Fiscalía logró condena contra exevaluador de proyectos por aprobar como conforme un expediente técnico que presentaba deficiencias y que terminó generando adicionales de obra por más de S/281 mil.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Amazonas logró una nueva sentencia condenatoria contra un exfuncionario del Gobierno Regional Amazonas involucrado en un caso de negociación incompatible.
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chachapoyas impuso a Ricardo Vega, exevaluador de proyectos de la Subgerencia de Estudios del GOREA, 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad suspendida, además de 210 días-multa, equivalentes a S/1.977,50.
Asimismo, se le impuso dos años de inhabilitación para ejercer función pública y el pago de S/15.000 por concepto de reparación civil.
¿QUÉ OCURRIÓ?
Los hechos se remontan al año 2017, cuando Vega se desempeñaba como Evaluador de Proyectos de la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional Amazonas.
En ese entonces, tuvo a su cargo la revisión del expediente técnico de una obra ubicada en Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, provincia de Bongará.
Según la investigación fiscal, pese a que el expediente presentaba deficiencias, el entonces funcionario emitió un informe señalando que se encontraba conforme.
Esta actuación permitió posteriormente la aprobación de dos adicionales de obra por más de S/281 mil, los cuales habrían beneficiado al contratista encargado de ejecutar el proyecto.
EL PERJUICIO: MÁS DE S/249 MIL
Las pericias realizadas durante la investigación determinaron un perjuicio patrimonial de S/249.573,40, derivado de las deficiencias que presentaba el expediente técnico.
El caso fue llevado a juicio oral por el Fiscal Adjunto Provincial Carlos Alberto Bustamante Díaz, quien presentó los medios probatorios que permitieron obtener la sentencia condenatoria.
CORRUPCIÓN: RESPONSABILIDADES QUE DEBEN ESTABLECERSE
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia del control previo y de la responsabilidad de los funcionarios que intervienen en la aprobación de expedientes técnicos y adicionales de obra.
Un informe técnico que da por conforme un expediente deficiente puede terminar convirtiéndose en un problema económico para el Estado y, finalmente, para todos los ciudadanos.
