Mesías Guevara - La República Los que pusieron a Boluarte en la presidencia fueron los que votaron por Fujimori en la primera vuelta y las fuerzas oscuras que se sustentan en las economías criminales y mercantilistas. La presidenta Dina Boluarte es señalada como la responsable del escenario sombrío que estamos viviendo. Algunos buscan culpar a los que votaron en la segunda vuelta por la dupla Castillo-Boluarte, diciéndoles: “Asuman su voto y no se quejen”. Al respecto, es necesario que revisemos de manera objetiva lo ocurrido. El partido político Perú Libre inscribió su plancha presidencial de manera incompleta e integrada por Pedro Castillo y Dina Boluarte, porque Vladimir Cerrón estaba impedido de postular. Dicha plancha presidencial no figuraba en las encuestas.
Federico Salazar La protección de la presidenta y de los congresistas con los que tiene alianza cubre a Demartini. Es burdo. El Gobierno remplazará el programa de alimentación escolar Qali Warma por un nuevo sistema, denominado Wasi Mikuna. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, ha optado por la eliminación de Qali Warma debido a las incontables denuncias sobre distribución de alimentos en mal estado y corrupción. En el Perú, primero viene el nombre y luego el diseño de la nueva institución. Eso quiere decir que el cambio de nombre es solo un engaña muchachos. Qali Warma fue denunciado por proveer alimentos en mal estado. Hay denuncias que señalan que sustituía la carne de res por carne de caballo. Hay denuncias de un colegio de Chincha sobre avena avinagrada, así como de intoxicación de escolares en el colegio Gamaliel Churata, en Cabana, Puno.
Gabriela Llontop (Imagen: VIGILANTE.PE) La estructura estatal en Perú se enfrenta a un dilema crítico: mientras el gasto corriente consume la mayor parte del presupuesto, las inversiones en infraestructura, claves para el desarrollo, quedan rezagadas. ¿Es sostenible este modelo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico? La excesiva burocracia estatal no solo desincentiva la formalización y, por ende, reduce los niveles de recaudación tributaria; sino que también evita que el Estado sea capaz de invertir un mayor porcentaje del Tesoro Público en la construcción de más y mejores escuelas, hospitales y carreteras. Si bien el presupuesto público para 2024 creció 12% en comparación con 2023 (pese al estancamiento económico y políticas fiscales que no cumplieron sus objetivos de reducir el déficit fiscal),
Informa Ministerio Público El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para la suspendida fiscal superior, Elizabeth Peralta Santur, investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el caso conocido como Andrés Hurtado. Se tomó la medida a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, informa el Ministerio Público. Elizabeth Peralta es investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. La decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente del Poder Judicial, luego de que el juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo, convocado para dirimir la discordia en la votación, se pronunció a favor de declarar fundado el pedido de la fiscalía suprema.
Presentan dos proyectos de ley al respecto Dos proyectos de ley fueron presentados en el Congreso con la intención de restaurar la obligatoriedad del Servicio Militar, como medida preventiva para resguardar la seguridad ciudadana, alejando a los jóvenes de prácticas delictivas. Las iniciativas corresponden, respectivamente, a la Municipalidad Distrital de Los Olivos y a la bancada del partido Alianza para el Progreso, María Acuña, y fueron presentadas el fin de semana pasado. En el proyecto planteado desde el municipio del distrito limeño mencionado se indica que el restablecimiento del Servicio Militar Obligatorio debe darse “como medida de prevención social en favor de la seguridad ciudadana”.
La fiscal suspendida es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico que involucran a Chibolín. Fiscal Elizabeth Peralta es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. Foto: Composición/LR. Josué Chávez Cardoza – La República La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema impuso 18 meses de prisión preventiva a la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el caso que involucra al presentador de televisión, Andrés Hurtado "Chibolín" y al empresario Javier Miu Lei. El juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo emitió el voto decisivo que declara fundado el pedido del Ministerio Público contra Peralta Santur.
