El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) reiteró su rechazo a los intentos de limitar los alcances de la Ley de Extinción de Dominio vigente (Decreto Legislativo 1373), mediante una proyecto de ley que impulsa el Congreso de la República. "Rechazamos los intentos de limitar los alcances de la ley vigente, los que –de ser aprobados– beneficiarían directamente a organizaciones criminales y delincuentes que adquieren bienes, que son utilizados para sus actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad", señaló dicha cartera en un comunicado difundido en sus redes sociales. La institución declaró que la extinción de dominio es una herramienta legal clave para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita.
En San Martín, titular de la PCM participó en la entrega de cheques para impulsar planes de negocio de las comunidades. Ante las comunidades nativas y los productores usuarios de los bosques de las regiones de Loreto, Madre de Dios y San Martín, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada para luchar contra las actividades ilegales que depredan la Amazonía. "Sus territorios son objeto de ataques, pero queremos decirles que estamos a su lado en la lucha contra la minería ilegal que está talando sus bosques, contaminando sus ríos y matando sus especies", manifestó el jefe del Gabinete Ministerial, desde Tarapoto, en la región San Martín.
En este periodo, la Policía Nacional y la Dicapi llevaron a cabo 33 operativos de interdicción en 13 regiones del país. La lucha para erradicar la minería ilegal continúa sin descanso. En 33 operativos de interdicción realizados en 13 regiones del país durante la primera quincena de febrero, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) destruyeron materiales y equipos usados en esa actividad ilícita valorizados en total en 120 956 250 soles. “Las fuerzas del orden no dan tregua a la minería ilegal. El Gobierno nacional está empeñado en su erradicación porque se trata de una actividad delincuencial
Más de 800 ciudadanos se vieron afectados. Amazonas. La Contraloría General de la República detectó que el comité de selección para la obra de construcción de pistas y veredas en el sector Tomaque, en la ciudad de Bagua, no admitió ofertas de postores que cumplían con los requisitos establecidos en las bases. Además, se aprobaron pagos sin verificar la ejecución real de los servicios y se produjo una demora en la gestión de un adicional de obra, lo que generó un perjuicio económico de S/ 462 054, afectando la finalidad pública de mejorar la calidad de vida de 825 ciudadanos.
Diversas regiones del país están siendo golpeadas por fuertes lluvias. Fernando Chuquillanqui - RPP El Ejecutivo oficializó este jueves la medida, que fue anunciada en la víspera por el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días. El Gobierno declaró el estado de emergencia en 157 distritos de 20 regiones del país, debido a las intensas precipitaciones, que están causando diversos estragos en la población, como activaciones de quebradas, deslizamientos, desborde de ríos, entre otros. El Ejecutivo oficializó este jueves la medida -que fue anunciada en la víspera por el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén-, a través de un Decreto Supremo publicado en las Normas Legales del diario oficial El Peruano.
La Fiscalía Penal Supra Provincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Amazonas, dispuso la apertura de investigación preliminar por el plazo de 60 días en contra de los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito en CONTRA DE LA HUMANIDAD en la modalidad de DISCRIMINACIÓN en agravio de Jindley Vargas Zumaeta. Los hechos que desencadenaron la intervención del Ministerio Público ocurrieron el 30-01-2025 en circunstancias que dos efectivos policiales impusieron una papeleta G40 al ciudadano Jindley Vargas Zumaeta, por haberse estacionado con su motocicleta en la parte frontal del palacio municipal, considerada zona rígida por disposición edil.
San Nicolás, Rodríguez de Mendoza: La Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, bajo la gestión del alcalde Nilser Tafur Peláez, reconoció públicamente que el agua que abastece a la población de San Nicolás no es apta para el consumo humano debido a los altos niveles de turbiedad. Ante esta situación, las autoridades han recomendado a los ciudadanos evitar el consumo directo del agua y optar por alternativas seguras como agua embotellada o filtrada para prevenir riesgos en la salud. Sin embargo, la falta de soluciones efectivas sigue generando preocupación entre los habitantes de la provincia. Advertencias ignoradas y falta de medidas concretas La mala calidad del agua no es un problema reciente. Informes previos de la Contraloría General de la República ya alertaban sobre la presencia de restos fecales en el suministro de agua,
Chachapoyas: En un encuentro con gran participación vecinal, el alcalde de Chachapoyas, Percy Zuta Castillo, informó sobre las intervenciones que se ejecutarán en la urbanización Pedro Castro y el barrio 16 de Octubre, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y garantizar el saneamiento físico-legal de la zona. Durante la reunión, que congregó a representantes de las juntas vecinales, rondas campesinas y diversas instituciones, se abordaron temas fundamentales como la construcción de alcantarillas, el mejoramiento de calles y la aplicación de la ordenanza municipal sobre limpieza de cunetas. Compromisos municipales y participación ciudadana El burgomaestre anunció que se realizará una visita técnica in situ con el equipo municipal y los vecinos para evaluar los puntos críticos que requieren intervención inmediata.
JAÉN: El mantenimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén sigue envuelto en controversias. A pesar de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, afirmó recientemente que la obra culminaría a fines de febrero y que los vuelos comerciales se reiniciarían en marzo, un acto de suspensión de plazos firmado por la empresa supervisora y el residente de obra establece una paralización de los trabajos que se inició el 14 de febrero y se extenderá hasta el 15 de marzo, bajo el argumento de condiciones climáticas, dejando en duda el cumplimiento de los compromisos oficiales. Por coincidencia, el 14 de febrero se confirmó la condena de siete años de prisión efectiva para el ingeniero Alex René García Fernández, residente de la obra,
Región Amazonas: Un reciente sondeo de opinión pública, realizado entre el 1 de diciembre de 2024 y el 15 de febrero de 2025, ha puesto en evidencia la grave crisis de legitimidad que atraviesa el Consejo Regional de Amazonas. Con una desaprobación del 91.3%, la población ha expresado su descontento generalizado con la actual gestión. El estudio, elaborado por Amazonas Sin Corrupción, se llevó a cabo con una muestra de 12,200 encuestados en toda la región mediante encuestas telefónicas y formularios digitales, con un margen de error de ±3% y un nivel de confianza del 95%. Rechazo rotundo a la gestión regional A la pregunta sobre la aprobación del Consejo Regional, apenas un 6.5% de los encuestados mostró su respaldo, mientras que un abrumador 91.3% manifestó su desaprobación. Solo un 2.2% no tuvo una opinión al respecto.
Impulsa propuesta que fortalece la gestión de riesgo de desastres En el contexto de la emergencia por las intensas lluvias que se están registrando en diferentes partes del país, el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, resaltó la necesidad de hacer cambios en la legislación para mejorar la gestión del riesgo de desastres y el rol de las Fuerzas Armadas, a fin de que puedan intervenir antes de que se presenten los desastres naturales. Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular del sector Defensa informó que se analizó la propuesta de modificar el marco normativo vigente, con el fin de permitir que tanto las Fuerzas Armadas como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) puedan intervenir en los siete procesos de la gestión del riesgo de desastres.
