A su vez, el propio Estado de Derecho, como marco rector, se caracteriza, entre otros considerandos, por: la separación de poderes como regla y eje general; el respeto a la legalidad como precepto rector; el imperio de la seguridad jurídica como una forma de estabilidad social; la recurrencia a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva como la máxima garantía ante la justicia; la igualdad de todos ante la ley, sin excepciones, como política de Estado; la transparencia como política rectora; la jerarquía de las leyes como fundamento; y, en última instancia, el control de la legalidad y la constitucionalidad de las normas como principios categóricos e inobjetables, sin los cuales resultaría menos que imposible que existiera la democracia tal como la entendemos.

Nos referimos a los riesgos que confronta en estos momentos nuestra democracia, como parte de un fenómeno político que busca perpetuarse en los próximos años, resultado de un juego político en el que no resulta nada fácil diferenciar el acatamiento de los derechos ciudadanos y, a la vez, el irrespeto por los principios que rigen la Constitución Política.

Me refiero a lo que en los últimos tiempos está aconteciendo en nuestro medio en el ámbito legislativo, relacionado con la forma y la manera poco docta en que se están conduciendo las riendas del país, a través de la promulgación de una serie de leyes que no necesariamente se ajustan a los principios que rigen el Estado de Derecho, sino que, al contrario, representan una manera de despreciar determinados preceptos que son conductores de la sana convivencia social.

Es una forma subrepticia y engañosa de desestabilizar el marco legal vigente a través de la promulgación de leyes trascendentes, aunque sin mayores criterios razonables en materia de normatividad penal y procesal penal, que no solo están desequilibrando todo el marco legal subsistente, sino que, en última instancia, afectan también a las mismas instituciones rectoras de control que tienen como finalidad la prevención, el tratamiento y el control del delito bajo sus distintas modalidades.

Hablamos de exponer potencialmente a la ciudadanía y al propio Estado de Derecho ante el aumento y crecimiento del fenómeno criminal, modificando indiscriminadamente todo el marco normativo, desmoronando, trastocando y arruinando los mecanismos de represión, legislando en forma adversa y sin mayores criterios para permitir soterradamente que la delincuencia, de forma progresiva, asuma posiciones de avance y eficacia, ante la actitud irresponsable del gobierno y de parte de quienes legislan, modificando el marco normativo con el propósito de desmoronar el Estado de Derecho.

Hablamos sobre la forma y la manera nada convincente en que se están modificando el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes que corresponden al funcionamiento del Poder Judicial, de la Policía Nacional y del Ministerio Público, como parte de un mismo eje operador desestabilizador que no es ajeno a los intereses políticos y partidarios que se encuentran en juego.

Señalamos, aunque en apariencia pueda resultar inverosímil, incongruente y hasta paradójico, cómo se desarrolla una permanente actividad legislativa perniciosa bajo la apariencia de la legalidad, y que aparece en contra de los propios principios rectores de protección ciudadana que rigen el Estado de Derecho y la democracia. Una actividad legislativa intensa y, a la vez, dislocada y desconectada, que no solo es contraria a los principios que rigen la democracia, el buen gobierno y la adecuada política como régimen de gobierno, sino que beneficia determinados intereses políticos partidarios, individuales o colectivos, dependiendo de lo que se encuentre de por medio y de las verdaderas razones que pueden estar ocultando o maquillando determinados intereses que no se condicen con la democracia como régimen de gobierno.

Una aparente lucha contra la criminalidad que, en la práctica, suscita todo lo contrario como parte de un mismo juego: la impunidad y la inestabilidad del régimen de derecho para debilitarlo. Se ocultan y maquillan las decisiones como resultado de una constante e irresponsable modificación de las normas y procedimientos que son fundamentales para la estabilidad social, sobre todo en la lucha contra el crimen. En la práctica legislativa, es una forma de desmerecer la confianza ciudadana y el voto popular por parte de quienes fueron elegidos por una mayoría colectiva, para resquebrajar el Estado de Derecho como parte de una aparente defensa de los intereses ciudadanos.

Se modifica sin mayores criterios el Código Penal para debilitar la lucha contra el crimen organizado y otras formas relevantes de delincuencia; se varía el marco represivo para eximir a los partidos políticos de toda responsabilidad penal en materia administrativa (consecuencias accesorias); se reformulan las leyes orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial para ejercer mayores presiones sobre los magistrados; se reformula el procedimiento penal para desestabilizar los allanamientos y otras diligencias, debilitando la labor de los fiscales y jueces respecto a la detención preliminar. Por otra parte, existe nula voluntad política para tipificar el delito de terrorismo urbano, a pesar de la gravedad de los crímenes que se suscitan en su entorno, los cuales trascienden lo meramente criminal, dejando a la población indefensa frente al pánico colectivo.

Hablamos de un conjunto sistemático de modificaciones que, en lugar de fortalecer la institucionalidad en la lucha contra la criminalidad urbana, el crimen organizado y otras formas graves de delincuencia, al contrario, aunque pareciera una contradicción, debilita la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales, exponiendo a los ciudadanos ante la delincuencia.

La interrogante principal es si, en realidad, nos encontramos frente a un fenómeno de incapacidad para desarrollar una legislación acorde con las necesidades imperantes o, por el contrario, se trata de un proceso de desestabilización encubierto como parte de una estrategia diseñada y amañada para desestabilizar y desmerecer el Estado de Derecho. Hablamos de crear las condiciones sociales y políticas para aumentar el descontento social, el caos y el rechazo institucional, con el fin de resquebrajar y fraccionar el Estado de Derecho, de por sí bastante debilitado conforme a lo que está aconteciendo.