“¿Mi nombre sigue figurando como dueño de esa propiedad? No le creo”. Esa fue la reacción del químico Fermín Arévalo Ortiz cuando Perú21 le preguntó sobre el actual local de Perú Libre ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, en Lima. Arévalo y su esposa Isabel López Mejía siguen apareciendo como propietarios de ese bien, según registros públicos, pese a que Vladimir Cerrón inició la adquisición hace casi año y medio, cuando estaba en la prisión.

Mostrando sorpresa, el también catedrático aseguró –en un primer informe publicado por este diario el 21 de agosto– que ese departamento tipo dúplex ya no era suyo, aunque evitó contar más detalles de la transferencia que ha quedado acreditada en una escritura de compra-venta con Perú Libre a la que accedió este diario. El precio del inmueble se fijó en US$220 mil y la operación financiera se concretó el 11 de marzo de 2020, de acuerdo al documento suscrito por la notaria Vanessa Díaz Rodríguez.

Si bien la propiedad se ubica en Lima, la firma notarial se hizo en la ciudad de Chupaca, región Junín, el territorio de Cerrón. Fermín Arévalo e Isabel López se vieron obligados a viajar hasta Chupaca para terminar con el trámite.

La notaria Vanessa Díaz habló con este diario y dio detalles desconocidos de la operación.

Dijo que acudió al penal de Huancayo “en cinco ocasiones” para coordinar con Cerrón, cuando estaba recluido, la firma de la minuta que avalaría la compra de la propiedad en Lima. Aclaró, eso sí, que la redacción de ese contrato privado “la hicieron los asesores legales, supongo que eran de Perú Libre”.

“Antes de elevar la minuta a escritura pública había que hacer algunas consultas al respecto, la minuta se suscribió cuando Cerrón estaba detenido, yo tenía que hacer la toma de firmas en el penal, fui cinco veces porque había errores en las cláusulas y cuando (Cerrón) salió de prisión recién firmé la escritura de compra-venta”, declaró.

En primera instancia, Cerrón fue condenado en agosto de 2019 a cuatro años de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible. Fue recluido en la cárcel de Huamancaca, pero aun así siguió haciendo sus trámites legales sin impedimento alguno .

En octubre del mismo año recuperó su libertad gracias a que se varió su condena por una prisión suspendida. 

Díaz contó, además, que no elevó la escritura a la Sunarp para la inscripción del inmueble porque “los señores de Perú Libre” se acercaron a su notaría para retirar el documento.

“Vino una persona que representaba al partido y señaló que ellos se encargarían de elevar a registros públicos la escritura, por lo tanto la responsabilidad de la notaría queda saldada”, explicó.

La notaría de Díaz Rodríguez estaba ubicada en la calle Miguel Grau N° 501, en Chupaca. Perú21 constató que su nuevo local ahora se encuentra en la cuadra dos del jirón Alonso Mercadillo, a solo unos metros de sus anteriores oficinas.

Como vendedores del local se presentaron Arévalo y López, y como comprador se declaró al partido Perú Libre. Pero quienes estamparon sus firmas como apoderados de la organización política fueron el mismo Cerrón y Eddy Misari Conde, secretario de Defensa Nacional del partido del lápiz.

Misari es un abogado de total confianza del exgobernador regional. En las elecciones regionales de 2014, cuando tentó la reelección, el letrado postuló para ser su vicegobernador. Pero no alcanzaron cargos.

Eddy Misari fue integrante de la mesa de transferencia para el Ministerio de Trabajo y debido a esa exposición se conoció que afronta una investigación por corrupción en la Fiscalía de Junín.

En el gobierno regional fue subdirector de Recursos Humanos en 2019, y durante la primera gestión cerronista (2011-2014) fue consejero regional.

Según Sunarp, Misari tiene una propiedad en los mismos domicilios donde su líder tiene oficinas, en la calle Paseo la Breña 125-133, en Huancayo.

La escritura de compra-venta indica que el pago de US$220 mil por el local partidario fue transferido a cuentas bancarias del matrimonio en tres armadas: dos desembolsos de US$35 mil (suman US$70 mil) y uno de US$150 mil. Este último abono se hizo el mismo día de la firma, el 11 de marzo de 2020.

