Esa dictadura del crimen con su costra política nacional, ha desencadenado un proceso de destrucción democrática, consistente y autosostenible, que debe ser reprochado a nuestra indiferencia y pasividad ciudadana, ausencia de compromiso y dignidad democrática; avanzan y consolidan por responsabilidad nuestra, gobiernan con desparpajo e impunidad porque les hemos cedido el espacio y protagonismo del ejercicio de la política y del poder. Evitamos y nos alejamos del ejercicio de la política para no contaminarnos porque es sucia, que ilusos hemos sido, en realidad, con nuestros votos, la hemos dejado en manos de los peores, de criminales, para que se apropien de ella y, mediante sus partidos, nos gobiernen. Los únicos que podemos detener a esta dictadura del crimen y su costra política nacional somos los ciudadanos, siempre que recuperemos nuestra dignidad, amor a la patria y tengamos la entereza y fortaleza para hacerlo. En nosotros está.

La cercana culminación de la presente legislatura ha acelerado los impulsos criminales de las bandas congresales, a su consabido afán de controlar el sistema de justicia y el sistema electoral, con la finalidad de seguir gobernando y entornillarse en el poder, han añadido su perverso afán de debilitar la persecución del crimen organizado en el que se encuentran sus líderes y partidos, mediante un proyecto de ley que “complejiza” la definición de organización criminal, excluye a los delitos de corrupción contra la administración pública, perjudica los allanamientos domiciliarios y excluye a los partidos políticos del delito del crimen organizado. Este proyecto, aprobado en primera votación, afecta la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que es el marco de nuestra Ley N° 30077 o la Ley Contra el Crimen Organizado; mediante él se entorpecen varios procesos vigentes que involucran líderes y partidos políticos, también beneficia a delincuentes comunes y mafias ligados a trata de personas, delincuencia común y extorsión. Su perverso beneficio criminal, alcanza a delincuentes que todos los días, en todas las calles y lugares del Perú son causantes de la terrible inseguridad ciudadana. Que inmundicia, los delincuentes gubernamentales amplían sus beneficios, sin importar los ciudadanos, a los delincuentes callejeros. 

Existe otro proyecto de ley, aprobado en primera votación, que va contra el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en Perú entró en vigor el 1 de julio del 2002, contra la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa humanidad” que entró en vigor el 9 de noviembre del 2003 y contra las resoluciones de la Corte Interamericana; pretende liberar, entre varios casos de violación masiva de derechos humanos, a Alberto Fujimori de sus procesos en curso por la matanza en Pativilca del año 1992 y el proceso sobre las esterilizaciones forzosas donde se encuentra procesado con su médico de cabecera y actual congresista Alejandro Aguinaga; y, con una enorme irresponsabilidad nacional, beneficiarán también a terroristas que cometieron delitos de lesa humanidad durante los 80 y los 90. Las bandas criminales que gobiernan desde el congreso, buscando beneficiar a sus criminales, no les importa si favorecen a los otros delincuentes de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Quizás festejen hoy, difícil que dure y se mantenga una ley de ese tipo, esos crímenes, desde que el Perú acogió esos tratados ya son imprescriptibles.

La dictadura del crimen que nos gobierna con su costra política nacional no se detendrá hasta tener el control total del sistema de justicia, sistema electoral y crear el marco que garantice su impunidad; han avanzado en todo, pero no desean dejar nada al azar; esas bandas criminales que controlan y disponen del poder ejecutivo, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, parte del Ministerio Público y Poder Judicial acaban de aprobar en la Comisión de Constitución otra reforma constitucional que desaparece a la Junta Nacional de Justicia y crea, en su reemplazo, la Escuela Nacional de la Magistratura como la instancia de formación, designación y sanción de los jueces y fiscales provinciales, superiores y supremos; y, además, faculta al futuro Senado la designación y destitución de los Jefes de la ONPE (encargada de organizar las elecciones) y el RENIEC (encargado de elaborar el padrón electoral y verificar firmas para el ejercicio de los derechos políticos). Tendrán todo a su merced, como en los 90, cuando la dictadura fujimorista copó todo desde el ejecutivo, hoy el fujidinismo o dictadura del crimen lo hace desde el congreso.

La costra política nacional que nos ha impuesto desde el congreso su dictadura del crimen apura sus reformas constitucionales y legales, con todo bajo su control, hasta podría darnos otra sorpresa, siempre controlada y manejada por ella, una vacancia presidencial. Dina Boluarte tiene varias acusaciones fiscales en curso, 90 % de rechazo ciudadano y apenas 5% de aceptación, vacarla podría serles útil para intentar recoger el clamor ciudadano y amenguar el 91% de rechazo congresal y su 6% de aprobación; hasta podría ser, provocando otra fuga presidencial, como lo hizo Alberto Fujimori el 2001, aprovechando un viaje facilitado por el congreso. 

Llegar a diciembre de este año, mucho más hasta el 2025 o julio del 2026, es una eternidad, esta presidenta es una carga pesada hasta para este congreso, no sorprendería que se desprendan de ella por vacancia asimilada o fuga provocada, tengamos un gobierno de transición manejado por ellos y un adelanto de elecciones bajo su control. Aún así, en esas tétricas circunstancias, con todo cuesta arriba y contra corriente, es una oportunidad que los ciudadanos deberíamos abrigar y aprovechar para iniciar el rescate y recuperación de nuestra democracia. Combatir la dictadura del crimen y a la costra política nacional que nos gobierna, en nosotros está.