La Municipalidad Provincial de Chachapoyas (MPCH), atraviesa una situación fiscal crítica al enfrentar procesos inminentes de embargo por multas impuestas por SUNAFIL, ESSALUD, OEFA entre otras obligaciones judiciales de pago que superan los S/ 3 millones y $106 mil.
Pero en lugar de asumir responsabilidades, la gestión del alcalde Percy Zuta Castillo está optando por una maniobra desesperada: declarar, mediante una ordenanza municipal, que las 21 cuentas bancarias en el Banco de la Nación sean consideradas como bienes de “dominio público, intangibles e inembargables”.
Con esta acción pretende blindar las cuentas para evitar que los diversos acreedores, incluidos trabajadores, proveedores y entidades públicas, puedan ejecutar los pagos que legalmente les corresponden. Una ridícula estrategia que solo intenta esconder el problema bajo la alfombra.
Lo más grave es que las sanciones en curso no son producto del azar, sino consecuencia directa de una negligencia funcional reiterada por parte de funcionarios designados sin criterios de meritocracia que han fallado sistemáticamente: primero, en el ejercicio de sus funciones; y luego, en levantar las observaciones técnicas, administrativas y legales que, de haberse atendido con fundamento y responsabilidad, habrían evitado las millonarias acciones coactivas que hoy afectan a la entidad.
Cabe indicar que la ordenanza propuesta no deslinda responsabilidades; por el contrario, blindando a quienes han incumplido sus funciones, pretende hacer “perro muerto” a los acreedores.
Mientras tanto, el alcalde continúa con su estilo “suavecito”, más enfocado en viajecitos de placer y actos protocolares que en enfrentar la crisis institucional que su gestión ha generado.
Y como si todo esto no bastara, de cara a las elecciones que se avecinan, sus acciones se tornan cada vez más patéticas y desesperadas, revelando a un alcalde que ya tiró la toalla, y que, en lugar de asumir con firmeza el cierre de su gestión, recurre a medidas absurdas para proteger a sus allegados y a maniobras ridículas para capear sus responsabilidades, con cuya actitud viene insultando de manera reiterada la inteligencia de una población que exige, con razón, que deje de escaparse fuera de la ciudad cada vez que tiene que realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas.
“No sorprende que el área de asesoría legal, que debería ser un órgano técnico y garante del orden constitucional, se comporte como una oficina decorativa, validando cualquier ocurrencia que venga del despacho del ‘suavecito’ alcalde”, indicó un ciudadano consultado sobre el tema.
“Aquí, claramente, no se interpreta la ley como se debe, sino que se la acomoda funcionalmente a la medida del apuro político. Total, ¿qué importa la jerarquía normativa cuando lo que se busca es salvar el pellejo de los protegidos y dejar a los acreedores pateando latas?”, concluyó.
“Así funciona la república bananera del ‘suavecito’: con ordenanzas que pretenden estar por encima de los jueces, y con funcionarios que creen que el Derecho se redacta en sesiones de concejo, no en la Constitución”, indicó otra ciudadana.
Fuente: Diario Ahora