Sin embargo, la venta solo quedó establecida con este documento legal. En Sunarp, Perú Libre no acredita este bien, que, según el propio Cerrón, fue comprado con los aportes de los militantes.

Para el 2019, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Perú Libre contaba con 9,741 afiliados. 

Ese fue el año en el que Cerrón se convirtió en gobernador de Junín por segunda vez. Y, según la Fiscalía, también fue el año en el que la red criminal de Los Dinámicos del Centro operó a toda máquina.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró, puestos sobre la mesa los hechos, que existe una “actividad sospechosa” por parte de Vladimir Cerrón y su organización política para no declarar el local de la avenida Brasil ante la Sunarp.

“Las cosas están claras, Cerrón no quiere que esa propiedad conste en registros públicos contrariamente a lo que hacemos personas normales cuando adquirimos un inmueble con el sudor de nuestra frente”, alegó en diálogo con este diario.

Maldonado señaló que el movimiento de ese dinero debe haber sido advertido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como lo hizo cuando Cerrón intentó retirar de un banco más de un millón de soles.

Ayer, la madre de Cerrón, Bertha Rojas, participó de una marcha en apoyo a su hijo en rechazo a las investigaciones por lavado de activos que la Fiscalía le ha abierto al exgobernador.

Militantes de Perú Libre evitaron con violencia que Rojas sea abordada por Perú21 para que responda de dónde sacó los S/284 mil que abonó para pagar parte de la reparación civil que adeudaba el sentenciado Cerrón. El secretismo tarde o temprano cederá.

La bancada parlamentaria de Perú Libre, encabezada por el hermanísimo Waldemar Cerrón, salió ayer a denunciar una “persecución política” contra su líder Vladimir Cerrón y su partido político.

En esa conferencia de prensa, en las inmediaciones del Congreso, presentaron a Luis Barranzuela como el abogado que defenderá sus intereses ante la investigación por presunto lavado de activos que inició el fiscal Richard Rojas.

Contactado por este diario, Barranzuela sostuvo que respetarán la reserva de la investigación pero adelantó que presentará una pericia de parte a fin de demostrar la legalidad de sus bienes y recursos.

“Con esa pericia se van a poder apreciar cual es la legalidad del origen del caudal patrimonial del partido, de cada bien; cómo es que se ha adquirido cada bien, si es identificado en el circuito económico legal, y con eso vamos a refutar, lógicamente, la posición que postula el Ministerio Público”, refirió.

No obstante, cuando se le consultó si mantendrá la línea de defensa que trazó Vladimir Cerrón, quien señaló que la propiedad del local central de Lima fue adquirida con el aporte de los militantes, el letrado marcó distancia de esa versión.

“Nosotros tenemos que seguir un argumento que sea el correcto, yo no puedo referirme a las declaraciones del señor Cerrón, sino que, como un abogado que ejerce la defensa técnica, tenemos que ser completamente objetivos”, sostuvo.

Ante esa respuesta, se le insistió si le quedaba claro, como señaló Cerrón, que la compra del inmueble de la avenida Brasil se hizo con abonos de los afiliados. Barranzuela dijo que “no puedo afirmar ni negar eso”.

“Estamos en una etapa muy reservada, en la cual acopiamos información que está siendo objeto de análisis para el trabajo pericial contable de parte; esa es la forma en la que una investigación de esta envergadura tiene que hacerse”, aseveró. Asimismo, cuestionó “la proporcionalidad” de la orden judicial que permitió el allanamiento al local partidario y bienes vinculados a Cerrón, en Lima y Huancayo, el pasado sábado 28 de agosto. 

El congresista Waldemar Cerrón dijo que si bien no estaban de acuerdo con las disposiciones judiciales, se allanarán a las investigaciones. “Nosotros estamos dispuestos y nos allanamos a cualquier tipo de investigación legal, pero condenamos y mostramos nuestra preocupación cuando no se da el debido proceso”, manifestó a la prensa.

El legislador dijo que el allanamiento ocurrió justo después que se otorgó la confianza al gabinete de Guido Bellido por parte del Congreso.

“Creemos que estos hechos opacan el desarrollo político, no solo de Perú Libre, sino de otros partidos que se pudieran ver en esta situación”, expresó el hermanísimo, quien también es investigado por la Fiscalía.

Fuente: Peru21