Los partidos con militantes investigados por tráfico ilícito de madera

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Más de la mitad de nuestro territorio, el 57% de la superficie nacional está cubierto de bosques. Sin embargo, de cada dos camiones de madera que circulan en el país, uno corresponde a madera ilegal. ¿Quiénes están detrás del blanqueo de madera, la economía ilegal que afecta nuestra supervivencia? Territorio Tomado encontró que existen militantes de partidos políticos vinculados a esta actividad ilícita

Autor: Abel Cárdenas

El Perú es un país maderero. Más de la mitad de nuestro territorio, el 57% de la superficie nacional para ser exactos, está cubierto de bosques.

Somos el noveno país con mayor extensión de bosques del planeta.

Los árboles no solo son fuente de agua, biodiversidad y vida, también sostienen la economía local a través de la actividad forestal, sobre todo en la Amazonía, donde se concentra el 94% de nuestros árboles.

Pese a su importancia para nuestra supervivencia y el sostenimiento del país, las economías ilícitas vienen ganando la partida a las autoridades.

El nivel de deforestación de nuestra Amazonía ha alcanzado picos alarmantes. De acuerdo a las cifras más actualizadas del Ministerio del Ambiente, en el 2024, se perdieron más de 150 mil hectáreas de bosques amazónicos, el equivalente a 30 estadios nacionales. La cifra es la más alta desde el año 2020.

Las causas de este desastre son múltiples: la minería sin control, la agricultura industrial a gran escala, el narcotráfico, pero, sobre todo, el tráfico ilícito de madera.

“A partir de información de que tiene UIF sabemos que el tráfico de madera es el tercer delito precedente de lavado de activos en el Perú, primero está minería ilegal y narcotráfico y luego el tráfico de madera, entonces sí representa un tema bastante importante”, señaló Ana Trillo, fiscal superior de la Fiscalías Especializadas en Material Ambiental.

Las cifras oficiales del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) dan cuenta de la gravedad de este delito.

“En el informe que acaba de lanzar Osinfor ellos evalúan y miden un índice de ilegalidad, qué porcentaje que se comercializa tiene origen ilegal, y lo que han encontrado al 2023, es que ha aumentado, ahora está al 47%, casi la mitad tiene origen ilegal”, señaló Martín Arana, ingeniero forestal y especialista en Gestión Territorial Amazónica de la FCDS.

En términos simples, por cada dos camiones de madera aserrada que circulan en el país, uno corresponde a madera ilegal.

La mitad de la madera movilizada en el país es ilegal. Foto: Ministerio Público.

Pero, ¿quiénes están detrás de este flagelo que afecta a todos los peruanos?

Territorio Tomado revisó la base de alertas de Osinfor. El registro contiene a las personas sancionadas por hechos vinculados al blanqueo de madera, es decir, el uso de permisos oficiales para extraer y movilizar recursos forestales de procedencia ilícita. En esta data encontramos nada menos que a 15 militantes de diversos partidos políticos, responsables de movilizar madera de territorios no autorizados.

“Las economías ilegales necesitan estar en los puestos políticos, donde toman decisiones: cambiar leyes, trámites a ellos para su ventaja, opacidad que les permita vincularse con el sicariato, la extorsión, que son delitos primos hermanos. (…) Las economías ilegales han cooptado institucionalmente más espacios y hoy aspiran al poder político”. sostuvo José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética.

La lista la lideran Somos Perú, Acción Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso, con tres militantes cada uno. Le siguen Renovación Popular, Fuerza Popular y Podemos Perú, con uno por partido.

Los afiliados con las sanciones más altas son Samuel Arancibia Mori, de Acción Popular, con una sanción de más de S/420.000. Le sigue Gregorio Flores Romero, de Fuerza Popular, con más de S/ 88.000 de multa y Jackelin Sangama Sajami, de APP, con más de S/ 83.000.

En conversación con este medio Samuel Arancibia reconoció haber sido sancionado, pero aseguró que le habían falsificado documentos. También indicó que había denunciado a autoridades del Gobierno Regional de Loreto.

Entre los tipos de maderas más movilizados por estas personas destacan la Cumala, Tornillo, Cachimbo, Capirona, Moena, Huayruro, Pachaco, Marupa y Shihuahuaco. Algunas de estas especies se encuentran en peligro de extinción.

Siete partidos tienen a militantes sancionados por blanqueo de madera. Foto: Ministerio Público.

Estos casos no se quedan en el ámbito administrativo. De acuerdo a los procedimientos de Osinfor, todas las personas sancionadas son derivadas a la Fiscalía para la apertura de una carpeta penal.

Este medio pudo conocer que todos los mencionados se encuentran investigados en diversas regiones como Loreto y Ucayali y por lo menos cinco ya cuentan con acusación.

Entre los acusados están dos militantes de APP: Juvencio Arirua Ihuaraqui y Líder Escudero Shapiama. En conversación con Territorio Tomado, el fiscal a cargo de la investigación, Felix Castro, detalló las imputaciones contra ambos afiliados.

“Se configura el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, que no es otra cosa que transportar productos maderables cuyo origen ilícito conocen. Ellos como titulares del permiso sabían que los árboles no venían de esa área, que nunca salieron de ahí, entonces pese a eso ellos firmaron estas guías declarando el transporte de este producto forestal maderable”, sostuvo el fiscal Castro, fiscal especializado en Materia Ambiental Iquitos-Nauta.

Ninguno de los siete partidos con afiliados vinculados al tráfico ilícito de madera nos dio sus descargos. Para el director de Proética, José Luis Gargurevich, el ocultamiento y la corrupción son el engranaje central para que las economías criminales, como el tráfico ilícito de madera, sigan operando con total impunidad.

“No hay forma de que la economía ilegal exista y crezca sin la corrupción. La corrupción es la protección de la economía ilegal. La economía ilegal necesita violencia y corrupción”, indicó.

Los casos presentados en este reportaje, muestran cómo, con la complicidad de los políticos, las economías ilegales, entre ellos el tráfico ilícito de madera, intentan socavar la institucionalidad, la democracia y la vida de las personas. Este no es simplemente un problema de comercio ilegal y de madera, se trata de la supervivencia de miles de especies y de la nuestra.

“El tráfico ilícito de madera nos perjudica no solo por los recursos que deja de percibir el estado, que conlleva un tema de evasión de impuestos, sino también hablamos de espacios donde se extraen productos maderables, que traerá un impacto también para generaciones futuras”, sentenció la fiscal superior, Ana Trillo.

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