26/01/17 - 03:41

Voces y opiniones. Los decretos legislativos que atacan el burocratismo no sólo favorecen los negocios, sino que también legitiman la democracia al servir al ciudadano.

Por: Gonzalo Zegarra Mulanovich

En un contexto indiscutiblemente poco auspicioso en lo político –debilitamiento poscensura, caída de popularidad, Lava Jato–, el Ejecutivo ha expedido los 112 decretos legislativos para los cuales pidió facultades al Congreso de la República, que se apresta ahora a revisarlos. No parece previsible a estas alturas ningún intento de la mayoría opositora de boicotear las medidas dictadas (aunque ¡nunca se sabe!). Que se tumben algunas normas –las vinculadas a salud, por ejemplo— no debería sorprender ni escandalizar. Estaría dentro de los cauces normales de la tensión consustancial al ‘gobierno dividido’ (a diferencia de la matonesca censura a Saavedra).

Que los decretos que sobrevivan a esa eventual poda –seguramente la mayoría– sean o no efectivos en su aplicación (SE 1551, Legal & Política) dependerá de infinidad de factores, sobre los cuales no me quiero extender. Me interesa, en cambio, destacar el fundamento del paquete de normas que ataca la llamada ‘tramitología’ o ‘tramitomanía’ que nos ha venido aquejando desde hace 15 años. No lo hago para halagar al gobierno –de hecho, encuentro criticable su miopía al no convertir esto en una fortaleza política, o al menos intentarlo–, sino para contribuir a visibilizar la trascendencia de estos cambios.

Hace unos meses discutía con un amigo autoidentificado como ‘caviar’, quien criticaba acremente que ‘el neoliberalismo’ y los empresarios se quejaran tanto de la tramitología y no se fijaran tanto en la institucionalidad democrática. Yo, desde luego, creo que una cosa no quita la otra. Hay que luchar por la institucionalidad, pero también contra el burocratismo. Y por eso le respondí enérgicamente que subestimar la destructividad de la maraña tramitológica denota ignorancia o frivolidad, o ambas.



Quienes nunca han tenido que pagar una planilla, abrir un local o enfrentar a un fiscalizador creen que la riqueza –y los derechos– se generan solos. No se dan cuenta de que sobrecostos administrativos (i) detienen el crecimiento porque desincentivan cualquier actividad productiva al hacerla más onerosa, (ii) generan informalidad y corrupción porque redirigen los emprendimientos hacia la ilegalidad o el pago de coimas (SE 1437) y (iii) socavan la democracia y la institucionalidad al deslegitimar al Estado, que existe (o debería existir) para servir a los ciudadanos y no para hacerles la vida imposible. No ver que la tramitología es inmoral porque atenta contra el fundamento filosófico de la democracia liberal es, pues, absolutamente frívolo.

Por eso cuando las nuevas normas exigen a las entidades públicas que sean ellas las que demuestren la necesidad de los trámites y permisos que los ciudadanos deben cumplir (o si no el trámite desaparece), están revolucionando la administración pública peruana y reivindicando sus fundamentos democrático-liberales (en oposición al statu quo previo de clara genealogía virreinal). También cuando prohíbe a los burócratas exigir papeles expedidos por otras dependencias estatales que el Estado tendría que obtener interconectándose, o cuando automatiza y simplifica procedimientos a través de soluciones tecnológicas, como viene ocurriendo en la Sunat y otros organismos.

Todo esto restituye la confianza entre el ciudadano y el Estado (SE 1436), que es un pilar de la polis o comunidad política. Democracia sin confianza es un despropósito porque la democracia es un fideicomiso o encargo de confianza de bienes públicos (SE 1202, 1305).
Claro que las normas son tan sólo el primer paso. El segundo es mejorar los procesos internos en el día a día. El tercero y más complicado en cambiar el ‘chip’ –la cultura— de los servidores públicos. Así que esto recién empieza. Ojalá logre culminarse con éxito.