El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad señaló que la empresa privada usaría tecnología para vigilar la entrada y salida de personas Alex Martínez Pajuelo - Correo La lucha contra la ola criminal que golpea a todo el país, y con mayor fuerza en algunas regiones como La Libertad, no solo se debe librar en las calles, sino también en los establecimientos penitenciarios, desde donde, según investigaciones policiales, muchos internos dirigen asaltos, secuestros y extorsiones. Esto estaría sucediendo porque los reclusos tienen acceso a servicios como Internet y a dispositivos prohibidos como chips, celulares; además de drogas y otros objetos que les sirven para seguir cometiendo sus fechorías, a pesar de estar detrás de los barrotes.
Ante cualquier síntoma, especialistas de la Digemid recomiendan acudir al establecimiento de salud más cercano El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), advirtió sobre los peligros de la automedicación en el manejo de síntomas de enfermedades respiratorias, las cuales suelen incrementarse con los cambios de clima, teniendo en cuenta que práctica puede enmascarar condiciones más graves y poner en riesgo la salud de la población. “El descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad y la sensación de frío favorecen la proliferación de enfermedades del sistema respiratorio.
El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad señaló que la empresa privada usaría tecnología para vigilar la entrada y salida de personas Alex Martínez Pajuelo - Correo La lucha contra la ola criminal que golpea a todo el país, y con mayor fuerza en algunas regiones como La Libertad, no solo se debe librar en las calles, sino también en los establecimientos penitenciarios, desde donde, según investigaciones policiales, muchos internos dirigen asaltos, secuestros y extorsiones. Esto estaría sucediendo porque los reclusos tienen acceso a servicios como Internet y a dispositivos prohibidos como chips, celulares; además de drogas y otros objetos que les sirven para seguir cometiendo sus fechorías, a pesar de estar detrás de los barrotes.
Con tres décadas y un lustro, la Unidad de Investigación de este diario guarda una serie de lecciones aprendidas y batallas ganadas. En esta nota, sus tres integrantes reflexionan sobre su oficio, el cambio en los hábitos de consumo informativo y de lo que esperan para el futuro. Rosmery Tapara, Ángel Páez y Doris Aguirre. Miembros de la Unidad de Investigación de La República. Fotografía: Marco Cotrina / La República Emilio Camacho Nacida cinco años antes del cambio de siglo, la reportera Rosmery Tapara es una centennial que revisa La República en el smartphone. Su rutina informativa es singular. Cada mañana "escrolea" su pantalla para leer la información que le interesa,
El local carecía de condiciones básicas para alojar a personas vulnerables. Por Martín Villacís – Expreso En menos de 48 horas, dos fugas masivas de internos expusieron las profundas fallas del sistema de supervisión en los centros de rehabilitación del Perú. Una de las más alarmantes ocurrió en Cieneguilla, donde 17 personas escaparon de un supuesto centro de tratamiento que, en realidad, operaba como un restaurante campestre con licencias irregulares. El municipio de Cieneguilla confirmó que el establecimiento no contaba con autorización sanitaria del Ministerio de Salud y que solo mantenía un permiso municipal para operar como restaurante. Pese a esa fachada, el local albergaba a personas en tratamiento por adicciones, sin las condiciones mínimas de seguridad ni supervisión médica.
"El Estado debe limitarse a verificar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, protegiéndolos de devaneos e intereses políticos, que a menudo devienen solo corruptos, pero dejando en manos privadas la responsabilidad de gestionarlos". Editorial Perú21 “El Estado y los gobiernos de turno han fracasado en proveer un mínimo de estándares de calidad en educación y salud”. Esta ominosa realidad fue expuesta por Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, al presentar la primera edición CADE Salud que se realizará el próximo 29 de mayo. El diagnóstico y los planteamientos sobre este tema son trascendentales y deberían ser los puntos cruciales en los debates de la campaña electoral que se viene.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la instalación de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional, en el marco de las Elecciones Generales del año 2026. Conoce en la siguiente nota qué son estos jurados y cuáles son sus funciones. Precisamente, Los Jurados Electorales Especiales son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular. Se encargan de dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa dentro de sus respectivas circunscripciones, a fin de garantizar el respeto a la voluntad ciudadana en todo proceso electoral.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP), busca implementar mejoras al marco normativo de denuncia y protección a denunciantes de actos de corrupción, en línea con las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el proceso de adhesión del Perú. Con ese objetivo la SIP lideró una reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En dicho encuentro se trataron las recomendaciones formuladas en las evaluaciones realizadas por el Comité de Gobernanza Pública (PGC), del Grupo de Trabajo sobre Integridad Pública y Anticorrupción (PIAC) y del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales (WGB) de la OCDE, a fin de fortalecer la protección de los denunciantes de corrupción.
La gobernadora del departamento del Chocó (noroeste), Nubia Córdoba, denunció una "nueva escalda de violencia" en la región por los combates entre esa guerrilla y el Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia. Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: AFP Redacción PERÚ21 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó el confinamiento de la población civil en el noroeste de Colombia a partir del viernes y durante tres días, en medio de una reciente ola de asesinatos contra militares y policías. El país atraviesa su peor pico de violencia de la última década, con negociaciones frustradas entre el gobierno y las organizaciones ilegales más poderosas. La gobernadora del departamento del Chocó (noroeste), Nubia Córdoba, denunció el viernes en la red social X
El principal centro de abastos de la ciudad norteña permanecerá cerrado para facilitar trabajos de renovación El mercado Modelo de Chiclayo es el principal centro de abastos de la ciudad norteña. El techo de la sección de carnes del mercado Modelo de Chiclayo, principal centro de abastos de la ciudad norteña, se desplomó esta tarde debido al mal estado de su estructura, sin ocasionar daños personales. Por fortuna, en ese momento el área se encontraba vacía de comerciantes, ya que obreros efectuaban trabajos de desmontaje de los aleros, los cuales presentaban riesgo de colapso. Las autoridades municipales recordaron que los trabajos de renovación de los techos comenzaron hace algunas semanas, en cumplimiento de las recomendaciones de Defensa Civil para garantizar la seguridad de los comerciantes y usuarios.
Se desplegó operativo inopinado en los nueve centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y un anexo La madrugada de ayer escaparon seis menores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación ubicado en San Miguel. Foto: Pronacej Veintinueve adolescentes de alta peligrosidad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima —conocido como Maranguita—, en el distrito limeño de San Miguel, fueron trasladados a Centro de Alta Seguridad, como medida de prevención en riesgos de fuga y el fortalecimiento de las acciones preventivas de seguridad ciudadana. Con esta medida, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), busca prevenir actos que atenten contra el proceso de rehabilitación y resocialización juvenil.
