Y benefician a sus líderes también, como la intromisión y control del sistema de justicia orientado a liberar y beneficiar a sus líderes y perseguir a sus adversarios. 

 

Ese irregular e indebido proceso electoral que vivimos, ha sido samaqueado, esta semana, por informes de uno de los organismos del sistema electoral. El RENIEC (encargado de elaborar el padrón electoral y verificar firmas para la inscripción de partidos), da cuenta que 30 de los 43 partidos inscritos en el ROP presentaron firmas falsas. Terrible, el 70% de partidos tienen manchada su inscripción y registro. Honesto y transparente, hubiera sido conocer esos informes denuncias en el momento que ocurrieron, no años o meses después cuando ya las elecciones están en curso y son 43 partidos en contienda. Dificil entender la razón del RENIEC, salvo la de impulsar la ley de verificación facial que le acaban de aprobar esta semana, a costa de perjudicar más la poca crediliidad del sistema. Dos cosas quedan claras: los partidos han actuado ilegalmente y los organismos electorales han incumplido su mandato constitucional. Lamentable, en estas elecciones, partidos actuando al margen de la ley y autoridades electorales que no cumplen su función serán los actores centrales para el ejercicio de nuestro voto. 

 

Si la extemporánea información del RENIEC sorprende y es sospechosa, llama más la atención, que la Contraloría General de la República tercie en el asunto, heche combustible al fuego e informe que en noviembre del 2024 y abril de este año, después de convocadas las elecciones, preciso que el JNE no realiza ni tiene la capacidad para fiscalizar las firmas de los partidos ni para determinar la responsabilidad de sus personeros y, que el RENIEC tampoco tiene la capacidad para validar grafo técnicamente las mismas (solo las coteja). Increíble, 3 organismos constitucionales: JNE, RENIEC y Contraloría denuncian la existencia de firmas falsas de 30 agrupaciones inscritas que participan en las elecciones en curso. Lo curioso es que la denuncia del RENIEC inicia cuestionando solo a partidos nuevos; el desborde mediático, no calculado, permitió involucrar a otros “antiguos” que dirigen la mafia gubernamental desde el congreso. No merecemos ni esas autoridades ni esas “organizaciones políticas”, al manoseado proceso electoral por la mafia gubernamental se añaden otras irregularidades que lo ensucian más. 

 

Las fábricas de firmas tienen años, no son práctica reciente, son otra creación del fujimorismo (Perú 2000 fue el partido invalidado y Oscar Medelius el notario, fugado, extraditado y preso por ello); se han mantenido a nivel nacional y regional y, casi nunca, han sido sancionadas. Que la falsificación de firmas sea una “costumbre” no exime a las autoridades de su responsabilidad para sancionarlas y denunciarlas cuando tengan conocimiento de estas. Las autoridades electorales han sido cómplices de dicho accionar delictual o, en su beneficio, han sido permisivas, una coladera, con dichas irregularidades. Lo que hoy llama la atención, es que esas fabricas de falsificación de firmas se han multiplicado como se han multiplicado los partidos, son tantas, que podríamos hablar de una industria nacional de falsificación de firmas para inscribir partidos políticos en un país donde el crimen ya está institucionalizado. Esa industria de falsificación no es responsabilidad de los organismos electorales; pero, es obligación y responsabilidad constitucional de ellos, evitar que prospere sabiendo de su ilegalidad. 

 

No es cierto que el JNE carezca de potestad para sancionar a los partidos dolosos, es un organismo constitucional incapaz de ejercer la facultad de fiscalización de la normativa política electoral que la constitución, su ley orgánica y la ley de elecciones lo mandan; apenas se atreve y encierra en la potestad de administrar justicia electoral. La fiscalización electoral es una potestad asignada constitucionalmente y sin existencia realmente. El artículo 178° numeral 3 de la constitución establece que el JNE es competente para “Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral” y; como ha anotado Enrique Ghersi, es un jurado (no tribunal) facultado a “apreciar los hechos con criterio de conciencia” resolver “con arreglo a ley y a los principios generales del derecho” (artículo 181°). El espacio de actuación del JNE es único, amplísimo, en materia política electoral, es la máxima autoridad del sistema y sus decisiones son inapelables. La única razón por la que el JNE no ejerce la facultad de fiscalización es su temor a enfrentarse a las autoridades y políticos. Si lo hiciera, el Perú, no estaría copado y dominado por las mafias políticas y gubernamentales. 

 

Si el JNE, quisiera y se atreviera, aún ahora, con elecciones convocadas, ejerciendo su función de fiscalización electoral, velar por las normas sobre organizaciones políticas, aplicando el criterio de conciencia y los principios generales del derecho pudiera excluir a los partidos que dolosamente han recurrido a fábricas de falsificación masiva de firmas, distinguiendo los casos menores de firmas falsas por error en el recojo de las mismas y llenado de las fichas. No es lo mismo miles de firmas falsificadas por un mismo puño y letra que cantidades menores producto de un error, en el primer caso hay dolo, delito, y, un principio universal es que “el delito no crea derecho”. El delito se castiga, sanciona; no se recompensa, ni da beneficia a quien lo9 comete, sería una motivación, como en este caso, para que otros los cometan. El JNE podría establecer criterios para ejercer esta profilaxis política electoral, no lo hará, se muere de miedo o no lo dejarán, pero no aceptemos la antojadiza o parcializada versión de que no está autorizado o carece de competencia.  

 

El proceso electoral actual está manchado, es muy irregular, ajeno a lo que exigen los estándares internacionales de elecciones libres y justas. Además de la mafiosa coalición gubernamental que ha viciado el proceso y va por su reelección, nuestras autoridades electorales son una coladera, los partidos industrias de falsificación y los ciudadanos observadores no comprometidos. Las autoridades a elegir son nuestra responsabilidad. Obligados estamos a ser un filtro de dignidad y amor al Perú.