CONTRALORÍA ESTABLECE OBLIGACIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LAS AUTORIDADES QUE CULMINAN SU MANDATO. EN AMAZONAS, LOS ALCALDES PROVINCIALES, DISTRITALES Y EL GOBIERNO REGIONAL DEBERÁN INFORMAR SOBRE OBRAS, DEUDAS, PRESUPUESTOS, BIENES Y PROYECTOS PENDIENTES.
CHACHAPOYAS, AMAZONAS. – ¡Se acabó la costumbre de abandonar el despacho municipal sin explicar qué se hizo con el dinero del pueblo!
La Contraloría General de la República ha establecido disposiciones para la rendición de cuentas de las autoridades regionales y municipales que culminan su periodo de gobierno en diciembre de 2026, con el propósito de fortalecer la transparencia, facilitar la transferencia de gestión y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La medida, vinculada con la Resolución de Contraloría N.° 344-2026-CG, busca que las autoridades salientes entreguen información documentada sobre la administración de los recursos públicos y la situación en que dejan las instituciones.
No se trata solamente de entregar las llaves de una municipalidad o de una oficina regional. Se trata de explicar cómo se administraron los presupuestos, qué obras se ejecutaron, cuáles quedaron inconclusas y qué compromisos deberán asumir las nuevas autoridades.
ALCALDES DEBERÁN EXPLICAR EN QUÉ SE GASTÓ EL DINERO PÚBLICO
La rendición de cuentas comprende información relacionada con la gestión financiera, administrativa y patrimonial de las entidades.
Entre los aspectos que deberán ser transparentados figuran el estado de las obras públicas, los proyectos de inversión, las obligaciones financieras, los bienes institucionales y la documentación necesaria para garantizar la continuidad de la gestión.
Esta información resulta fundamental para evitar que los nuevos alcaldes y gobernadores encuentren municipalidades con expedientes incompletos, obras abandonadas, deudas desconocidas o proyectos sin documentación suficiente.
La transferencia de gestión debe permitir que las autoridades entrantes conozcan la situación real de las instituciones que recibirán.
¿QUÉ PASARÁ CON LAS OBRAS PARALIZADAS Y LOS PROYECTOS INCONCLUSOS?
Uno de los principales cuestionamientos ciudadanos a las gestiones salientes está relacionado con las obras que no llegan a concluirse.
En Amazonas, la población tiene derecho a conocer qué ocurrió con los presupuestos destinados a carreteras, puentes, sistemas de agua potable, alcantarillado, instituciones educativas, establecimientos de salud y otras inversiones públicas.
La rendición de cuentas deberá facilitar la identificación de proyectos culminados, obras pendientes y compromisos contractuales que requieran continuidad.
También permitirá examinar las razones documentadas de eventuales retrasos, paralizaciones o modificaciones presupuestales.
Sin embargo, es importante precisar que una obra inconclusa no demuestra automáticamente la existencia de corrupción. Para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales se requieren evaluaciones técnicas y procedimientos realizados por las autoridades competentes.
AMAZONAS: LA CIUDADANÍA EXIGE CONOCER LA VERDADERA SITUACIÓN DE SUS MUNICIPALIDADES
La disposición adquiere especial importancia para las siete provincias de Amazonas: Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.
En cada una de ellas, las autoridades salientes deberán cumplir las obligaciones de rendición de cuentas y transferencia de gestión que correspondan conforme a la normativa aplicable.
Lo mismo ocurrirá en los gobiernos distritales y en el Gobierno Regional Amazonas.
La población necesita respuestas concretas sobre el estado de los proyectos públicos y los recursos administrados durante el periodo de gobierno.
¿Cuántas obras se terminaron realmente? ¿Cuánto dinero se comprometió y ejecutó? ¿Qué deudas y obligaciones quedarán pendientes para las nuevas autoridades?
Estas interrogantes deben responderse con documentos oficiales y datos verificables.
LA CONTRALORÍA Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL TIENEN UNA RESPONSABILIDAD FUNDAMENTAL
La rendición de cuentas constituye una herramienta de transparencia, pero su utilidad dependerá de la calidad, integridad y oportunidad de la información presentada.
Corresponde a las instancias competentes verificar el cumplimiento de las obligaciones y, cuando se identifiquen indicios de irregularidades, disponer las acciones de control o investigación que resulten pertinentes.
La documentación entregada también puede facilitar que las nuevas autoridades determinen prioridades, continúen inversiones y eviten interrupciones innecesarias en los servicios públicos.
Una transferencia ordenada no significa borrar las responsabilidades de la gestión anterior ni autoriza a la nueva administración a desconocer obligaciones institucionales válidamente asumidas.
LOS CIUDADANOS TAMBIÉN DEBEN FISCALIZAR
La vigilancia ciudadana será indispensable para que la rendición de cuentas no termine convertida en un simple procedimiento administrativo.
Las organizaciones sociales, juntas vecinales, frentes de defensa y medios de comunicación pueden contribuir solicitando información pública y examinando los resultados de las gestiones.
En Amazonas, donde numerosas comunidades reclaman mejores servicios básicos y la culminación de obras, resulta fundamental que la ciudadanía conozca qué se hizo con los presupuestos y cuáles son los compromisos pendientes.
¡EL DINERO DEL PUEBLO DEBE TENER EXPLICACIONES!
Desde Radio Reina de la Selva consideramos necesario que las autoridades salientes informen con claridad y documentos sobre el estado de sus administraciones.
No basta con presentar balances generales ni enumerar inauguraciones. La ciudadanía necesita conocer resultados, dificultades, obligaciones pendientes y el destino de los recursos públicos.
Tres preguntas que deberán responder las autoridades salientes:
Primera: ¿Qué obras y proyectos dejarán concluidos y cuáles pasarán a la siguiente administración con financiamiento o ejecución pendiente?
Segunda: ¿Cuál es la situación real de las cuentas, deudas, compromisos contractuales y bienes públicos de cada entidad?
Tercera: ¿Qué documentación y acciones permitirán garantizar que las nuevas autoridades continúen los servicios y proyectos sin perjudicar a la población?
¡Los cargos públicos son temporales, pero la obligación de responder por los recursos del Estado permanece!
¡Que ningún alcalde ni gobernador pretenda convertir el cambio de gestión en un borrón y cuenta nueva!
Porque el presupuesto público no pertenece a quienes gobiernan: pertenece a todos los peruanos y debe administrarse con legalidad, transparencia y responsabilidad.
Referencia normativa proporcionada: Resolución de Contraloría N.° 344-2026-CG.