Mesías Guevara - La República Los que pusieron a Boluarte en la presidencia fueron los que votaron por Fujimori en la primera vuelta y las fuerzas oscuras que se sustentan en las economías criminales y mercantilistas. La presidenta Dina Boluarte es señalada como la responsable del escenario sombrío que estamos viviendo. Algunos buscan culpar a los que votaron en la segunda vuelta por la dupla Castillo-Boluarte, diciéndoles: “Asuman su voto y no se quejen”. Al respecto, es necesario que revisemos de manera objetiva lo ocurrido. El partido político Perú Libre inscribió su plancha presidencial de manera incompleta e integrada por Pedro Castillo y Dina Boluarte, porque Vladimir Cerrón estaba impedido de postular. Dicha plancha presidencial no figuraba en las encuestas.
Cartones, bolsas, prendas de vestir y residuos de todo tipo fueron abandonados en la arteria cuando los informales se retiraron tras la ampliación del Reinfo en el Congreso. (Foto: Jesús Saucedo) Diario Correo Varias cuadras de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, y otras vías aledañas quedaron convertidas en basurales luego de que fueran ocupadas por cientos de mineros informales a lo largo de casi dos semanas. Docenas de operarios de la Municipalidad de Lima se desplegaron para limpiar esta arteria, que quedó cubierta con cartones que servían como colchones, además de frazadas y prendas de vestir que fueron olvidados por los manifestantes. Asimismo, residuos de todo tipo como envases de comida, botellas plásticas, bolsas y trozos de pancartas ya destruidas habían quedado en la vía capitalina, a muy pocos metros del Congreso, epicentro de los reclamos.
Falta acciones. Congresista Flor Pablo plantea un proyecto de ley para la inhabilitación de profesores acusados de violencia sexual. Pero Comisión de Educación aún no pone en agenda esta iniciativa. Mujeres awajún denuncian abandono del Estado. Vulnerables. En Condorcanqui las escolares siguen expuestas al ataque de malos docentes. Jesica León – La República Tras conocerse que los abusos sexuales contra menores en la provincia de Condorcanqui continúan, la exministra de Educación Flor Pablo sostuvo que es deber del Estado dar protección a las estudiantes que han sido víctimas de malos docentes, prevenir nuevos hechos y castigar los delitos cometidos.
El pasado 27 de noviembre, el proyecto “Cultivando Hábitos Saludables con las Bondades de Nuestra Tierra” de la Institución Educativa Ramón Castilla, ubicada en la provincia de Luya, representó con orgullo a la región Amazonas en el XIII Encuentro Nacional “Tinkuy con Ideas en Acción – APEC 2024”, llevado a cabo en el Palacio de Gobierno en Lima. El evento, que congregó a más de 100 estudiantes de diversas regiones del país, tuvo como propósito presentar propuestas innovadoras orientadas al desarrollo sostenible de las comunidades. La delegación de Amazonas estuvo conformada por la estudiante Dayana Chuquizuta y su asesor Frank Iliquín, quienes expusieron este proyecto centrado en mejorar los hábitos alimenticios mediante el consumo de productos autóctonos.
Rudecindo Vega Carreazo – La Otra Mirada La determinación del salario mínimo vital (SMV) en Perú es, usualmente, una decisión política del gobierno de turno sin importar la tendencia política del mismo; las partes (empleadores y trabajadores) nunca se han puesto de acuerdo, supeditarlo a ello es estancarlo, que no se ajuste ni tenga incrementos. La decisión política de aumentarlo, guste o no, obedece a la falta de acuerdo entre las partes. Asimismo, por más fórmulas que se elaboren para dotarlo de cierta evaluación técnica, resulta también siendo política según los criterios que se seleccionen para elaborar la formula. Así ocurre en el Perú y otros países, determinar el SMV es una decisión política gubernamental,
