Luis García Miró Elguera – Expreso
La democracia peruana enfrenta hoy una amenaza de dos cañones. Por una parte, tenemos al etnocacerismo terruco de Antauro Humala, que vuelve a exhibir su pulso mortífero anunciando “matanzas” en caso de que algún gobierno de derecha —en alusión taimada a Keiko Fujimori— se niegue a imponer una nueva Constitución. Por otra parte, aparece la ambigüedad calculada de Roberto Sánchez, intentando mostrarse como defensor de la protesta pacífica, pero preparando el terreno para deslindar responsabilidades cuando la violencia estalle. Es la vieja estrategia de siempre: incitar, agitar, convocar… y luego responsabilizar a los “infiltrados”.
Sánchez insiste en que las movilizaciones deben “respetar la ley” y en que la protesta es un derecho democrático. Pero su discurso es una coartada hipócrita, no una convicción. Mientras él habla de “movilización responsable”, Antauro Humala —su compinche implícito durante esta cruzada— advierte que, “si este gobierno de títeres no acepta nuestras demandas constitucionales, podrían repetirse los episodios de violencia de 2023”. Esto no es una advertencia: es una amenaza.
El exintegrante del GEIN José Luis Gil lo ha dicho con claridad: no habrá guerra civil ni tomas masivas de Lima. Pero sí habrá grupos violentos pequeños que atacarán a la Policía para provocar víctimas y generar caos. Es el clásico manual del extremismo: crear mártires, incendiar la calle, deslegitimar al Estado y, al final, presentarse como la voz del “pueblo indignado”.
A ello se suma un dato inquietante: la fecha elegida por la izquierda radical para movilizar a sus huestes hacia Lima es el 19 de junio, aniversario del llamado “Día de la Heroicidad”, holocausto con el que Sendero Luminoso glorifica el motín sangriento de El Frontón, en 1986. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Guiño simbólico a la violencia como método político? La respuesta es evidente.
La Policía Nacional ha reforzado su presencia en Puno y Ayacucho, regiones donde el extremismo suele encontrar terreno fértil. Mientras tanto, Roberto Sánchez —la cabeza visible de esta asonada en ciernes— intenta lavarse las manos. Afirma que las protestas son “espontáneas” y que él solo “se suma como un llamado a la paz”. Pero todos sabemos que su partido, Juntos por el Perú, está detrás de esta convocatoria. Es la clásica maniobra del político que tira la piedra y esconde la mano.
El abogado Marco Tulio Gutiérrez lo ha manifestado sin rodeos: Sánchez y su entorno buscan prolongar la incertidumbre electoral sembrando dudas sobre los resultados, a pesar de que sus personeros tienen acceso a las actas y a la información oficial de la ONPE. Saben que no han ganado, pero necesitan mantener viva la sospecha para justificar las movilizaciones. La duda es el combustible; la calle, el escenario; la violencia, el objetivo.
Gutiérrez advierte que esta estrategia no solo es irresponsable, sino delictiva. Si las marchas derivan en ataques, destrucción o muertes, Sánchez no podrá escudarse en “infiltrados”. La ley es clara: quien convoca, incita o facilita un escenario de violencia responde penalmente por sus consecuencias.
El Perú ya ha pagado demasiado por semejante irresponsabilidad de los extremistas. No puede permitirse repetir la historia.
