Esa reforma político electoral en curso, no sólo es un atropello y retroceso constitucional, al que parece querer acostumbrarnos este paupérrimo congreso; es, sobre todo, una terrible violación múltiple a los derechos humanos de igualdad ante la ley, libertad de conciencia, pensamiento, expresión, asociación y participación (artículo 2°) y; a la ciudadanía y los derechos políticos de participación ciudadana, elegir, ser elegido, voto, referéndum, revocatoria, remoción, rendición de cuentas, iniciativa legislativa y participación vecinal. Esa agresión múltiple es un real atropello a los ciudadanos que tienen ganado esos derechos y los vienen ejerciendo mediante sus movimientos regionales inscritos conforme a la constitución y leyes vigentes. Asesinando movimientos regionales, organizaciones políticas, legal y legítimamente reconocidas, están violando masivamente los derechos humanos y los derechos ciudadanos amparados por nuestro orden constitucional. Imposible permitirlo.

Es un perverso retroceso en materia de derechos humanos, como lo acaba de señalar el JNE, implica “una vulneración al principio de irreversibilidad y su correlato, el principio de progresividad, conforme el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos”. Para la prepotencia y autoritarismo instalada en las bandas que gobiernan en y desde el congreso, quizás poco importe decirlo, pero para el futuro democrático del Perú, es bueno recordarlo, si intentaran continuar con su despropósito de asesinar a los movimientos regionales, violar los derechos humanos y derechos de los ciudadanos agrupados en esas organizaciones políticas, en mérito a los principios de irreversibilidad y progresividad, los movimientos serán restituidos si deciden defender sus derechos ante la jurisdicción nacional y/o internacional.

La única razón de esta barbarie de las bandas criminales disfrazadas de partidos que gobiernan desde el congreso es desaparecer cualquier atisbo de competencia electoral que se les presente en las elecciones regionales y municipales de octubre del 2026. Ellas desean masificarse, elegirse e instalarse en el ejecutivo y congreso en el primer semestre del 2026 y en los 26 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1678 municipalidades distritales en el segundo semestre del 2026; procuran desaparecer, hoy que tienen el poder, a los movimientos regionales que usualmente les ganan en las elecciones regionales y municipales. Intención prepotente y criminal y, violación de derechos humanos y ciudadanos a vista y paciencia de todos.

Clara muestra de esta perversión congresal y pisoteo regional, lo constituyen los resultados electorales regionales y municipales del 2022; que cifras más o menos reflejan los resultados de las elecciones municipales y regionales desde el 2002. El 2022 los movimientos regionales ganaron 14 gobiernos regionales, 122 provincias y 983 distritos; Perú Libre el partido que ganó las elecciones generales el 2021, no gano ningún gobierno regional, solo ganó en 3 provincias y 73 distritos y; Fuerza Popular, el segundo partido en las elecciones generales del 2021 apenas logro ganar 3 distritos. Somos Perú, el más exitoso, ganó 7 gobiernos regionales, 28 provinciales y 171 distritales; APP ganó 2 gobiernos regionales, 17 provinciales y 167 distritales; Avanza País 1 gobierno regional, 10 provinciales y 74 distritales. Renovación popular sólo ganó 2 provincias y 36 distritos; AP 3 provincias y 61 distritos; Podemos Perú 3 provincias y 42 distritos. Esos partidos que perdieron las elecciones municipales y regionales del 2022, pero que gobiernan el congreso con los resultados electorales del 2021, son las que buscan desaparecer a los movimientos regionales de toda posibilidad de competencia electoral el 2026. Violación, prepotencia y barbarie constitucional.

Este atropello constitucional y pisoteo a la voluntad popular regional; según sea la reacción de los políticos y activistas regionales, podría revertirse hasta llegar a fojas cero, siempre que su reacción sea permanente y se articule con la protesta social a la que dio la espalda el 2022 y 2023. Una protesta, concertada y organizada, podría arrinconar al delincuencial régimen que hoy nos gobierna, hasta podría lograr un gobierno de transición y adelanto de elecciones nacionales para presidente y congreso. Podría ser ese click político ciudadano que nos es tan esquivo, y que logre enganchar el profundo desprecio a la clase política y gobernantes nacionales del ejecutivo y congreso con el clamor ciudadano de que “se vayan todos” y adelanto de elecciones. Difícil predecirlo, pero el 28 de julio, es siempre propicio para hacer ajustes políticos que la coyuntura exige. Este puede ser un motivo que encarne la protesta social latente, presente y aislada con la protesta política regional tocada por las bandas criminales nacionales que nos gobiernan y quieren gobernar las regiones y localidades también.

Una protesta social y política regional, en resguardo del orden constitucional, la democracia y el estado de derecho, podría también desencadenar algo que se viene gestando lenta pero firmemente, la activación de la Carta Democrática Interamericana y la conformación de una Mesa de Dialogo Nacional que junto con un gobierno de transición diseñen una salida democrática firme y duradera como la que nos urge y necesitamos. La Asociación de Movimientos Regionales ha anunciado una protesta nacional para el mes de julio, una revivida “marcha de los cuatro suyos”, Iniciativa Democrática encuentra en este reclamo un motivo más para invocar la activación de la CDI y quizás la Plataforma por la Democracia encuentre en este motivo otra razón para encarnar el desprecio y rechazo ciudadano a nuestros gobernantes con la oportunidad nacional de defender nuestra democracia con nuevas autoridades que nos permitan construir una salida y transición democrática de la larga y profunda crisis que hoy padecemos.