Jindley Vargas
Hay ciudades que mueren por terremotos, inundaciones o guerras. Bagua Grande no: muere a diario, en silencio, cada vez que una madre abre el caño y no sale nada, cada vez que un niño bebe agua sin potabilizar de la quebrada Goncha, cada vez que un camión cisterna reparte el líquido como un favor y no como un derecho. Y cuando no hay tuberías, la gente recurre al río Utcubamba, ese que arrastra basura y desagües de los pueblos de arriba, ese que ya no es fuente de vida, sino de enfermedad. A Bagua Grande no solo le robaron el agua: le dejaron un caudal contaminado que lo obliga a elegir entre la sed y el veneno.
Y mientras eso pasa, los mismos nombres, las mismas promesas, las mismas firmas. La historia del agua en Bagua Grande no es la de una ingeniería fallida: es la de un saqueo institucionalizado disfrazado de obra pública. Es la crónica de cómo, durante casi veinte años, gobernadores y alcaldes usaron la sed del pueblo como combustible electoral, cobraron consultorías millonarias, firmaron contratos que terminaron en la basura y dejaron una estela de expedientes «bamba», obras fantasma y una impunidad que huele a pacto de silencio.
Hoy, cuando la Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas ante el «grave déficit hídrico que amenaza a la población de Amazonas», y cuando los contendores a segunda vuelta prometen cambios, es momento de refrescar la memoria. Porque el agua que hoy no llega no se perdió en el camino: se la robaron en el camino. Y los responsables tienen nombre, apellido y partido. La Defensoría exige respuestas en cinco días. La Contraloría ya advirtió del desastre. El Congreso investiga. Pero mientras la política siga reciclando a los mismos nombres, el agua seguirá sin llegar.
EL PECADO ORIGINAL: ALTA VISTA Y LA PRIMERA ESTAFA
Corría el año 2007. Óscar Altamirano acababa de asumir el Gobierno Regional de Amazonas. La obra de agua y alcantarillado de Bagua Grande era su promesa estrella. Firmó el contrato con el Consorcio Alta Vista por más de S/ 25 millones. La promesa: agua potable para todos, planta de tratamiento incluida.
Dos años después, en diciembre de 2009, el mismo gobierno que la había contratado tuvo que resolver el contrato. Alta Vista había abandonado la obra con un avance menor al 65%. Dejó un reservorio que se inclinaba porque las zapatas eran demasiado cortas, dejó buzones colmatados de desmonte, dejó un tendido de tuberías que nunca funcionó.
La Contraloría hizo su trabajo. El Informe N° 428-2012, con el sello de «CONFIDENCIAL», documentó lo que cualquier ciudadano de Bagua Grande sospechaba: Alta Vista había cambiado a los ingenieros del plantel técnico por «sujetos empíricos» que hicieron sus prácticas en la obra; había recibido adelantos millonarios por materiales que nunca llegaron; había cobrado valorizaciones por trabajos que no existían.
¿Qué pasó con ese informe? Nada. Absolutamente nada.
EL SEGUNDO ACTO: ARISTA, EL BLINDAJE Y LOS 17 MILLONES QUE SE ESFUMARON
En 2011, José Arista asumió el Gobierno Regional. Heredaba una obra inconclusa, un contrato resuelto y un informe confidencial de la Contraloría que recomendaba denunciar penalmente a los responsables de la gestión anterior y cobrar las penalidades a Alta Vista.
¿Qué hizo Arista? Tirar el informe al tacho.
La Contraloría había dejado constancia de que de los S/ 28 millones asignados, Alta Vista solo había gastado S/ 11.3 millones. Quedaban más de S/ 17 millones para culminar la obra. Con ese dinero se debía terminar la laguna de oxidación, los tanques de agua, la captación de Goncha. Con ese dinero, Bagua Grande podía tener agua.
Arista se gastó los 17 millones sin lograr su cometido. Cuando Gilmer Horna recibió el gobierno en 2015, encontró en las cuentas de la obra de agua de Bagua Grande la suma de… S/ 5,000 soles. Cinco mil soles. Para una ciudad de más de 100,000 habitantes que llevaba años esperando agua.
Y aquí el dato que los ciudadanos deben conocer: en abril de 2024, cuando José Arista era ministro de Economía, tuvo que presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Allí admitió que incumplió su promesa de campaña de dar agua potable a Bagua Grande cuando fue gobernador. Se excusó diciendo que «el proveedor se fue sin culminar la obra» y que «no dejó el expediente técnico». Pero los archivos periodísticos de 2011 muestran que su propia gestión ya arrastraba problemas con el expediente técnico, rechazado por los organismos de control. Es decir, culpó a Alta Vista de lo que su gobierno tampoco supo resolver.
