El argumento de la izquierda progresista acerca de que un Congreso con cerca de 10% de aprobación no puede desarrollar reformas constitucionales es uno que pertenece al arsenal de los fascismos, de los populismos, de los putchismos, que suelen promover mayorías circunstanciales para aplastar las instituciones debilitadas y entronizar a una minoría en el poder. El golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino y la emergencia del gobierno provisional de Francisco Sagasti fue parte de esas estrategias plebiscitarias que encumbraron a minorías de minorías. Así sucedió.

Por todas estas consideraciones, el Perú demanda con urgencia una reforma del sistema político y una reforma del sistema de justicia. La bicameralidad permitirá mejorar el sistema de equilibrio de poderes en el país, la derogatoria de la absurda prohibición de la reelección de los parlamentarios posibilitará plantearnos la formación de una clase política y la eliminación de las elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) empoderará a los partidos y fomentará la creación de partidocracias; es decir, las únicas fuentes de poder que conocen las democracias modernas y la libertad.

Asimismo, la reforma del sistema de designación y nombramiento de magistrados posibilitará enfrentar la extendida provisionalidad de los operadores de justicia e intentar terminar con la brutal judicialización de la política que ha fagocitado la democracia, la convivencia entre las corrientes políticas y, finalmente, encumbró al poder al peor candidato de la historia republicana, es decir, Pedro Castillo.

Sin embargo, las reformas institucionales y del sistema de justicia no tendrán ningún sentido si no se emprende una nueva ola de reformas económicas e institucionales que relancen el crecimiento, el proceso de reducción de pobreza, en base a un incremento de la productividad de la economía nacional. El año pasado la economía nacional entró en recesión y para este año la expansión económica no superara el 3% del PBI, mientras la pobreza se acerca peligrosamente a un tercio de la población, no obstante que antes de la pandemia y del gobierno de Castillo estaba en 20%.

Para que la economía vuelva a crecer a tasas altas y a reducir pobreza en varios puntos porcentuales por año, por un lado, se necesita estabilidad y predictibilidad política –un objetivo que los partidos deben trabajar–, pero también se requiere con urgencia una reforma tributaria y otra laboral para derribar las murallas que generan informalidad. El país necesita un sistema tributario simplificado, con dos sistemas: uno para las micro y pequeñas empresas, y otro para el resto de empresas. Un sistema simplificado y con tasas y tributos con tendencia a reducirse para ampliar la base tributaria.

Igualmente, en legislación laboral necesitamos derogar todas las normas que promueven el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores y aprobar el principio de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucede en todas las sociedades desarrolladas que han alcanzado el pleno empleo. No hay otro camino.

Sobre esas apuestas de reformas debería producirse un verdadero shock antiburocrático, para que todos los procedimientos ante el Estado se tramiten en ventanillas únicas y con no más de cinco trámites por proceso. Y a partir de allí será posible reducir el tamaño del Estado a través de la reducción de más de diez ministerios sin justificación, creados por las corrientes progresistas para organizar una clientela política. 

En ese contexto, la reforma de la educación, la reforma del sistema de salud y el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras –a través de asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos– se convertirán en los principales motores del incremento de la productividad nacional, el único camino que nos permitirá tentar el desarrollo.