Condorcanqui: Pronunciamiento demanda diálogo, seguridad, oportunidades económicas y mayor presencia estatal para proteger los territorios indígenas sin condenar a sus comunidades a la pobreza.
Diversos ciudadanos y organizaciones comprometidas con la defensa de los pueblos indígenas hicieron público un pronunciamiento dirigido al Gobierno peruano, en el que solicitan la implementación de un plan integral de desarrollo para las comunidades Awajún y Wampis, ante el avance de la minería ilegal, la creciente inseguridad y la falta de oportunidades económicas en la Amazonía.
El documento expresa su preocupación por la expansión de actividades extractivas ilegales en los territorios indígenas, las cuales vienen generando contaminación ambiental, destrucción de bosques y ríos, así como un clima de violencia que amenaza la tranquilidad de las comunidades nativas. No obstante, los firmantes advierten que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a operativos de interdicción o medidas sancionadoras.
El pronunciamiento sostiene que muchas familias indígenas se ven empujadas hacia economías ilegales debido a la pobreza, el aislamiento geográfico, la falta de empleo digno y la escasa presencia del Estado. Por ello, plantea que las políticas públicas diferencien claramente a las organizaciones criminales que financian la minería ilegal de las comunidades que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se demanda la instalación urgente de una mesa de diálogo intercultural con participación de autoridades tradicionales, dirigentes, mujeres y jóvenes Awajún y Wampis, con el propósito de construir soluciones consensuadas que atiendan la realidad de estos pueblos amazónicos.
Entre las principales propuestas figura el fortalecimiento de actividades productivas sostenibles como el cultivo de cacao, plátano, yuca, el manejo forestal, la bioeconomía y el turismo comunitario. Sin embargo, el documento enfatiza que estas iniciativas solo serán viables si el Estado garantiza infraestructura adecuada, transporte fluvial seguro, centros de acopio, conectividad digital y acceso efectivo a los mercados para comercializar la producción.
Los firmantes también solicitan programas permanentes de empleo para jóvenes y mujeres indígenas, mayores oportunidades de acceso a la educación técnica y universitaria, fortalecimiento de los servicios de salud, seguridad alimentaria y protección permanente frente a las amenazas de organizaciones criminales que operan en la zona.
Finalmente, el pronunciamiento concluye señalando que la protección de los bosques amazónicos solo será posible si va acompañada de condiciones de vida dignas para quienes los habitan ancestralmente. En ese sentido, exhorta al Estado peruano a impulsar políticas públicas sostenibles que combinen conservación ambiental, desarrollo económico, seguridad y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