EL TERCER ACTO: HORNA, ALTAMIRANO Y EL CIRCO DE LAS PROMESAS RECICLADAS
Gilmer Horna asumió el Gobierno Regional en 2015. Prometió agua para Bagua Grande. En mayo de 2018, con bombos y platillos, firmó un convenio para la ejecución del proyecto integrado de agua potable y alcantarillado de Bagua Grande. El diario local Semana Nororiente fue lapidario: era «la tercera vez» que los bagüinos se alegraban por el mismo anuncio. Horna terminó su gestión sin que la obra de Bagua Grande se concretara.
En 2019 volvió Altamirano, el mismo que había contratado a Alta Vista y lo dejó abandonar la obra. En su segundo mandato tampoco hizo nada por el agua. En agosto, como un engaña muchachos, su gestión contrató a un consorcio para elaborar el expediente técnico del saldo de obra por S/ 5,685,948.00, con un plazo de ocho meses. El expediente nunca se entregó, el consorcio fue penalizado, y todo quedó bajo la alfombra. En 2021, su gerente subregional se reunió con Castillo para pedirle que «agilice» el proyecto, que seguía en elaboración del expediente. Catorce años después del primer contrato con Alta Vista, seguían pagando por estudios. Y en abril de 2022, el Ministerio Público allanó los inmuebles de Altamirano por presunta banda criminal y enriquecimiento ilícito.
Y en 2023, Horna volvió. Como si el pueblo tuviera memoria de pez. Pero esta vez, el anuncio no fue para Bagua Grande, sino para Bagua, la otra provincia. En mayo de 2025, su gobierno recibió una transferencia de S/ 15.7 millones del Ministerio de Vivienda para reactivar el proyecto de agua potable de la ciudad de Bagua, paralizado desde 2015. Bagua Grande, mientras tanto, seguía esperando. La misma canción, con otro nombre. La misma promesa, veinte años después. La misma sed.
EL CUARTO ACTO: LOS ALCALDES Y EL CIRCO DE LOS MILLONES
Mientras los gobernadores se pasaban la pelota, los alcaldes de Utcubamba hacían su propio viacrucis.
Segundo Hernández Vásquez (2007-2010) gobernó Bagua Grande durante la primera gestión de Altamirano. Mientras el gobernador hacía sus arreglos con Alta Vista, Hernández Vásquez administraba la ciudad que esperaba el agua prometida. La obra se abandonó en 2009 y, aunque la gestión municipal no tenía competencia directa sobre el contrato regional, la somera fiscalización que realizó exigiendo responsabilidades fue invisibilizada por Altamirano. El contrato se resolvió desde el Gobierno Regional y la ciudad quedó con las manos vacías. Fue el inicio del «borrón y cuenta nueva».
Milecio Vallejos Bravo (2011-2014) estuvo en la alcaldía cuando José Arista llegó al Gobierno Regional y blindó a Altamirano y a Alta Vista, pese a que la Contraloría ya había expuesto sus irregularidades en un informe confidencial. Durante su gestión, los más de S/ 17 millones que quedaban para la obra del agua se esfumaron y la Municipalidad, en lugar de exigir explicaciones o fiscalizar el destino de esos fondos, optó por el silencio. La ciudad seguía sin agua, y la impunidad se consolidaba.
Manuel Izquierdo (2015-2018) enfrentó la furia del pueblo. En 2016, el Frente de Defensa de Utcubamba inició un paro indefinido exigiendo la culminación de la obra de agua y la transferencia de la EPSMU al Ministerio de Vivienda: la ciudad solo recibía agua 4 horas al día, entubada de la quebrada Goncha y sin potabilizar. Izquierdo respondió con indiferencia y se negó a recibir a los dirigentes. La presión creció y en noviembre de 2017 el JNE declaró fundada su vacancia por irregularidades en los contratos de agua y alcantarillado de La Victoria, La Versalla, Cruce El Pintor y Quebrada Seca. El alcalde que debía fiscalizar el agua terminó vacado por manejos irregulares en una obra de agua. Horna fue el gran ausente.
Williams Zumaeta Lucero (2017-2018) asumió la alcaldía tras la vacancia de Izquierdo. Era regidor de la Municipalidad cuando estalló el escándalo que derivó en la vacancia de su antecesor. Es decir, estaba en el Concejo cuando se aprobaron los contratos irregulares que él mismo luego heredó administrar. Durante su breve gestión, no impulsó ninguna investigación ni exigió rendición de cuentas por los contratos que él mismo había avalado como regidor. La obra de agua siguió sin rumbo, y la cadena de responsabilidades no se rompió: se recicló.
Hidelfonso Guevara Honores, «Papilón» (2019-2021), gestó la obra por bombeo. A diferencia de sus antecesores, tomó la iniciativa desde la comuna. En agosto de 2020, su gestión ya movía el proyecto de agua potable para San Luis y parte baja: captación, planta de tratamiento, estaciones de bombeo, reservorio y línea de aducción. La obra nació bajo su mandato. La ejecución estaba por iniciar. Pero la pandemia y su muerte truncaron todo. Guevara falleció el 13 de marzo de 2021, víctima del COVID-19. Su cuerpo fue llevado en procesión al proyecto del sistema de bombeo, la obra que anhelaba. El alcalde que la gestó murió sin verla funcionar.
