Para los que no lo saben, la serie estadounidense de los años 50, “Los Intocables”, sirvió de fuente de inspiración para crear “La Banda del Choclito”.

El día de hoy tenemos la nueva versión, aumentada y mejorada, de “La Banda del Choclito”, conformada por Castillo y sus secuaces. Parecería que uno de los requisitos para ser nombrado funcionario de este gobierno, es tener un prontuario o investigación policial en el currículo. Desde que Castillo asumió el poder, hemos tenido un asesino como canciller, un terrorista como ministro de trabajo, un pegalón de mujeres como primer ministro, un filo terrorista como ministra de la mujer, un charlatán como ministro de salud, sin dejar de nombrar a todos los funcionarios con investigaciones por terrorismo, corrupción, lavado de activos, entre otras perlas más.

Castillo y sus secuaces, han llegado al gobierno con la clara intención de enriquecerse lo más rápido posible, ya que no saben cuánto tiempo durarán en el cargo. De otra manera no se puede entender el apresurado copamiento de todos los niveles del aparato estatal por parte de los comunistas. Vemos nombramientos de personas sin ninguna experiencia para los cargos que asumen. El único requisito es ser amigo, familiar o miembro del partido Perú Libre y sus aliados como Juntos por el Perú, para poder acceder a un puesto de trabajo.

Hace una semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, aprobó un dictamen que busca modificar el Código Procesal Penal y el Código Penal en lo referente al proceso especial de colaboración eficaz. La reacción de los “expertos legales”, ha sido mayoritariamente de oposición a estos cambios, ya que según ellos debilitarían el proceso de colaboración eficaz que ha sido fundamental en casos como Lava Jato, el Club de la Construcción y tantos otros.

No soy un experto en temas legales, ni pretendo serlo, pero creo que es interesante analizar desde la perspectiva de un ciudadano, que como muchos otros, nunca hemos encontrado justicia en el país y tratar de entender qué hay detrás de dicha oposición.

Los cambios fundamentales que se proponen son los siguientes y los analizaremos uno a uno:

La obligatoriedad de la presencia del abogado del colaborador eficaz, al momento de la manifestación ante el fiscal. No creo que ningún experto legal se pueda oponer a que el colaborador eficaz esté debidamente asesorado por su abogado durante todo el proceso.

El segundo cambio propuesto, es la exigencia que el colaborador eficaz brinde toda la información con la que cuenta desde el principio y los medios para corroborarla, de lo contrario, peligra su condición de colaborador. Esta modificación va en contra de los intereses caviares de la fiscalía, ya que los fiscales en determinados casos, van soltando a cuenta gotas la información, con el pretexto que el colaborador así lo ha hecho. Es así, que van manipulando y dirigiendo los tiempos de las investigaciones como más les conviene. ¿Será una coincidencia que cada vez que Keiko sale declarar, el fiscal Domingo Pérez, ¿hace lo propio sobre un nuevo colaborador eficaz o una nueva prueba?

El tercer cambio tiene que ver con los plazos de la colaboración eficaz. Según el dictamen, se impone un plazo de 8 meses para el proceso de colaboración eficaz, desde que se presenta la solicitud hasta que es aprobada o rechazada. Se podría solicitar una ampliación de 4 meses para procesos regulares y de 8 meses para casos complejos de crimen organizado. Con este cambio, ya estamos chocando directamente con los intereses caviares de la fiscalía, ya que ellos manejan los plazos como mejor les conviene. Si bien todos somos consientes que los procesos de colaboración eficaz y crimen organizado son difíciles y que requieren informes, peritos, viajes etc.; no sería justicia real que las investigaciones de la fiscalía demoren años de años. En unos casos generando incertidumbre en los investigados (Keiko) y en otros permitiéndoles aplazar el castigo (Villarán). Unos breves ejemplos: la investigación fiscal a Keiko Fujimori tardó 4 años y recién el año pasado se presentó la acusación. La investigación fiscal en el caso de la corrupta alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ya tiene casi 4 años y ni siquiera se ha presentado acusación. No dejaremos de mencionar el caso de PPK, cuya investigación fiscal ya lleva más de 3 años con él bajo arresto domiciliario.

Pero el cuarto cambio, es el que más atenta contra los intereses caviares y sus aliados en los medios de comunicación. El dictamen propone castigar con prisión no menor de 4 años ni mayor de 6 años a quien identifique a un colaborador eficaz o difunda su declaración parcial o completa. Cuando es funcionario público la pena será no menor de 5 años ni mayor de 7 años. Me imagino que los primeros que han dado el grito al cielo son los seudo periodistas del IDL y sus aliados en la fiscalía. 

¿Recuerdan cuando Barata declaraba ante los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez en Curitiba y nosotros leíamos casi en simultaneo sus declaraciones en la página web de IDL reporteros? En un país civilizado se protege al colaborador eficaz justamente para que pueda brindar toda la información que tiene ante la justicia sin miedo a represalias contra su vida o la de su familia.

El día de hoy, tenemos a una nueva colaboradora eficaz en la primera plana de todos los medios, acusando nada menos que al presidente Castillo de ser parte de una mafia, junto con ministros de estado, congresistas y una larga lista de funcionarios públicos y familiares, quienes, a través del direccionamiento de licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desviaban millonarios fondos para sus empresas amigas. La “Banda del Choclito” en versión comunista.

Como dijo el economista boliviano Hugo Marcerlo Balderrama: “El socialismo no es un fracaso económico, es un saqueo exitoso”.

No dejemos que los comunistas en el poder sigan saqueando nuestro país. Lampadia