Si bien es cierto que las protestas en Ica se iniciaron porque algunas empresas estaban contratando de manera informal, sin cumplir los criterios establecidos en la ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), es incuestionable que la violencia se desbordó porque la región policial de Ica se declaró en huelga de brazos caídos mientras comenzaba la renuncia en cadena de altos oficiales policiales. Los ataques contra las instalaciones de siete empresas agrarias y el bloqueo de la Panamericana Sur fueron posibles porque el descabezamiento policial desarrollado por la administración Sagasti y el ministro del Interior, Rubén Vargas, simplemente bloqueó el Estado por dentro.

Desinstitucionalizar a la PNP en medio de una crisis institucional, política, económica y social, y en el preciso momento en que las corrientes comunistas del Foro de Sao Paulo lanzan una estrategia insurreccional para forzar a las instituciones de la República hacia una constituyente anticapitalista, es de una ingenuidad sin límites, que le puede costar a todos los peruanos la posibilidad de salvar la gobernabilidad.

Desde aquí expresamos públicamente que estamos comprometidos en el éxito de la administración Sagasti, porque es la mejor manera de preservar la institucionalidad destruida por la pasada administración Vizcarra. Y también es la única manera de detener la estrategia de las corrientes colectivistas del Foro de Sao Paulo. Por estas razones el Ejecutivo debe dar un paso atrás, evaluar la situación del ministro del Interior, Rubén Vargas y proceder a reorganizar a la PNP. El asunto es complicado, pero el Estado está paralizado desde adentro.

De otro lado, los sectores que no respetan la legalidad en el agro deben entender que el Perú ya no está para sacarle la vuelta. Es conocido que en el sector El Álamo en Ica existen services que enganchan trabajadores con contratos informales en algunas empresas agrarias. Los trabajadores informales reciben jornales de S/ 35, mientras en las empresas agroexportadoras formales –que desarrollan el boom agroexportador del Perú– se paga jornales de S/ 60 en promedio. Otros trabajadores, de acuerdo a su calificación y productividad, incluso ganan más. El problema entonces se originó por incumplir la Ley de Promoción Agraria, en una zona donde existe pleno empleo e ingresos por encima del mínimo vital establecido por el Estado. ¿Por qué entonces la Sunafil se focaliza en las empresas formales que cumplen las leyes y se hace de la vista gorda con las informales?

Sin embargo, las corrientes comunistas –que buscan detener el crecimiento para fabricar pobres–, encabezadas por Verónika Mendoza, ayer salieron a pedir la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. ¿Cómo se puede entender esta propuesta? Las propuestas colectivistas y comunistas buscan detener cualquier inversión con alta intensidad en capital en el país. La Ley de Promoción Agraria ha posibilitado que las agroexportaciones crezcan de US$ 800 millones a US$ 7,000 millones y ha convertido a las zonas de agroexportación en zonas donde ha emergido una clase media agraria.