Ley de terrorismo urbano es un saludo a la bandera en la lucha contra la «delincuencia» gracias al Congreso y al Gobierno

Especialistas coinciden en que el proyecto no resuelve el problema de fondo como el sicariato, extorsión y delincuencia en el Perú. En los primeros 28 días del año se han registrado 145 asesinatos, según Sinadef. Foto: Composición/LR Josué Chávez Cardoza Califican la iniciativa como un saludo a la bandera. El último 24 de enero, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, volvió a poner en la palestra el polémico proyecto de ley de terrorismo urbano presentado por el Gobierno de Dina Boluarte el 3 de octubre del 2024 —hace exactamente 117 días—, en el que propone agregar y tipificar dicho delito en el artículo 315-C al Código Penal como medida para frenar la creciente ola de extorsión, sicariato y delincuencia que afecta al país luego del paro de transportistas en septiembre del año pasado.

30/01/25 - 05:15

En ese sentido, Salhuana pidió mayor celeridad a la Comisión de Justicia tras el atentado en la sede de la Fiscalía en Trujillo.

Sin embargo, en caso de aprobarse la ley que impulsa Boluarte Zegarra, se podría legalizar la criminalización de las protestas y el juzgamiento de miembros de la Policía a través de fueros extrajudiciales, así como los militares. La autógrafa plantea incorporar el delito de terrorismo urbano con una condena de hasta 30 años de pena privativa de la libertad por "generar zozobra o generar terror a través de los delitos de extorsión, sicariato, secuestro y conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato en algún lugar del país".

Asimismo, la iniciativa propone que sea considerado como cadena perpetua si el agente que realiza esta acción pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía, utilice material de guerra o armas que pertenezcan a las instituciones mencionadas o utilice a un menor de edad para comer dicho accionar.

Al respecto, La República consultó con un especialista en derecho penal y expertos en materia de seguridad ciudadana, quienes coincidieron que la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte es un saludo a la bandera y carece de efectividad para enfrentar la ola de criminalidad.

El abogado penalista, Mario Amoretti, calificó esta iniciativa como un "engaño" y "estafa" porque, según menciona, dichos delitos se sancionan con cadena perpetua desde 10 años atrás. "Pretenden sostener que si se aprueba el terrorismo urbano en tales delitos se soluciona la inseguridad que vivimos, la policía y Fiscalía apliquen la ley y tipifiquen como terrorismo que está vigente desde 1992 y también merecen cadena perpetua, la inoperancia del Ejecutivo".

De igual manera, recomendó al Ejecutivo a convocar a asesores de inteligencia a colaborar en estrategias y planes para combatir la delincuencia. "El problema no es leyes, no pretender engañar como viene haciendo el Congreso y el Ejecutivo, hay que prevenir y despidan a los asesores de cada congresista y lo que ganan se pague a los asesores", agregó.

Por su parte, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, calificó esta propuesta como "simbólica" e "inadecuada" debido a que ya se cuenta con una legislación "frondosa" que cubre todos los aspectos de extorsión, sicariato y asesinato con altas penas privativas de la libertad.

Por otro lado, Pedraza mencionó que, ante la observación de la ley de detención preliminar y la propuesta del terrorismo urbano, es "de alguna forma" contradictorio porque se deben establecer algunos límites con la medida fiscal. Asimismo, indicó que la iniciativa es un "saludo a la bandera" en medio de la crisis de seguridad ciudadana.

"Yo creo que las leyes nunca resuelven nada, ni creo que, también la no aprobación de la ley de la detención preliminar o cualquier otra medida sea un factor que pare la delincuencia. Solo se puede mejorar la seguridad actuando a través de acciones operativas de parte policial. Se debería priorizar la adquisición de equipamiento, la formación de efectivos policiales, la formación y la formación de grupos especiales que se dediquen a tiempo completo", enfatizó.

Ricardo Valdés, exviceministro viceministro del Interior, recomendó al Gobierno a establecer medidas estratégicas y planes de trabajo que contengan indicadores de avance, cumplimiento y que se pongan en práctica con el presupuesto designado. "El Ejecutivo tiene la costumbre de aprobar normas, planes, estrategias sin fortalecer la infraestructura de la Policía Nacional, y el Ministerio Público", comentó.

"Antes de entretenernos y entretenerse con crear con leyes nuevas como este terrorismo urbano, lo que tendrían que tener es eficiencia. Si fueran eficientes con las normas actuales del Código Penal, no requerirían estar pensando en terrorismo urbano o no", resaltó.

En esa misma línea, Valdés lamentó la desventaja de la Policía en cuanto al seguimiento que le hace a la criminalidad por factores económicos, de información y manejo de tecnología y lo calificó la propuesta del Gobierno como un saludo a la bandera. Finalmente, al ser consultado sobre si el proyecto de ley es un saludo a la bandera, Ricardo Valdés mencionó que la propuesta tiene más de 3 meses tiempo después de haberse presentado al Congreso y que esto no resuelve la crisis de inseguridad. "Han continuado en alta los asesinatos, ha condenado a en alza las extorsiones".

Proyecto de ley de terrorismo urbano.

Dina Boluarte juega en pared con el Congreso: ley de crimen organizado y detención preliminar atentan al sistema judicial

Siguen dilatando el tiempo. El pasado 14 de diciembre del 2024, el Legislativo y Ejecutivo jugaron en pared al aprobar y promulgar la norma que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia, considerada una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el Perú; por lo tanto, la iniciativa de Boluarte no serviría de mucho para garantizar la seguridad del los ciudadanos en el país. Desde el 3 de octubre, la propuesta se encuentra estancada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en la de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

No obstante, ante la presión de la ciudadanía, el Congreso retrocedió y aprobó la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia y el 16 de diciembre del año pasado le envió la autógrafa al Gobierno para su promulgación; sin embargo, el último 13 de enero, Boluarte observó la norma y devolvió al Parlamento para su revisión. Hasta el momento, la misma comisión que deberá elaborar un dictamen de la ley del terrorismo urbano, no ha visto las observaciones del Ejecutivo y se podría dilatar el tiempo hasta que comience la legislatura; es decir, en marzo.

Por otro lado, en una publicación, el Ministerio Público informó la gravedad de la Ley 32108 —publicada por el Congreso — contra el crimen organizado en que se introducen categorías adicionales para sancionar a grupos criminales, por lo que dificulta la tipificación del delito y, a su vez, la sanción de grupos que cometan estas actividades y complica los allanamientos al exigir la presencia de un abogado. Sobre esto, el Gobierno nunca observó la ley ni se pronunció al respecto.

Asimismo, la Fiscalía advirtió de otras cinco normas que atentan contra el sistema judicial, el trabajo fiscal, así como la lucha contra el crimen organizado.

Hasta el cierre de esta nota, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) ha registrado 145 asesinatos. En tanto, en la clínica Castillo, ubicada en Ate, se reportó la detonación de dinamita frente al hospital de Huaycán, así como en la sede de la Fiscalía en Trujillo hace unos días.

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