La Comisión de Fiscalización del Congreso verá el caso.
Natalia Lizama – Perú 21
El favoritismo evidenciado desde la Defensoría del Pueblo ante la figura de Vladimir Cerrón ha desatado el rechazo del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADEP), quienes han solicitado que Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, dé un paso al costado.
Y es que la entidad presentó un «amicus curiae» ante el Tribunal Constitucional en favor de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actual candidato presidencial que permanece prófugo de la justicia. El sindicato advierte un conflicto de intereses del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, «quien fue abogado personal de Cerrón, se afilió a su partido en 2022 y fue propuesto por dicha organización para el cargo que hoy ocupa».
En el mismo comunicado aseguraron que el reglamento del propio Tribunal Constitucional indicó que esta relación previa invalida la neutralidad requerida para intervenir en el proceso.
Esta misma figura fue aplicada a favor de Daniel Urresti. El amicus curiae lo benefició declarando prescrita su sentencia, por lo que salió en libertad pese a que se encontraba recluido en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
El sindicato acusa al actual Defensor de «convertir sistemáticamente las herramientas de la institución en instrumentos de protección para personas investigadas por corrupción y violaciones de derechos humanos». En su comunicado, exigen la renuncia inmediata no solo del Defensor, sino de todos los funcionarios y asesores que participaron en la elaboración y suscripción de este recurso, señalándolos como responsables de la pérdida de credibilidad institucional.
Los trabajadores recalcaron que la misión de la entidad es servir a los ciudadanos más vulnerables, como pueblos indígenas y víctimas de violencia, y no a «poderosos prófugos» que ya cuentan con los mejores equipos legales del país.
«El SITRADEP no ha renunciado a la Defensoría del Pueblo. Renunciamos a callar. La institución se construyó para defender derechos, no para ejercer el poder. Quienes la trabajan saben mejor que nadie la diferencia entre ambas cosas, porque la viven cada día. Y precisamente por eso, no pueden ni podrán ser indiferentes cuando la conducción de la institución traiciona lo que ellas y ellos construyen con su trabajo cotidiano», finalizaron diciendo en el documento.
LO VERÁN EN EL CONGRESO
El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López de la bancada de Acción Popular se manifestó en contra de este caso. Aseguró que las autoridades deben trabajar «ceñidas a la norma» y que cualquier alejamiento de la ley es «definitivamente criticable».
López subrayó que el Defensor debe representar a todos los peruanos y no a intereses particulares. Asimismo, adelantó que la Comisión de Fiscalización del Congreso deberá iniciar las investigaciones pertinentes para verificar las denuncias y determinar posibles sanciones ante este caso.
