Esta semana ha vuelto a la agenda si el congreso debe ser unicameral o bicameral; desde los orígenes de la república hasta el autogolpe de Fujimori fue bicameral (Senadores y Diputados) y con la Constitución de 1993 se convirtió en unicameral; en ambas experiencias hemos tenido problemas de representación y funcionalidad política, difícil decir que uno es mejor que el otro, los peruanos hemos padecido lo peor de cada uno de ellos y, cualquiera sea la forma que se adopte para el futuro, lo más probable, es que seguiremos padeciendo más de lo mismo, solo que con la bicameralidad en mayor cantidad y más gasto para el país. Pensando en el Perú, que el congreso sea unicameral o bicameral, es un debate insulso, inútil, para el ciudadano y el país.

Para la democracia peruana  es más importante la definición o redefinición de su sistema de gobierno como presidencialista o no; nunca hemos sido ni somos un país parlamentarista y, no esta en debate que lo seamos; sin embargo, el congreso ha devenido en un medio indirecto (vacar o renunciar) de sacar y poner presidentes por sucesión constitucional (Vizcarra y Dina) o para poner parlamentarios en un gobierno de transición (Paniagua, Merino y Sagasti) y un medio de chantaje para negociar cupos, proyectos, obras y negocios gubernamentales mediante la censura de ministros. Es más necesario precisar las figuras parlamentarias de “premier”, voto de confianza, investidura del gabinete y disolución congresal, que hemos incorporado a nuestro histórico presidencialismo para evitar conflictos en perjuicio de la democracia. Hay figuras “parlamentarias” incorporadas en la constitución de 1979, mantenidas en la de 1993 que hoy son causantes en gran parte del desgobierno y crisis nacional. 

El presidencialismo en el Perú ha tenido presidentes débiles, algunos fuertes y muchos dictadores que desaparecieron al congreso; últimamente hemos tenido presidentes controlados por el acecho y voracidad del congreso; congresistas que buscan gobernar sin haber sido elegidos para ello. Hoy, debido a la oscuridad constitucional, la disputa entre el Ejecutivo (que legisla más que el congreso) y el Congreso que quiere gobernar (más que el ejecutivo) y copar a todos los organismos constitucionales va camino a destruir nuestra institucionalidad democrática. Para evitar esta destrucción, resulta necesario un ajuste constitucional que equilibre el ejercicio del poder. Imposible hacerlo con políticos, autoridades y “especialistas” que creen en algo que no existe ya, tres poderes del estado, hay muchos más, llamados organismos constitucionales, que muchas veces tienen más poder que los tradicionales. El Estado se ha complejizado, complicado y modernizado y, desnaturalizándolo, queremos meterlo en teorías, conceptos y normas de siglos atrás.

Por otro lado, nuestra crisis política nacional, tiene que ver, con los políticos, líderes y candidatos que hemos elegido y convertido en nuestras autoridades; la degradación es vergonzosa, cada vez hemos ido para peor, el congreso vive de escándalo cotidiano, la ciudadanía lo llama chongreso, la frase misma de que “este es el peor congreso de nuestra historia” parece haber roto todos los fondos que hayamos tenido. Corresponde mejorar los requisitos y filtros para ser electo, de lo contrario, tendremos más impresentables en dos cámaras. La bicameralidad no se agota en la genérica reforma constitucional de restablecer la cámara de senadores, requiere normas orientadas a reorganizar la estructura, los procesos y procedimientos parlamentarios; sin ello, servirá para incrementar el número de impresentables que van a la captura del ejecutivo movidos por sus intereses personales más que por el bien del país.

No es cierto que la creación del Senado mejore la calidad de la representación nacional, si incrementa numéricamente los representantes por número de ciudadanos, pero no mejora calidad congresal si no va acompañada de mejores filtros y del fortalecimiento de los partidos políticos. Sin ajustes será peor. Insisto en dos: 1. Que personas que hayan sido sentenciadas por delitos estén impedidos de ser militantes y no se permita candidatos con acusaciones fiscales por delitos graves y, 2. Los cargos son cupos de los partidos y no “propiedad personal” de los electos para evitar el transfuguismo y proliferación de bancadas. 

Las reformas políticas que impulsa el actual congreso buscan incrementar su poder a costa de los otros y procurar la reelección de sus miembros; la desvinculación, desarraigo o abandono de sus partidos ha permitido que los parlamentarios negocien individualmente cupos de poder a costa del país, recrear el senado ante la inexistencia de la reelección parlamentaria es una oportunidad de seguir en el Congreso y, no dudemos que la reforma constitucional para garantizar la reelección de congresistas también la hagan realidad sin pasar por un referéndum. Este congreso, que no escucha ni representa a nadie, hará lo que se le da la gana, controla al ejecutivo, TC, MP, DP; va por la JNJ y todo el sistema electoral. No les importa la democracia, el deterioro económico, la pobreza, la inseguridad, la ciudadanía, no les importa el Perú.

El Bicameralismo podría ser útil si se hacen otras mejoras normativas para nuestro sistema de gobierno, mejor representación, organización y procesos parlamentarios; la propuesta aprobada en el pleno esta semana, está teñida de los malolientes intereses de las actuales organizaciones criminales que infestan el congreso, que lo piensan como gobierno o mandamás en el Perú y, desde el cual, pueden negociar proyectos, obras, designaciones y prebendas más allá del 2026. Dejar una reforma de este tipo en manos del actual congreso es dejar nuestro estado y país en manos de prontuariados y capos que buscan quedarse indefinidamente en el poder. Nuestra desgracia es que legalmente depende y pasa por ellos, el congreso y sus partidos, hasta que el desaprobación ciudadana encarne en ese “que se vayan todos” y “adelanto de elecciones”. Habrá que seguir bregando por nuestro Perú.