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Contraloría revela graves deficiencias en gestión de seguridad ciudadana en Bagua, Chachapoyas y Utcubamba

Amazonas. Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz serias deficiencias en la administración del presupuesto destinado a la seguridad ciudadana en las provincias de Bagua, Chachapoyas y Utcubamba, pese a contar con recursos asignados para tal fin. Entre las principales observaciones figuran la contratación irregular de personal, el uso ineficiente de equipos, la falta de mantenimiento de sistemas de videovigilancia y el incumplimiento de normativas esenciales para un servicio eficiente. Utcubamba: personal sin garantías y cámaras sin mantenimiento En el caso de la Municipalidad Provincial de Utcubamba,

Contraloría revela graves deficiencias en gestión de seguridad ciudadana en Bagua, Chachapoyas y Utcubamba



29/05/25 - 09:33

Encabezada por el alcalde Diógenes Celis Jiménez, se detectó la contratación de personal de serenazgo bajo la modalidad de locación de servicios, sin contar con órdenes de servicio vigentes ni seguros complementarios de trabajo de riesgo. Esta situación expone al personal a peligros laborales y coloca a la municipalidad en riesgo de sanciones legales.

Además, la comuna no cuenta con un plan de mantenimiento para sus 14 cámaras de videovigilancia, ni con manuales de operación o protocolos de atención a incidencias. Esta falta de gestión técnica compromete seriamente la operatividad del sistema de seguridad. La creciente ola delictiva en Bagua Grande, capital de la provincia, pone en evidencia las consecuencias de estas omisiones, que ya han cobrado vidas y causado pérdidas materiales.

Puede ser una imagen de 2 personas, televisor y texto

Chachapoyas: cámaras sin almacenamiento y falta de equipamiento
En la capital de la región, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas —liderada por el alcalde Percy Zuta Castillo— no almacena las grabaciones de videovigilancia durante el plazo mínimo de 45 días, lo que impide a las autoridades y ciudadanos acceder a registros importantes en caso de investigaciones.

Asimismo, el personal de serenazgo carece de equipamiento de protección, medios de defensa personal y radios de comunicación. A ello se suma el incumplimiento en el registro del personal en la plataforma del Ministerio del Interior, lo que afecta los principios de transparencia y rendición de cuentas. La gestión del alcalde Zuta ha sido duramente criticada por medios locales, que la califican como una de las más deficientes en la historia reciente de la ciudad.

Puede ser una imagen de 2 personas, scooter y texto que dice "Motocicletas nuevas sin uso por falta de conductores CONTRALORIA T ANTUS ahsrape sra pe ah"

Bagua: vehículos parados y sin sistema de vigilancia
En Bagua, bajo la administración del alcalde Javier Julón, la situación no es menos preocupante. La Contraloría evidenció que vehículos asignados al servicio de serenazgo —como camionetas y motocicletas— están inoperativos por falta de conductores capacitados y con licencia. Además, la municipalidad no cuenta con cámaras ni sistema de videovigilancia, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta frente a delitos y actos de violencia.

La comuna tampoco ha elaborado un plan específico de serenazgo para el año 2025, ni lleva el registro adecuado de las ocurrencias delictivas, lo que dificulta el seguimiento de casos y la planificación de acciones preventivas. Parte del equipamiento de protección personal se mantiene guardado, en lugar de ser utilizado por el personal operativo, comprometiendo su integridad.

Julón, cuyo mandato finaliza pronto, ha sido cuestionado por presuntos actos de corrupción, designaciones irregulares y una gestión sin resultados concretos para la población, marcada por promesas incumplidas y el deterioro urbano de la ciudad.

Un panorama alarmante
Las observaciones formuladas por la Contraloría reflejan una gestión deficiente y negligente en los tres principales municipios de la región Amazonas. A pesar de contar con recursos públicos para mejorar la seguridad ciudadana, la falta de planificación, transparencia y capacidad de ejecución ha puesto en riesgo a miles de ciudadanos.

La población exige que las autoridades asuman su responsabilidad y que los órganos de control fiscal y penal actúen con firmeza para sancionar las posibles omisiones y actos de corrupción que estarían detrás del abandono de un servicio esencial como lo es la seguridad ciudadana.

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