Rudecindo Vega Carreazo

Perú no es una democracia real ni legal, menos, ideal; tampoco es una dictadura tradicional, nacida de un golpe militar o autogolpe. Perú ha abortado otra categoría gubernamental, la democracia corrompida, destruida por sus organismos encargados de sostenerla. Es peor que la cleptocracia (gobierno de los ladrones y corruptos) y cacocracia (gobierno de los malos e incapaces) juntas. Es una democracia de papel, guarda las formalidades sin respetar ninguna; presume de  democracia sin serlo. La constitución violada y mancillada reiteradamente, no da cuenta de lo realmente existente. La separación y equilibrio de poderes no existe, todo está concentrado y centralizado en el congreso; el presidencialismo histórico ha sido reducido a una dependencia desconcentrada del congreso, ya no somos un país presidencialista; peor aún, la presidencia, no es de uno sino de dos, es ejercida ilegalmente por una dupla (hermanos, cónyuges), jamás prevista constitucionalmente, una presidencia oficial y otra clandestina.

Ese poder ilegal del congreso, horror de horrores, es ejercido, desde fuera del estado, por los líderes de los partidos, representados en el congreso, mediante “sus” parlamentarios. Esos partidos, con líderes prontuariados o procesados, son acusados por la Fiscalía, como organizaciones criminales que han cometido delitos para llegar al gobierno y, desde él, siguen delinquiendo, usan el Estado en beneficio propio, procuran impunidad por sus delitos y persiguen a sus adversarios. La democracia corrompida por la mafia gubernamental es el signo distintivo de nuestro Perú. Somos una “parlamentocracia criminal”, gobierno parlamentario del crimen, sin antecedente en nuestra historia, no está en ninguna constitución ni ley; no es un régimen regular, es una anormalidad, un leviatán derrotado.

Aristóteles, en La Política, siguiendo 2 criterios, interés perseguido y número de gobernantes, distingue 6 tipos de gobierno. Si el gobierno busca el interés general es una forma pura, ética, normal de gobierno: es un Reinado (Monarquía) si es ejercido por uno; Aristocracia si es ejercido por unos pocos y; República si es ejercida por la mayoría. Por el contrario, las otras 3 formas de gobierno impuras, corrompidas o desviaciones son: “la tiranía que lo es del reinado; la oligarquía que lo es de la aristocracia; la demagogia que lo es de la república. La tiranía es una monarquía que sólo tiene por fin el interés personal del monarca; la oligarquía tiene en cuenta tan sólo el interés particular de los ricos; la demagogia, el de los pobres. Ninguno de estos gobiernos piensa en el interés general”.. Perú no es una república, peor aún, ni siquiera llega a demagogia, hasta en eso, hemos pervertido la clásica tipología gubernamental. Somos un estado gobernado por intereses criminales más que particulares, asesinando la república y la democracia.

La constitución dispone que “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.(…) Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes” (art. 43°). Separa el poder en 13 organismos constitucionales: Poder legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, RENIEC, Contraloría General, Superintendencia de Banca y Seguros y Banco Central de Reserva. Esa legal separación de poderes ha desaparecido, no existe equilibrio. El congreso, vía designación y sanción de los funcionarios de otros poderes y organismos, los ha copado y controlado. Hay centralización y concentración del poder en el congreso, ha convertido a organismos independientes en órganos dependientes, a organismos autónomos en instancias delegadas. El congreso ha destruido nuestra “res pública”, democracia y separación de poderes. Nuestro régimen gubernamental es inconstitucional, una parlamentocracia criminal sin parangón en nuestro presidencialismo republicano.

El congreso, mediante sucesión constitucional válida, designó y sostiene a la actual presidenta pese a múltiples infracciones y acusaciones constitucionales por asesinatos, lesiones graves y varios delitos de corrupción. Ambos cumplen un pacto siniestro: el congreso la mantiene en el cargo, ella obedece y los deja gobernar; no la vacan ni ella renuncia y ellos siguen en el congreso hasta el final del periodo; de común acuerdo, implementan un andamiaje institucional para reelegirse, protegerse y seguir gobernando. Los partidos que controlan el congreso nombran ministros, funcionarios y deciden la línea gubernamental. Es un pacto siniestro a costa del Perú, el orden constitucional, el estado de derecho y la democracia; ambos se apoyan y protegen de sus crímenes. La presidenta y su gabinete son marioneta gubernamental del congreso.

Los sistemas de justicia y electoral son controlados y dirigidos por el congreso mediante la JNJ, este organismo designa, evalúa y sanciona a jueces, fiscales y a los jefes de la ONPE y el RENIEC. La JNJ, redefinida constitucionalmente, por este congreso, ha sido convertida en dependencia parlamentaria de criminalización de la justicia y la política. La JNJ no es autónoma ni independiente, cumple órdenes de la mafia gubernamental: restituye magistrados prontuariados, persigue y destituye magistrados independientes y, ha ratificado a los jefes de la ONPE y RENIEC. Acaba de destituir a la Fiscal de la Nación y facilitar su reemplazo por un integrante de la “organización criminal los cuellos blancos”. Tiene atemorizado, parcialmente intervenido, al Poder Judicial. La JNJ es la chaveta congresal dentro de los sistemas judicial y electoral.

El actual TC, también fue designado por el actual  congreso, en una vergonzosa repartija política de “tribunos” para actuar conforme sus mandatos. Este TC ha fallado en favor de la presidenta, el congreso y sus aliados. Ha blindado a Dina y congresistas procesados, limitando al Poder Judicial, la Fiscalía y, en favor de leyes pro crimen. Todo aquello considerado razón constitucional o bloque de constitucionalidad lo ha pisoteado. El JNE, está controlado, previa reforma constitucional, de acusar constitucionalmente a sus miembros. 

El Contralor General, otro designado por este congreso, sin cumplir los requisitos para el cargo, no controla nada; avala la gigantesca corrupción gubernamental. La SBS al igual que el BCR, son los organismos, designados de común acuerdo entre el congreso y el gobierno, que mantienen autonomía técnica especializada pero “vigilada”, la criminalización que padecen otras instituciones, no ha llegado y, ojalá, no llegue, a ellas. Nuestra calamidad institucional en derechos humanos, orden constitucional, democracia, estado de derecho, ahondará el desastre nacional si dejamos que la mafia gubernamental convierta a estos dos organismos en meras instancias del congreso y del gobierno.

Nuestra destrucción democrática, desde los organismos constitucionales, se ha consolidado. Hemos implosionado nuestra democracia. Lamentablemente, en nuestra democracia rota, sin liderazgos políticos ni tejido social articulado, la masiva protesta social nada ha logrado, la ciudadanía no ha encarnado el abrumador desprecio y desaprobación gubernamental del 96% y; mucho menos, ha sido capaz de ejercer el derecho de insurgencia constitucional: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes./La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional…” (art 46°). Nuestra democracia corrompida, deshonrada, la parlamentocracia criminal o gobierno parlamentario criminal, son nuestra hechura y responsabilidad; como tal, es nuestra responsabilidad y deber cambiarlos.

Ojalá estemos a la altura, de la exigencia, que nuestro Perú nos reclama.