y garantizar el derecho ciudadano a recibir información completa y plural. La organización exhortó a las autoridades a eliminar restricciones innecesarias y permitir el trabajo libre de los medios de comunicación.
