PRODUCTORAS DENUNCIAN QUE LOS TRABAJOS DEL CONSORCIO VIAL SANTO TOMÁS II HABRÍAN PROVOCADO DESLIZAMIENTOS, DESTRUCCIÓN DE CANALES DE AGUA Y MORTANDAD DE TRUCHAS. EXIGEN INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANTE EL RIESGO DE PERDER SU PRODUCCIÓN Y SUSTENTO FAMILIAR.
Luya: AMAZONAS. – Una grave situación de emergencia productiva y ambiental se registra en el anexo Puente Santo Tomás, donde dos piscigranjas dedicadas a la crianza de truchas enfrentan serias dificultades por los deslizamientos de tierra y rocas que, según denuncian sus propietarias, estarían relacionados con los trabajos de mejoramiento vial mediante tratamiento superficial bicapa en la carretera que conecta este anexo con el distrito de Santo Tomás.
La productora Lucila Rojas denunció públicamente que los trabajos ejecutados por el Consorcio Vial Santo Tomás II, en una obra a cargo del Gobierno Regional Amazonas, habrían provocado sucesivos derrumbes que obstruyeron y dañaron gravemente el canal de abastecimiento de agua de su centro de producción.
La situación también afecta a la piscigranja de su prima, Nancy Rojas, ubicada en el mismo sector.
Entre ambos establecimientos mantienen, según las estimaciones proporcionadas por Lucila Rojas, aproximadamente entre 600 mil y 650 mil truchas de diferentes tamaños, cuya supervivencia depende del suministro permanente de agua en condiciones adecuadas.
TRES EMERGENCIAS EN POCOS MESES Y NINGUNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
Durante una entrevista concedida a Radio Reina de la Selva, Lucila Rojas relató que los problemas comenzaron cuando los trabajos de la carretera generaron, según su versión, acumulaciones de tierra y piedras en el sector conocido como Río Seco.
La productora sostiene que esta situación habría provocado inestabilidad del terreno y un desplazamiento de material hacia el cauce, ocasionando una obstrucción y la formación de una especie de embalse.
Ante estos hechos, las afectadas presentaron comunicaciones y denuncias ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Dirección Regional de la Producción y la Autoridad Local del Agua.
Según manifestó, las primeras actuaciones se realizaron durante mayo de este año, pero hasta la fecha no se habría conseguido una solución definitiva.
El segundo episodio ocurrió el 14 de septiembre, cuando otro deslizamiento, que la denunciante relaciona con las actividades de construcción, bloqueó el canal que abastece de agua a las piscigranjas.
Lucila Rojas recuerda que, al advertir que sus instalaciones se estaban quedando sin agua, solicitó desesperadamente el apoyo de los trabajadores y profesionales que se encontraban en el lugar.
«Yo llorando, con lágrimas en los ojos, les supliqué que nos ayudaran a limpiar el canal. Les dije: por favor, mis truchas se mueren».
La productora afirma que no recibió la ayuda inmediata que necesitaba y que tuvo que recurrir a sus propios trabajadores para retirar las piedras y restablecer parcialmente el suministro.
EL 18 DE OCTUBRE SE PRODUJO UN NUEVO DERRUMBE QUE DESTRUYÓ EL CANAL
La situación se agravó nuevamente durante la madrugada del domingo 18 de octubre.
Según la denuncia, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, Lucila Rojas comprobó que el nivel de agua en su piscigranja había descendido prácticamente a cero.
Al dirigirse hacia la captación, encontró un nuevo deslizamiento de rocas y tierra que había destruido parte de la infraestructura del canal.
Las fotografías proporcionadas muestran grandes bloques de piedra, acumulaciones de material rocoso, tramos de canal afectados y maquinaria pesada en el sector de los trabajos viales.
Sin embargo, la relación causal entre las actividades de construcción y los derrumbes deberá determinarse mediante una evaluación técnica especializada.
Lo más preocupante es que, según la productora, hasta este domingo 25 de octubre, una semana después del último incidente, el canal todavía no había sido rehabilitado completamente.
Para evitar una mortandad mayor, las afectadas tuvieron que improvisar una conducción de agua desde la piscigranja vecina, utilizando el flujo de salida de sus instalaciones.
Esta medida de emergencia, según Lucila Rojas, no garantiza las condiciones adecuadas para mantener la producción.
TRUCHAS MUEREN DIARIAMENTE Y PRODUCTORAS ADVIERTEN PÉRDIDAS ECONÓMICAS
La denuncia adquiere mayor gravedad por las consecuencias sanitarias que estarían experimentando los peces.
