ANP
La periodista de investigación y directora del medio digital Territorio Tomado, Graciela Villasís , viene siendo objeto de hostigamiento legal y advertencias públicas de judicialización tras la publicación del reportaje titulado “Jimmy Pflücker: Los millones de Paltarumi bajo la lupa”, que revela procesos fiscales de los proveedores de la empresa Paltarumi, presuntamente vinculados al lavado de activos y la minería ilegal en la provincia de Pataz (La Libertad).
En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Villasís señaló que la investigación dio cuenta -entre otros puntos- de que el Ministerio Público identificó a 19 proveedores de la empresa acopiadora Paltarumi procesados o investigados por lavado de activos procedente del circuito de minería ilegal en Pataz.
Durante la fase de contrastación previa, el medio solicitó formalmente la versión de la empresa; no obstante, Paltarumi declinó brindar una entrevista aduciendo que “actualmente no están dadas las condiciones de confianza necesarias respecto al tratamiento editorial y periodístico de la información”.
El pedido de descargos se extendió también a los proveedores involucrados en el caso, que se negaron a responder, pero, entre fines de setiembre e inicios de octubre, fueron enviadas en bloque ocho cartas notariales con textos prácticamente idénticos a la directora de Territorio Tomado por parte de Loida Delgado Rodríguez, Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, Ronny Fabricio Sánchez Delgado, Luzdina Leydi Rebaza Sánchez, Robert Alexander Pérez Carranza, Teonila Maura Sánchez Iparraguirre, Roy Kenner La Rosa Toro Sánchez y Marylin Flordelys Rebaza Sánchez.
En las comunicaciones, los remitentes exigieron el cese de las menciones a sus actividades comerciales y amenazaron formalmente con entablar acciones constitucionales, civiles y penales. Así también, la responsabilizaron de “los daños que puedan derivarse de la divulgación malintencionada, imprudente e injustificada de información que comprometa su seguridad o la de sus familias”.
Tras esta acción, el 16 de octubre, Villasís respondió formalmente por la vía notarial ratificando que el reportaje constituye un trabajo riguroso sobre un asunto de máximo interés público y nacional -como es el impacto de la minería ilegal y sus ramificaciones en la seguridad y gobernanza-, desvirtuó cualquier ánimo de condena o difamación y recordó que las notas se sustentan en evidencias objetivas e indagaciones fiscales, tras haberse ofrecido oportunamente los espacios de descargo que las partes decidieron declinar.
Asimismo, el 27 de octubre, el abogado de Paltarumi, Eduardo Roy Gates, se presentó en una entrevista en vivo para rechazar las denuncias, alegando que la empresa se limita a adquirir mineral aurífero. Durante su intervención, Roy Gates descalificó el trabajo periodístico al asegurar que se buscaba “someter en una investigación penal a la empresa a través de un informe falso para perjudicar a las personas”, y profirió una amenaza directa de judicialización contra la reportera: “Es un hecho gravísimo, yo te aseguro que nos vamos a defender con todas las armas que nos permite la ley”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad a la directora de Territorio Tomado, Graciela Villasís, por este intento de amedrentar su trabajo periodístico con el envío de cartas notariales y amenazas de iniciar acciones legales.
La ANP, a partir de este caso, denuncia una vez más que la vía judicial es instrumentalizada como un mecanismo de persecución a periodistas, quienes cumplen con informar hechos de relevancia pública con el rigor que sus denuncias ameritan.
