Diario expreso – Katherine Ampuero Meza
La reciente visita clandestina realizada por el presidente José Jeri a un empresario chino en su restaurante Zhihua Yang despierta serias alertas por la forma y circunstancias en las que esta se ha realizado. Cuando un acto de gobierno se cubre de sombras, huele a hechos irregulares que deben investigarse y transparentarse. La confianza ciudadana se construye con transparencia, rendición de cuentas y coherencia.
La historia reciente nos obliga a ser cautelosos. El país aún no termina de procesar los episodios del gobierno del expresidente Pedro Castillo; sin embargo, ahora sentimos que hemos pasado de “Serratea al chifa” y hemos reemplazado el “sombrero por la capucha”, normalizando encuentros fuera del escrutinio público, agendas paralelas y explicaciones tardías. Aquella experiencia nos dejó una lección dolorosa: la opacidad es el caldo de cultivo de la corrupción. Por eso, frente a la visita clandestina del actual mandatario, resulta inevitable pensar que estamos ante más de lo mismo.
Un presidente de la República no es un ciudadano cualquiera. Es el más alto funcionario del Estado, depositario de la confianza popular y garante del correcto funcionamiento de la administración pública. Esa investidura conlleva obligaciones reforzadas: informar, explicar y rendir cuentas. Señalar que se trató de una reunión privada no basta cuando el cargo convierte cada encuentro en un potencial acto de interés público. La obligación de un presidente es darnos una explicación clara, completa y verificable sobre el motivo, los participantes, los temas que trataron y los resultados de dicha visita.
No se trata de prejuzgar ni de condenar sin pruebas. Se trata de prevenir y transparentar. En anticorrupción, la prevención es tan importante como la sanción. Cuando las reuniones se realizan a escondidas, sin registro oficial, sin agenda pública y sin comunicación oportuna, el Estado pierde trazabilidad y la ciudadanía pierde confianza. Y sin confianza, la democracia se debilita.
Comparar este episodio con prácticas del pasado no es antojadizo. Es un ejercicio de memoria institucional. Ya vimos cómo la informalidad en la gestión derivó en investigaciones, procesos penales y una crisis política profunda. Repetir patrones cuestionables es ignorar esas lecciones, normalizando la informalidad como norma del poder.
Por todo ello, exigimos transparencia total. Que se abran los registros, que se expliquen los hechos, que se disipen las dudas. Si no hay nada que ocultar, no hay razón para el secretismo y la forma clandestina de actuación. El país merece saber. La ética pública no admite atajos y la lucha contra la corrupción empieza por transparentar la actuación de nuestras autoridades.
