En esos momentos se hace difícil impedir y reprimir las ocupaciones de terrenos vacíos. Ahora es un momento propicio por razones que es sencillo comprender, pero que difieren de antaño. Y en el caso del Morro Solar, hay un hecho nuevo: los invasores señalan que pueden salir si es que el Estado los reubica en un lugar aparente. En otras palabras, al reclamar suelo expresan un reclamo por la vivienda en medio de la pandemia. Y un reclamo por el derecho a la vivienda no debe resolverse ofreciendo más suelo, sino ofreciendo viviendas sociales en propiedad o alquiler.

Sucede que ciertas personas solamente reconocen las “señales del mercado” cuando se trata del mercado que conocen. ¿En qué ha consistido este “mercado”?

Desde los años sesenta el Estado reservó suelo aparente para hacer urbanizaciones sociales, pero no las hizo. Las invasiones de los años sesenta en Lima ocuparon el suelo señalado en los planos y el Estado les otorgó el derecho a quedarse (el conocido “reconocimiento legal”). En los setenta y ochenta continuó esta política, quedando acuñada la idea que si necesitas una vivienda, es poco efectivo exigir a la autoridad políticas apropiadas para la vivienda social, y más efectivo pedir suelo y arreglárselas después. De otro lado, en vez de ofrecer vivienda asequible, el propio Estado ha reubicado a familias en suelos sin urbanizar en caso de incendios, derrumbes, huaycos y situaciones similares. Hasta ahora hay reubicaciones, lo que escasea son los terrenos aparentes para nuevas urbanizaciones cercanas al casco urbano.

En Villa El Salvador fue famosa la invasión a su Zona Agropecuaria organizada en enero del año 2000 en el contexto de la famosa re-reelección de Alberto Fujimori. Diez mil personas estuvieron allí, apoyadas por la parlamentaria fujimorista Martha Moyano (hoy nuevamente congresista), fotografiada en la zona por la prensa estrenando un teléfono celular. Algunas familias aceptaron ser reubicadas en la Ciudadela Pachacútec de Ventanilla. Solo hubo un personaje público --Michel Azcueta-- quien entonces señaló que en Villa El Salvador ya no había lugares aparentes para urbanizar, pero que sí los hay en Lurín (no conocía que para Lurín había planes urbanizadores en beneficio de otro sector social).

Entonces, en vez de vivienda, por décadas el Estado peruano ha proporcionado suelo. Pero dar suelo ahora es muy diferente. Ya no se trata de áreas sin mayor interés que extienden la ciudad por rutas ya trazadas, sino terrenos de gran valor sea por su condición ambiental o histórica, o por afectar propiedades privadas. También se trata de invasiones en suelos que no deben ser utilizados para vivienda por su pésima calidad o, simplemente, porque resulta enormemente caro que las ciudades lleguen hasta allí con los servicios de agua que se necesitan.

Otra diferencia es que no se trata ya de promotores de invasiones, como el famoso Poncho Negro de El Agustino en los años sesenta, sino de promotores mafiosos que estafan con la venta de cupos de entrada y luego se van. Más importante aún es el rol de los urbanizadores pirata que permanecen en el lugar y cual intimidantes caciques manejan a las gentes que enganchan con la promesa de urbanizar todo.