La Junta Nacional de Justicia se ve salpicada por denuncias de chantaje a un juez del Cusco a quien funcionarias exigían miles de soles en Yape a cambio de mantenerlo en el cargo.
LIMA — La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras revelarse una presunta red de extorsión enquistada en su Dirección de Selección y Nombramiento (DSN). Ante la gravedad de los hechos, la institución se vio forzada a emitir este miércoles un pronunciamiento pidiendo al Ministerio Público profundizar las investigaciones que involucran a sus propias funcionarias en cobros ilícitos a magistrados.
El escándalo detonó tras la difusión de informaciones que revelan cómo el juez superior E. R. B. R., nombrado en diciembre de 2024 para el distrito judicial de Cusco, habría sido víctima de sistemáticas exigencias de dinero por parte de personal clave de la DSN para evitar la anulación de su nombramiento.
Red de chantaje dentro del organismo
Las irregularidades en la institución encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales en el país habrían iniciado incluso antes de la designación oficial del magistrado. Según la denuncia, personal de la DSN exigió una primera «colaboración» de S/ 2,000 mediante la aplicación Yape para asegurar su puesto.
Posteriormente, las cobros continuaron bajo constante amenaza y amedrentamiento:
Chantaje institucional: En octubre de 2025, le exigieron un nuevo pago de S/ 2,000 a nombre de la entonces directora de la DSN, B. J. De no pagar, se le amenazó con imputarle una supuesta falsificación de documentos para anular su designación.
Presión y pagos adicionales: Ante el retraso en los abonos, se le advirtió que la subdirectora de la DSN, X. L., ya tramitaba un oficio en su contra. Para frenar la medida, el magistrado desembolsó otros S/ 2,000 a un número vinculado a N. V., hoy testigo en el caso fiscal.
Exigencia millonaria y represalia: En enero de 2026, la presunta red elevó la cuota exigiendo S/ 10,000 a cambio de un informe favorable. Al no conseguir la suma en dos días, en febrero de 2026 la DSN le notificó formalmente el inicio de un procedimiento para anular su cargo.
Investigaciones e impacto institucional
La grave denuncia fue canalizada por la Procuraduría General del Estado y ya está bajo la lupa de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la cual viene requiriendo la documentación necesaria para desarticular a los implicados dentro del organismo.
Aunque la JNJ manifestó en su comunicado que brindará facilidades a la Fiscalía y exigió celeridad para determinar responsabilidades, el caso asesta un duro golpe a la credibilidad de la institución, poniendo en severo cuestionamiento la transparencia de los procesos de selección de jueces y fiscales en el Perú.
