La presunta comercialización irregular de terrenos en la ciudad de Chachapoyas continúa generando preocupación entre la población, luego de que el Ministerio Público dispusiera la apertura de una investigación preliminar por el presunto delito de usurpación agravada, a raíz de una denuncia relacionada con un predio de aproximadamente 250 hectáreas ubicado en el sector de Higos Urco, donde, según la denuncia, se habrían realizado labores de lotización y cercado del inmueble.
De acuerdo con la disposición fiscal, las diligencias buscan determinar la situación jurídica del terreno, identificar a los presuntos responsables, establecer quiénes adquirieron lotes, verificar la documentación presentada por las partes involucradas y esclarecer la legalidad de las ventas realizadas. Asimismo, se ordenó una investigación preliminar por ocho meses y la práctica de diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, más allá del proceso judicial, la situación ha encendido la alarma entre la población, especialmente porque los principales afectados serían pobladores de las zonas rurales, quienes, con el esfuerzo de años de trabajo, invierten sus ahorros en terrenos ofrecidos por supuestas inmobiliarias, confiando en la legalidad de estas operaciones y terminando, en muchos casos, inmersos en largos conflictos judiciales.
Frente a esta problemática, los vecinos y afectados formularon un severo y enérgico llamado a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y demás entidades involucradas, para que intensifiquen las acciones de control y frenen la proliferación de este tipo de ventas de terrenos, que vienen generando incertidumbre y graves perjuicios económicos a numerosas familias.
Más de un centenar de ciudadanos demandan que se investigue con firmeza a quienes promuevan o participen en la comercialización de predios cuya situación legal no esté plenamente esclarecida, con el objetivo de evitar que más personas sean víctimas de presuntas estafas o conflictos por la propiedad de terrenos.
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