El poder de la iglesia y sus organizaciones, dirigidos por la extrema derecha con Juan Pablo II y Benedicto XVI funcionó para callarlos y perseguirlos, solo periodistas apoyaron su causa y también fueron perseguidos y hostilizados por años. Décadas después, las acusaciones han sido comprobadas y castigadas oficialmente por la Iglesia Católica y el papa Francisco: el Sodalicio ha sido disuelto y el cardenal Cipriani tiene sanciones vigentes. La propia iglesia es quien ha castigado los delitos de estos delincuentes que actuaban en su nombre.  Recién se inicia, para las víctimas, el camino, ojalá no largo, de reparación y justicia y; para la iglesia, podría ser el inicio de un proceso de extirpación de pervertidos y saneamiento institucional. Gracias a José Enrique Escardo y demás víctimas del Sodalicio, a la anónima víctima de Cipriani y otras víctimas del Opus Dei, a los periodistas Pedro Salinas, Paola Ugaz y Daniel Yovera; admirable su perseverancia y ejemplo en esta lucha tan desigual.

El caso del Sodalicio, décadas oculto y perversamente silenciado por la iglesia, fue hecho público, años después, mediante el libro “Mitad Monjes, mitad soldados” (Salinas y Ugaz, 2015), generó una reacción feroz contra sus víctimas que les acusaron y los periodistas que investigaron, hasta días antes que el Papa Francisco, luego de comprobar y sancionar sus delitos, ordenara su disolución, mientras ellos seguían el desenlace en una prolongada Asamblea del 6 al 31 de enero en Brasil. El Sodalicio, durante su existencia, además de violar, abusar y pisotear seguidores, se constituyó en un poder económico dentro de la iglesia utilizando la fe y el nombre de dios; era un “mercantilismo religioso”, dios y la iglesia servían para hacer negocios, fortalecer sus empresas en beneficio particular, luego, estas eran utilizadas para “promover su fe”, aceitado círculo vicioso que funcionó a la perfección.

Los últimos meses de su existencia siguieron actuando con la maledicencia que fue su signo, hay denuncias públicas que antes de su disolución, 36 empresas propiedades sodálites, fueron transferidas a terceros para salvarlas de la disolución y seguir disfrutando sus negocios, un verdadero fraude religioso que la iglesia y las autoridades civiles deberían denunciar para salvar la reparación e indemnización a las víctimas. Penoso enterarse que en este lavado delictivo aparezca involucrado el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, las investigaciones periodísticas informan que las propiedades trasferidas, el 2021, se realizaron a una de sus empresas para promover fideicomisos e inversiones privadas. Todo ocurrió, cuando las denuncias al Sodalicio y Cipriani ya tenían sanciones de la iglesia. Las víctimas y la iglesia no deben ser burladas por “organizaciones criminales religiosas”, la justicia civil tampoco debería permitirlo.

El caso de Cipriani y el Opus Dei es igual de perverso, también oculto y silenciado por la iglesia. La publicación de El País y pronunciamientos de los involucrados, dejan certezas: las denuncias por pederastia existían desde 1983 (no hicieron nada) y vueltas a presentar el 2018 (acosaron a la víctima para que se rectifique); el Opus Dei, en ambos momentos, procuró silenciar, no tramitar, las denuncias; Cipriani ha negado los hechos, pero su propia orden y el Vaticano lo desmienten; Cipriani, se contradice, reconoce que le impusieron sanciones eclesiales y declara que el papa lo perdonó, el Vaticano informa que las sanciones están vigentes. El Opus Dei ha pedido perdón a la víctima, la iglesia igual.  Mejor sería que impulsen un proceso de saneamiento interno: sancionar al agresor, resarcir e indemnizar a sus víctimas. Lamentablemente no parece estar en su acción institucional ni en su voluntad eclesiástica para desgracia de las víctimas, su feligresía y la prédica en Dios.

Más allá de Figari, el ex obispo Eguren, demás denunciados y el Sodalicio; Cipriani y el Opus Dei, en Perú existen varias denuncias de violaciones, abusos y pederastia que involucran a religiosos que se mantienen silenciadas, no tramitadas, en la Iglesia. El Ministerio Público, como defensor de los derechos humanos y titular de la acción penal debería investigar, accionar y procurar sanción para dichos delincuentes que utilizan la religión para cometer delitos; hacer sentir que nadie es ajeno a la ley humana por más que se refugien en una sotana, la iglesia o el nombre de dios. Es una oportunidad para que la iglesia cree una Comisión de la Verdad, cómo han hecho otros países (Chile el más cercano a nosotros), para iniciar un proceso de limpieza y purificación institucional. Insisto, lo del Sodalicio y Cipriani, deben ser inició, no cierre de una podredumbre por limpiar en la iglesia y nuestro país.

La iglesia, el Sodalicio y el Opus Dei, por sanidad moral, deberían exigir la intervención de la justicia civil por delitos comunes cometidos por sus miembros usando el nombre de la iglesia, deberían propiciar los procesos y sanción a los culpables, no recurrir al absurdo espíritu de cuerpo que sigue perjudicando a las víctimas. El Sodalicio, Opus Dei y la iglesia utilizan al estado para obtener beneficios, recordemos la estrecha y abusiva relación entre Cipriani y Fujimori, la estrecha y turbia relación del Sodalicio y Opus Dei con el actual alcalde de Lima; también el “emolumento” que reciben curas y obispos del estado. El “mercantilismo religioso” es igual al mercantilismo estatal que un verdadero proceso de secularización debería desterrar. El estado peruano no debe mantenerse callado ante semejante barbarie de la iglesia, el Sodalicio y el Opus Dei; las víctimas y la feligresía lo reconocerían.

Todo supura y huele putrefacto: gobierno, congreso, instituciones, partidos, economías criminales, iglesia católica y evangélicas, deporte, instituciones culturales; genera estupor y desaliento ciudadano. La iglesia tiene mil caras, el cristianismo más, muchas manchan su nombre y deforman la prédica de Jesús, es otra tarea de saneamiento moral para recuperar nuestro Perú y dignidad."