Diario expreso – Ada Gallegos Ada Gallegos
En el Perú, las políticas públicas se construyen —y también se desmontan— con tres llaves: instituciones, reglas y presupuesto. Por eso, dos hechos recientes, ocurridos lejos del centro político, deberían leerse como una señal de alerta rumbo a las Elecciones Generales 2026: cuando el Estado se especializa para proteger, la democracia se fortalece; cuando se diluye esa especialización, la violencia gana terreno.
El primer hecho ocurre en la Amazonía: en Condorcanqui (Amazonas) se activó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para atender y sancionar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. En territorios donde la justicia llega tarde —por distancia, barreras lingüísticas, precariedad institucional o discriminación—, contar con órganos especializados y operadores capacitados no es “extra”; es la diferencia entre una medida de protección oportuna y un expediente que llega cuando ya es tragedia. En contextos indígenas, además, la justicia debe ser intercultural, capaz de comprender realidades y riesgos específicos, incluyendo violencia sexual, familiar y redes de trata.
El segundo hecho proviene de la Selva Central: el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán firmó un convenio con la Corte Superior de Justicia de la Selva Central para fortalecer el acceso a justicia de mujeres víctimas, con capacitación, protocolos y articulación territorial. No se trata solo de formar funcionarios: se busca mejorar rutas de atención, elevar estándares y ampliar el acompañamiento comunitario en zonas como Satipo, Chanchamayo y Villa Rica, donde el aislamiento y la falta de servicios incrementan la vulnerabilidad.
Estas dos escenas muestran el núcleo de la agenda mujer: defensa, protección y promoción con resultados verificables. Y revelan una verdad incómoda para el debate electoral: sin un Estado presente, la ley es letra muerta; y sin agenda mujer, el Estado se vuelve ciego ante una violencia que no desaparece con discursos.
En 2026 habrá un factor decisivo: la alta presencia de mujeres en la contienda por paridad y alternancia. Habrá más candidatas en listas y más posibilidades de representación. Pero sería un error confundir más nombres con más poder real. La paridad ordena la fotografía; no garantiza presidencias de comisión, control de la agenda legislativa, conducción de ministerios, continuidad de equipos técnicos ni defensa del presupuesto.
En síntesis: la paridad abre la puerta; la agenda mujer decide si se cruza el umbral o si se vuelve a cerrar. Esta deuda no se salda solo con presencia, sino con poder real. De cara al 2026, los partidos políticos deben trascender el cumplimiento formal de la paridad y proponer mecanismos que aseguren que la protección de las mujeres no sea una concesión, sino un eje transversal de la gobernabilidad.
Si los candidatos no garantizan la sostenibilidad de los sistemas de justicia especializada ni la autonomía fiscal de los ministerios clave, la deuda seguirá creciendo, dejando a las ciudadanas a merced de la precariedad. El riesgo es concreto: retrocesos “por la puerta legal” o por el desgaste institucional. Cuando se cuestiona el enfoque de derechos y se recortan políticas de prevención, se estrecha también lo exigible: menos indicadores, menos especialización, menos prioridad fiscal.
Allí Condorcanqui y Selva Central enseñan lo que importa exigir en campaña: justicia especializada e intercultural, prevención con presencia territorial, presupuesto con metas, protección de la institucionalidad y una bancada femenina —y aliada— que fiscalice, legisle y sostenga políticas públicas.
La pregunta electoral clave no es cuántas mujeres postulan, sino cuántas llegarán con capacidad de decisión y compromiso: que la agenda mujer no sea el párrafo amable del plan de gobierno, sino el termómetro de la democracia.
Si ese termómetro se rompe, el país vuelve a normalizar lo intolerable.