Lucila Rojas asegura que sus truchas presentan problemas que describe como diarreas, infecciones y hongos, además de una mortalidad que se estaría registrando diariamente.
Las fotografías entregadas muestran varios ejemplares muertos, algunos con lesiones visibles. No obstante, será necesario un examen sanitario para establecer las causas de la mortalidad y determinar si están relacionadas con la calidad del agua, la interrupción del abastecimiento u otros factores.
La productora también denuncia que, entre enero y abril, la turbidez del agua habría afectado la alimentación de los peces, ocasionando retrasos en su crecimiento y perjuicios económicos.
«Todos los días sacamos truchas muertas, medio balde, un balde. Todos los días es el mismo problema».
El impacto económico no solamente compromete la inversión de las propietarias, sino también el empleo de las personas que trabajan en ambas piscigranjas.
Las productoras mantienen obligaciones financieras, gastos de alimentación, mantenimiento y compromisos familiares que dependen directamente de esta actividad.
PRODUCTORAS CUESTIONAN INACCIÓN DEL CONSORCIO, SUPERVISIÓN Y GOBIERNO REGIONAL
Otro aspecto preocupante es la presunta falta de respuesta oportuna de las instituciones y empresas involucradas.
Lucila Rojas sostiene que ha participado en reuniones con representantes del consorcio ejecutor, de la supervisión de la obra y del Gobierno Regional Amazonas.
Sin embargo, afirma que ninguna de estas instancias habría asumido responsabilidad por los daños denunciados.
También cuestionó la actuación de la Dirección Regional de la Producción, cuyos representantes, según indicó, visitaron anteriormente las instalaciones, tomaron fotografías y recogieron información, pero no habrían implementado medidas suficientes para solucionar el problema.
La productora manifestó que las investigaciones fiscales continúan, mientras la mortalidad de los peces y las pérdidas económicas no se detienen.
Es necesario que las entidades involucradas informen públicamente qué acciones han realizado, qué medidas correctivas se han dispuesto y quién tiene la responsabilidad técnica de garantizar que la obra vial no afecte las actividades productivas existentes.
URGE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Frente a esta emergencia, resulta indispensable que el Gobierno Regional Amazonas, a través de las áreas competentes, disponga una inspección técnica inmediata en el sector Puente Santo Tomás.
La evaluación debe determinar las condiciones de estabilidad de los taludes, la magnitud de los daños en el canal, los riesgos de nuevos deslizamientos y las medidas necesarias para restablecer un suministro de agua seguro.
Asimismo, corresponde que la Dirección Regional de la Producción realice una evaluación sanitaria de los peces y que la Autoridad Local del Agua verifique las condiciones de captación y abastecimiento.
La empresa ejecutora y la supervisión deberán presentar sus informes técnicos para esclarecer si los trabajos de construcción guardan relación con los daños denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan.
También será necesario cuantificar las pérdidas económicas mediante un procedimiento técnico documentado.
¡NO SE PUEDE CONSTRUIR UNA CARRETERA A COSTA DE DESTRUIR LA PRODUCCIÓN!
La ejecución de infraestructura vial es fundamental para mejorar la conectividad y promover el desarrollo de los pueblos de Amazonas.
Sin embargo, ninguna obra pública puede desentenderse de los riesgos que sus actividades pudieran generar sobre los recursos hídricos, las instalaciones productivas y la economía de las familias.
Las fotografías y el testimonio de las afectadas ameritan una intervención urgente, sin esperar que la situación se agrave.
¿Dónde están los responsables de supervisar los trabajos? ¿Qué medidas de prevención se adoptaron para proteger los canales de abastecimiento? ¿Quién responderá si se comprueba que los trabajos ocasionaron la mortandad de las truchas y las pérdidas económicas?
Estas preguntas deben ser respondidas por el Gobierno Regional Amazonas, el consorcio ejecutor y la supervisión de la obra.
Mientras tanto, Lucila Rojas y Nancy Rojas continúan luchando por preservar una actividad productiva construida con esfuerzo, inversión y años de trabajo.
¡Santo Tomás necesita su carretera, pero también necesita proteger sus fuentes de agua, sus piscigranjas y el sustento de sus familias!
Porque una obra que pretende llevar desarrollo no puede convertirse, por falta de prevención o atención oportuna, en una amenaza para quienes viven de su trabajo.