Alan García Pérez (2021-2022) asumió la alcaldía tras la muerte de «Papilón». En octubre de 2021 se reunió con el ministro de Vivienda y con Altamirano para gestionar el financiamiento del saldo de obra del proyecto por bombeo. Prometió gestionar. Salió del cargo sin que la obra se culminara. La misma que hoy, con 18 millones asignados, sigue paralizada.
Diógenes Celis Jiménez (2023-2026) asumió en 2023. A semanas de irse, enfrenta la mayor crisis hídrica de los últimos años. La Defensoría del Pueblo le exigió un Escenario de Riesgo por Peligro Inminente y coordinar con el Gobierno Regional para evaluar la declaratoria de emergencia. Le dio cinco días hábiles. ¿Responderá o hará como sus antecesores, que dejaron que la sed se convierta en rutina? Y hay un detalle con ironía cruel: en julio de 2011, un notario de Bagua Grande llamado Diógenes Celis Jiménez declaró sobre la obra de Alta Vista: «La empresa Altavista generó una serie de deficiencias por lo que esta obra no se concluyó. Debe terminarse y bien hecha para el bienestar de la población». Ese notario es hoy el alcalde que tiene la obra paralizada y que, según las denuncias, pretende cerrarla sin asumir las consecuencias.
LA LÍNEA DE TIEMPO QUE NADIE DEBE OLVIDAR
• 2007-2010: Segundo Hernández Vásquez es alcalde de Utcubamba. Altamirano contrata a Alta Vista por S/ 25 millones. La obra se abandona en 2009. Las responsabilidades exigidas, se fueron al tacho.
• 2011-2014: Milecio Vallejos Bravo es alcalde. Arista archiva el informe de la Contraloría y se esfuman los S/ 17 millones restantes. La Municipalidad no dice nada.
• 2015-2017: Manuel Izquierdo Alvarado es alcalde. Enfrenta el paro de 2016 por el agua. En noviembre de 2017, el JNE declara fundada su vacancia por irregularidades en contratos de agua y alcantarillado.
• 2017-2018: Williams Zumaeta Lucero asume la alcaldía por sucesión tras la vacancia de Izquierdo. Completa el período 2015-2018. La obra de agua sigue sin rumbo.
• 2019-2021: Hidelfonso Guevara Honores, «Papilón» es alcalde. Gesta la obra por bombeo desde la Municipalidad. Muere en la pandemia en marzo de 2021 sin verla funcionar.
• 2021-2022: Alan García Pérez asume la alcaldía tras la muerte de «Papilón». En octubre de 2021 se reúne con el ministro de Vivienda para gestionar el financiamiento del saldo de obra del proyecto por bombeo que la Municipalidad ejecutaba. Tampoco logra culminar la obra.
• 2023-2026: Diógenes Celis Jiménez asume la alcaldía. Hereda la obra por bombeo paralizada, con la PTAP fantasma y las cámaras de bombeo reducidas. La crisis hídrica estalla. La Defensoría del Pueblo interviene y le exige respuestas en cinco días hábiles.
• 2026: Bagua Grande sigue sin agua potable las 24 horas. La obra que Papilón inició con esperanza es la misma que Celis pretende cerrar sin asumir las consecuencias.
LA PREGUNTA QUE INCOMODA:
¿Cuántas veces más van a firmar convenios? ¿Cuántas consultorías más van a pagar? ¿Cuántos expedientes técnicos más van a «actualizar» mientras la gente sigue tomando agua de barro?
La respuesta es simple: hasta que la ciudadanía aprenda a votar y a reclamar. Hasta que el agua deje de ser un caballito de batalla electoral y se convierta en una exigencia con memoria. Hasta que los nombres de quienes se han burlado de Utcubamba se lean no como una lista de gobernantes, sino como una lista de deudores.
Bagua Grande no necesita otro estudio. No necesita otra consultoría. No necesita otro anuncio con gigantografías. Necesita que alguien, de una vez por todas, abra la caja de Pandora de los S/ 25 millones del contrato original con Alta Vista, de las valorizaciones falsas por obras que nunca existieron, de los S/ 17 millones que se esfumaron en la gestión de Arista, de los S/ 5.6 millones pagados al consorcio LANR PERÚ por un expediente técnico que nunca entregó, de los S/ 18 millones del proyecto de bombeo que fracasó y de la PTAP que jamás se instaló. Que se investigue cada sol, cada firma, cada adenda.
Porque el agua no se mendiga. Se conquista. Y la conquista empieza por no olvidar quiénes fueron los que, durante veinte años, se bebieron el agua de Bagua Grande a sorbos de corrupción.
