En Comisión de Transportes y Comunicaciones
Con la finalidad de fortalecer la seguridad vial y contribuir a la prevención del delito, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que propone la Ley que establece la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación para obtener una nueva licencia en caso de personas condenadas por delitos cometidos con vehículo motorizado.
La iniciativa legislativa se sustenta en el Proyecto de Ley 10465/2024-CR), cuya autora es la congresista Jeny López Morales (bancada FP). Obtuvo 15 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.
De acuerdo con el titular de este grupo de trabajo, Juan Carlos Mori Celis (bancada AP), la “oportunidad de la iniciativa se vincula con el contexto actual de inseguridad ciudadana y la percepción de incremento de delitos cometidos mediante el uso de motocicletas y otros vehículos motorizados”.
“En ese sentido, resulta pertinente que el legislador evalúe medidas orientadas a reforzar los mecanismos de control y prevención”; y para ello, “introduce como requisito indispensable la existencia de una sentencia condenatoria firme para la aplicación de la sanción, lo que garantiza el respeto del debido proceso y la seguridad jurídica”.
Asimismo, señaló, “incorpora criterios de gradualidad en función de la gravedad del delito, diferenciando entre delitos sin violencia, con violencia o intimidación, y aquellos que afectan la vida o la integridad personal, permitiendo una respuesta sancionadora proporcional”.
La fórmula legal contiene ocho artículos y una Disposición Complementaria Final.
REGULACIÓN
De inmediato, se aprobó el dictamen que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
El dictamen se sustenta en los proyectos de ley 9877/2024-CR, 10632/2024-CR, 11065/2024-CR, 11163/2024-CR, 11650/2024-CR, 12510/2025-CR y 12583/2025-CR. Obtuvo 18 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.
Juan Carlos Mori Cleis manifestó que “el problema público identificado es claro: el incremento de la criminalidad organizada y de los delitos como extorsión, secuestro y estafas digitales que utilizan chips extranjeros, SIM no registradas, numeración virtual, y tecnologías como grooming (…), para evadir el rastreo policial”.
“Esta situación genera vacíos normativos que limitan la capacidad de la Policía Nacional para acceder a datos de localización en tiempo real, produciendo espacios de impunidad”, expresó.
“La fórmula legal propuesta en el texto sustitutorio”, dijo, “resuelve este problema mediante una reforma integral del Decreto Legislativo 1182 modificando los artículos 2, 3, primer párrafo y se incorporan los literales d, e, f, g y h; 4; 5, párrafos 5.2, 5.3 y 5.4 y se incorpora el párrafo 5.5; y 6
El Decreto Legislativo 1182 regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
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